El miércoles 13 de abril de 2016, Granada se levantó sobresaltada. Su alcalde del Partido Popular, José Torres Hurtado, acababa de ser detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Junto a él, su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Ambos como cabezas visibles de una trama que nacía aquel día para la opinión pública y que la policía llevaba meses investigando. Hace cinco años, nacía la Operación Nazarí. El proceso judicial que puso fin a 13 años de mandato ininterrumpido del PP en la ciudad de la Alhambra y que ha cambiado el escenario político local desde entonces.
Un lustro después, los siete expedientes que provocaron las detenciones y que hoy son las siete piezas separadas que conforman el sumario de la Operación Nazarí, siguen abiertos. Dos de ellos, el que afecta al registro ilegal de la entreplanta de una vivienda y el de los domicilios de Torres Hurtado, Isabel Nieto y sus familiares, han estado cerca de ser archivados por petición de la Fiscalía, pero el Juzgado de Instrucción número 2 los mantiene abiertos. En el caso que afecta a los domicilios de los políticos, la llamada pieza “Obispo Hurtado”, la Audiencia Provincial de Granada tiene pendiente resolver a qué juez de lo Penal se lo encomienda.
El resto de expedientes siguen en una fase de instrucción que debía haber acabado hace un año, pero que por la pandemia del coronavirus tiene su fecha límite en el próximo mes de julio. En todos ellos se investiga una presunta organización criminal de la que el exalcalde de Granada y su concejala de Urbanismo habrían sido sus cabecillas utilizando el Ayuntamiento de la capital a su gusto. La UDEF les señala a ambos y les imputa hasta ocho delitos entre los que se incluyen el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Además, la causa investiga también a varios empresarios de la construcción como Roberto García Arrabal y José Julián Romero y a altos cargos del área de Urbanismo.
Sin que se espere la apertura de ningún juicio por alguna de las piezas de la Operación Nazarí hasta, al menos, 2022, lo que sí ha provocado la investigación policial y judicial es remover el mapa político local. Hasta el punto de que el Partido Popular, que desde 2003 había sumado todas las elecciones por victorias de José Torres Hurtado, no solo no ha vuelto a ganar, sino que hoy se tiene que conformar con gobernar en coalición con un alcalde de Ciudadanos como es Luis Salvador. Paradójicamente, el regidor fue pieza fundamental hace cinco años para que los populares dejasen la alcaldía de Granada al romper el pacto que había firmado con el PP y apoyar la moción de censura promovida por el PSOE de Francisco Cuenca.
Cinco años más tarde, apenas se sabe nada de Torres Hurtado, Isabel Nieto o cualquiera de los demás imputados. El que fuera edil estuvo un tiempo en la sombra del Partido Popular de Granada apoyando a la facción que aún le quedaba dentro de la formación de derechas. Tras su salida de la alcaldía y defenderse públicamente diciendo que él no había hecho nada punible, sus declaraciones han seguido esa línea tanto en el juzgado como ante los medios que le han esperado en cada sesión de la causa. Hace casi un año, la Justicia le dio un balón de oxígeno al absolverle del Caso Serrallo, cuya investigación dio pie a la Operación Nazarí. No obstante, al ser procesos distintos, el futuro judicial de Torres Hurtado no está nada claro.
Observando con perspectiva qué es lo que ha cambiado desde que se detuvo al exalcalde de Granada y cuánto ha influido la causa Nazarí en la situación actual de la ciudad, hay que partir de los paralelismos que hay entre abril de 2016 y abril de 2021. Hay tres políticos que estaban entonces y están ahora en el Ayuntamiento de Granada, cuyo futuro, como entonces, también está en el aire. El primero, el alcalde Luis Salvador, tiene ante sí el reto de sobrevivir en un Consistorio en el que cada vez está más solo. Hace un lustro fue él quien permitió que hubiera un cambio en la alcaldía y ahora son otros los que buscan hacer lo propio con su figura. Varios concejales de su equipo de Gobierno, entre ellos del PP con el que pactó, no ocultan en privado que querrían que Salvador dejara de ser el regidor y, por eso, algunos ediles se postulan para sustituirle llegado el momento.
