La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia que interpuso el PSOE contra la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, por unas adjudicaciones cuando era consejera de Fomento. El archivo afecta también a otros tres altos cargos de esta cartera del Gobierno andaluz que participaron en la concesión de contratos para la construcción de carreteras en la provincia de Cádiz por un valor aproximado de 5 millones de euros. El Ministerio Fiscal no ha encontrado indicios de delito.
El archivo de la causa llega tras los informes que ha aportado la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en los que no la fiscalía no ha encontrado motivos para imputar a ninguno de los denunciados. En concreto, en la querella estaban, además de Marifrán Carazo, el que fuera su número dos, Enrique Catalina; la delegada de dicha cartera en Cádiz, Mercedes Colombo, y el Jefe de Servicio de Carreteras gaditano, Alberto Blas. Todos ellos han salido indemnes pese a que el PSOE les denunció porque las adjudicaciones se hicieron a empresas sin experiencia en obra pública y al menos una de ellas carecía de empleados.
El caso se centraba en las adjudicaciones que se le otorgaron a Juan Veas Pérez SLU y Barveal SL entre 2021 y 2023. La Consejería de Fomento, entonces dirigida por Carazo, le concedió tres contratos que sumaban un montante de 5 millones de euros para la remodelación y construcción de varias carreteras en la provincia de Cádiz. Unas concesiones que, según denunciaba el PSOE, estaban en entredicho porque las citadas empresas no tenían experiencia en el sector.
Sin embargo, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este medio, “no se hallan indicios de delito de prevaricación ni de otra naturaleza, una vez aportada la documentación requerida sobre los expedientes administrativos de contratación, la vida laboral de las dos empresas investigadas y las operaciones con terceros de las dos referidas empresas”. Es decir, el Ministerio Fiscal entiende que las contrataciones se llevaron a cabo de forma lícita.
“Los tres tramos de carreteras sobre los que se ejecutaron las obras de emergencia han sido finalizados en el plazo acordado y alude a la situación de peligro para la seguridad vial y el grave perjuicio económico que representaría el no realizarlas de inmediato”, argumenta la Fiscalía. Por lo tanto, la denuncia del PSOE, que se motivó tras investigar 79 adjudicaciones por valor de 60 millones de euros llevadas a cabo por Fomento entre 2021 y 2023, queda archivada.
Cabe recordar que los socialistas entendían que no estaba justificado que se adjudicasen los contratos a dedo y no por concurrencia porque no tenían encaje de esa forma. “Las obras realizadas por emergencia, más que derivadas de acontecimientos catastróficos (huracán, inundación, pandemia, o terremoto, por ejemplo), se deben a actuaciones urgentes o necesarias fruto del mal estado de las carreteras, como consecuencia de una mala conservación preventiva de las mismas, sin que esté justificado que se utilice la figura excepcional de la contratación de emergencia para saltarse todos los controles y posibilitar la adjudicación directa a empresas”.
Por otro lado, la situación de ambas empresas antes de contratar con la Junta de Andalucía también fue motivo de controversia. Barveal SL sólo tenía un trabajador en nómina, no tenía actividad empresarial un año antes de firmar con Fomento y había presentado pérdidas por un valor superior a los 8 millones de euros, mientras que su actividad se basaba en restaurantes, puestos de comida y construcción de edificios residenciales. Al tiempo que Juan Veas Pérez SLU no había presentado sus cuentas ante el Registro Mercantil ni en 2020 ni en 2021 y su volumen de negocio y de trabajadores era desconocido. Cuestiones que para la Fiscalía no implican que se haya cometido ningún delito al contratar con estas entidades.
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