Medio ambiente
La Junta de Andalucía tendrá que responder ante la justicia por la autorización de unas obras en Sierra Nevada. Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso este medio, contra un permiso otorgado por el Gobierno regional para construir un telesquí y una línea de nieve artificial en la estación granadina. Según denuncian, ambas infraestructuras ponen en peligro el entorno natural en el que se construirán, mientras que la Junta defiende que la autorización se dio con condiciones “estrictas”.
Las denuncias ecologistas por obras en Sierra Nevada no son nuevas. Desde hace tiempo, los conservacionistas ponen en duda las decisiones de la administración autonómica sobre la montaña granadina. Teniendo en cuenta que el valor medioambiental del entorno junto a la estación de esquí es muy elevado, con restos geológicos de la prehistoria, reclaman que todas las infraestructuras que se levanten se hagan respetándolo. En este caso concreto, se ponen en juego varias circunstancias que preocupan a los denunciantes.
Lo que la Junta de Andalucía quiere levantar en Sierra Nevada es un telesquí al que iría asociado una línea de producción de nieve artificial. Es decir, dos obras de envergadura que cambiarían el terreno en el que está previsto que se construyan. Como ya cuentan con el visto bueno del Ejecutivo regional a través de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que se ha otorgado a Cetursa para que inicie los trabajos, los ecologistas han recurrido a la justicia ordinaria para frenar el proyecto.
Quieren frenarlo porque, aseguran, si se construyen el telesquí y la línea de producción de nieve artificial, dos hectáreas de tierra, en las que hay cuatro hábitats naturales diferentes, desaparecerían definitivamente. Se trata de entornos naturales “reconocidos por la ley europea y española que se perderían para siempre y conllevaría la eliminación de ejemplares de tres especies en peligro de extinción estrictamente protegidas, además de decenas de endemismos únicos de Sierra Nevada”, denuncian los ecologistas. Hablan también de “daños irreversibles”.
Además, ponen el foco en que las obras, financiadas con fondos europeos, no cumplen con la normativa, ya que afectan directamente a la Red Natura 2000, un catálogo europeo creado con el fin de establecer zonas de especial conservación por tratarse de lugares con una biodiversidad muy especial. Ese es el caso de Sierra Nevada y de los lugares en los que se construirían el telesquí y la línea de nieve asociada.
Con dicha línea de nieve artificial, “se trataría de añadir todavía más gasto de agua en una estación donde cada vez llueve menos y las temperaturas son más altas”. “Claramente se ve que se planifica en contra de lo aconsejado para actuar acorde a la perspectiva del cambio climático que se nos viene y que en el espacio natural de Sierra Nevada es uno de los puntos del planeta dónde más se está notando”, afirman los ecologistas.
Sin embargo, la Junta de Andalucía justifica estas obras alegando que se trata de dar impulso a los esquiadores de competición. Un extremo que ponen en duda los denunciantes, porque actualmente solo hay 33 federados entre todas las categorías de deportes de invierno. A pesar de ello, la inversión prevista para instalar el telesquí y la nieve artificial supera los 2,3 millones de euros. “Es una aberración, se mire como se mire, dedicar tamaño presupuesto para un beneficio deportivo mínimo y con unas consecuencias ambientales que no se pueden consentir en un espacio protegido”.
Desde Ecologistas en Acción recuerdan que estas y otras obras deben incluirse en un plan para toda la estación de esquí que lleve a su vez asociado otro de carácter ambiental y estratégico. Entre otros motivos porque, según reconoce la propia Junta de Andalucía, es necesario que sea así para la “supervivencia de la estación de esquí a corto plazo”. “Se saltan la Ley de Evaluación Ambiental, pisoteando toda la legislación europea y estatal porque tienen prisa”, denuncian los conservacionistas.
Por su parte, desde el Ejecutivo regional aseguran que no tienen constancia aún del recurso impuesto ante el TSJA, pero sí afirman que la autorización se ha dado siguiendo los cauces previstos. Cauces que han contado con la premisa de tener unas condiciones “estrictas” para que se puedan otorgar las licencias de obras. En todo caso, habrá que esperar a la decisión de la justicia para conocer el final de este proyecto.
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