Movilidad
El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada (PTMAGR) se ha encontrado con la oposición de Ecologistas en Acción. El proyecto con el que la Junta de Andalucía quiere modernizar las comunicaciones terrestres entre los diferentes núcleos urbanos que rodean Granada capital no acaba de convencer al colectivo conservacionista porque está planteado, dicen, sin que exista una mejora real del transporte público ni de la contaminación del aire que respiran los ciudadanos. Fomento, la cartera encargada de elaborarlo, defiende que se trata de un proyecto que no está “improvisado”, sino que es fruto de un estudio “serio y riguroso”.
Los ecologistas creen que el PTMAGR no es la solución que necesita Granada para su futuro. Entienden que además de que no está planteada una red de transporte de viajeros que mejore la actual, ni tampoco se detalla cómo se pretende que Granada deje de ser la tercera ciudad con el aire más contaminado de España tras Madrid y Barcelona, el proyecto contempla sobre todo una red de carreteras que vuelve a incidir en el uso de turismos y ciclomotores como solución a los problemas de movilidad. Por ello, han presentado alegaciones al plan incidiendo en los aspectos más nocivos que detectan.
El PTMAGR contempla una serie de medidas para que Granada cuente con conexiones terrestres más eficientes en un área metropolitana en la que viven casi 600.000 habitantes. Según el resumen ejecutivo del proyecto, las líneas maestras pasan por fomentar una red de transporte público más eficiente y al mismo tiempo que los vehículos privados que circulen sean menos contaminantes, potenciando la utilización de tecnologías inteligentes que mejoren la accesibilidad y la comodidad de los ciudadanos. La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía contempla una inversión de 665 millones de euros para que el plan esté en funcionamiento en el año 2030 y un coste de mantenimiento de algo más de 167 millones de euros anuales una vez que esté en marcha.
El problema es que, según los ecologistas, las intenciones que plantea el Ejecutivo regional chocan con la realidad que dibujan los planos y las propuestas que se ponen encima de la mesa. En gran medida, denuncian, porque el proyecto se ha elaborado sin contar con ninguna institución. Algo que consideran grave y por lo que reclaman a Fomento que lo rehaga contando con más voces que puedan ofrecer una mirada más coral sobre el transporte metropolitano. Sobre todo porque Granada ya tiene un problema con los vehículos privados, como lo demuestra el dato de que sea la zona de Andalucía en el que un mayor porcentaje de la población posee carnet de conducir.
Partiendo de su preocupación por un plan que no parece solventar la raíz de los problemas, los ecologistas han presentado una batería de alegaciones a las que ha tenido acceso este medio. El eje sobre el que pivotan es el de la contaminación que padece el área metropolitana y que hace irrespirable su aire. Por esto, denuncian que Fomento hace caso omiso a los técnicos que han participado en la elaboración del PTMAGR cuando apuesta por la construcción de más carreteras en la Vega de Granada. Estos expertos señalan que “la construcción de nuevas carreteras promueve el uso del vehículo privado y la red que existe es adecuada para los objetivos del plan”.
Sin embargo, el Ejecutivo regional, bajo el paraguas de mejorar las vías terrestres para el transporte público, propone la implantación de autovías que conecten los municipios de las diferentes coronas del área metropolitana, entre ellos y con Granada capital. Para los ecologistas esto implicaría que seguiría haciéndose uso del vehículo privado en una zona de Andalucía en la que ha crecido su número de usuarios en un 140,96% en los últimos 20 años. Además, dado que la Vega de Granada es el pulmón verde del área metropolitana, lamentan que la apuesta de movilidad pase por seguir “destrozándola”, como ya ha ocurrido con la reciente construcción de la segunda circunvalación (Autovía A-44).
Los conservacionistas creen que la propuesta suma contradicciones cuando se habla de la implantación de zonas de bajas emisiones, pero estas parecen tener un afán recaudatorio, critican. Por un lado, se permitirá a los vehículos menos contaminantes aparcar en la ciudad de Granada pagando aparcamientos de zona regulada y, por otra parte, aquellos usuarios que no tengan turismos de estas características tendrán que pagar por estacionar en los aparcamientos subterráneos de la capital. Tampoco los parkings disuasorios que se plantean parecen tener esa función porque los que se señalan están muy próximos al centro urbano.
Según los ecologistas, “apenas se habla de peatones en el plan” salvo para plantear un nuevo arbolado con una inversión de 25 millones de euros que este colectivo no se cree. En parte porque “no se presentan medidas concretas para favorecer el uso de la bici frente al vehículo a motor ni se especifican las infraestructuras específicas ni mucho menos su integración por el entramado urbano”. Mientras, lamentan que el proyecto de ampliación del Metro de Granada sigue insistiendo en que se haga por el centro cuando posee muchas dificultades técnicas y no mira hacia el área metropolitana.
La lista de alegaciones es tan extensa y concreta que solo se puede resumir en esas grandes líneas de actuación. No obstante, desde la Consejería de Fomento niegan que el PTMAGR sea un proyecto condenado al fracaso: “Incluye medidas que no nacen de la improvisación, sino de un estudio serio y riguroso, con la utilización de herramientas como la modelización del sistema de transporte y métodos de análisis como el de Coste Beneficio y Multicriterio”. A su vez, señalan que el plan se ha elaborado junto a diferentes organismos autonómicos y en coordinación con el equipo JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions).
A pesar de dicha matización, desde el Ejecutivo regional recuerdan que el PTMAGR es un “documento técnico vivo” sujeto a la participación y el consenso y “que dará respuesta a las principales demandas y necesidades del Área Metropolitana de Granada”. Para su elaboración se ha contado con un comité de expertos y tendrá que pasar por diferentes informes a nivel regional para su aprobación final. Actualmente, se están estudiando las alegaciones presentadas. Alegaciones entre las que están las de Ecologistas en Acción.
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