Los otros dos políticos que, como entonces, tienen su importancia hoy, son Sebastián Pérez y Francisco Cuenca. Pérez era teniente de alcalde con Torres Hurtado cuando este fue detenido. Una semana después dimitió junto a él como parte de un pacto firmado entre ambos para que, si uno caía, el otro se fuera después. En aquel momento ya era evidente la enemistad entre ambos políticos porque Sebastián Pérez aspiraba al puesto que Torres Hurtado tenía y que el PP no le había permitido alcanzar. Quería ser alcalde de Granada a toda costa, pero ese puesto lo ocuparía Francisco Cuenca.
El socialista fue regidor de Granada entre 2016 y 2019 en un mandato difícil sin apoyos que pesó en la ciudad al quedarse sin presupuestos municipales hasta el pasado 2020 ya con Luis Salvador como alcalde. Sin embargo, Francisco Cuenca y Sebastián Pérez vuelven a estar ahora en todas las conversaciones del Ayuntamiento de Granada. El primero porque ganó las elecciones locales y tiene 10 concejales que junto a los 3 de Podemos-IU le dejan a uno solo de la alcaldía y el segundo porque, tras haber dimitido de todos sus cargos en el equipo de Gobierno, mantiene el acta y un pulso con Luis Salvador para quitarle el sillón de mando alegando que pactó que se alternarían a los dos años de mandato, fecha que se cumple justo ahora. Una operación en la que Cuenca y Pérez podrían acabar siendo aliados a través de una moción de censura, aunque los números no son propicios y las voluntades políticas tampoco.
Cinco años más tarde, el gran damnificado de la Operación Nazarí fue el Partido Popular de Granada. Desde la pérdida de la alcaldía en favor del PSOE, los populares no han dejado de acumular sinsabores. El primero, solo un año después, cuando el propio Sebastián Pérez revalidó su condición de presidente provincial de los populares granadinos mediante un congreso que acabó en los tribunales. Esa fue la última vez en la que Torres Hurtado tuvo cierta influencia en la política local. Su pupilo, Juan García Montero, que había sido concejal suyo en el Ayuntamiento, le disputó el mandato a Pérez y lo llevó a juicio por un proceso electoral opaco que estuvo a punto de tener que repetirse. El tribunal le quitó la razón a García Montero porque cuando se dictó sentencia el político ya no era afiliado del PP.
Además de eso, de aquel equipo de Gobierno de Torres Hurtado no queda nadie, a excepción de Sebastián Pérez, entre los actuales concejales de los populares en el Consistorio. En las últimas elecciones de 2019, ya con Pérez como cabeza de lista, pasaron de 11 ediles a 7, lo que los ha dejado en una situación muy distinta a la que vivían antes de que la UDEF investigara al exalcalde con Vox haciéndose con parte del electorado y enmendándole la plana en más de una ocasión.
Pero si mala es la situación a nivel municipal, no es mucho mejor a nivel provincial. La caída en desgracia de Sebastián Pérez, propiciada en buena medida por la facción del partido que apoyaba a Torres Hurtado, acabó con el presidente provincial dimitiendo en enero del año pasado. La mala imagen que proyectaba de cara a los afiliados, su desconexión con ellos y la pérdida de confianza de la dirección nacional del PP, fraguó un adiós impensable en 2016 y que hoy da cuenta de la pérdida de peso político que viven los populares en la provincia de Granada. Su nuevo presidente, Francisco Rodríguez, apenas ha logrado un 2% apoyos entre los afiliados en el último congreso provincial que le ha nombrado presidente. Un dato que demuestra que aquel 13 de abril de 2016 no solo cayó el alcalde, sino que hubo un efecto dominó. Hasta el punto de que Granada no ha vuelto a tener estabilidad política desde entonces.
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