Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada), fue condenada a cinco años de prisión en España y seis de pérdida de patria potestad sobre ellos por sustraerlos del domicilio italiano en el que vivían junto a su progenitor por miedo, como ella misma explicó, a que les pasara algo a sus hijos. Meses después Rivas mantiene que los menores de 13 y 5 años corren “peligro de muerte”. Por ello volvió a demandar en julio al padre de estos por presuntos malos tratos, reclamando ante el juzgado y ante la Junta de Andalucía que la tutela le fuera retirada. Sin embargo, Rivas volvió a encontrarse con otra negativa ya que ni la justicia ni la Junta han considerado pertinente que la Administración pública asuma la tutela de los niños. Esta decisión se suma a la espera por la decisión de un tribunal italiano sobre el archivo de otras ocho denuncias similares que ha presentado en los últimos meses.
Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, la defensa de Juana Rivas presentó una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada a finales de julio sobre supuestos malos tratos que sus hijos habrían estado sufriendo de manos de su padre, Francesco Arcuri, entre mayo y junio de este año durante su convivencia con ellos en Carloforte (Cerdeña). Rivas interpuso la querella mientras se encontraba con ellos en España, dentro del régimen de visitas establecido, con la esperanza de que no tuvieran que volver a Italia a mediados de agosto. Además, la denuncia se produjo después de que el Tribunal de Cagliari aplazara la decisión sobre el archivo o no de otras demandas en similar sentido que Rivas había puesto en suelo italiano. En este nuevo procedimiento judicial, la mujer señalaba episodios de agresiones físicas y verbales sobre los menores y solicitaba medidas urgentes de protección.
Resolver la tutela
Lo que la defensa de Juana Rivas solicitaba ante el juzgado granadino era que se adoptaran medidas que permitieran asegurar la integridad física y psicológica de los hijos que la expareja tiene en común. En ese sentido, los letrados llegaron a solicitar no sólo que se adoptaran medidas cautelares urgentes sino que penalmente Francesco Arcuri quedara incomunicado de los niños y que civilmente la tutela pasara del padre a la madre, a la abuela materna o en último término a la Administración a través de un Centro de Menores. Cabe recordar que la patria potestad pertenece a Arcuri tanto en Italia con en España.
Este procedimiento que trazaban los abogados de Juana Rivas pretendía entonces lograr la ayuda de Protección de Menores de Granada a través de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. De hecho, la defensa de la mujer añadió en la denuncia informes médicos en los que se señalaban las lesiones de los menores y exploraciones psicológicas llevadas a cabo sobre ellos. Se aportaron también cartas y folios escritos por el mayor de los niños que no consiguieron el propósito de alejar a Arcuri de los menores.
El juzgado se declara “incompetente”
La magistrada Manuela de la Torre, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Granada, acabó por archivar la denuncia de Juana Rivas. La jueza determinó que carecía de potestad para enjuiciar unos hechos que se habían producido fuera de España, por lo que se declaró incompetente. También se mostró muy contundente en su escrito a la hora de dar las razones que le impedían seguir con el procedimiento judicial.
En primer lugar señaló que la defensa de Juana Rivas presentó esta nueva denuncia haciendo referencia a otras seis anteriores que ya habían sido archivadas en Italia. Eso sí, sus abogados presentaron un recurso contra el archivo y la justicia italiana está pendiente de resolverlo. La jueza también se cuestionó cómo era posible que Rivas observase lesiones físicas y psicológicas en sus hijos el 7 de junio y no interpusiera denuncia hasta el 22 de julio.
Este medio se ha puesto en contacto con la defensa de Juana Rivas. Según las fuentes consultadas, el entorno de la mujer se agarra a la decisión que tomó la Fiscalía de Menores de dar traslado de la situación a Protección de Menores de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Ahí esperaban encontrar amparo del Gobierno andaluz, pero este no llegó por motivos similares a los expuestos por la jueza de instrucción.
“No se ha hecho nada para proteger a los niños”
La respuesta de la Consejería de Igualdad, a la que ha tenido acceso este medio, resultó tajante. Argumentaron que no se podían tomar decisiones administrativas cuando ya existía una sentencia en sentido contrario, por lo que no era posible retirar la custodia a Francesco Arcuri. Que por el bien de los menores declararlos en situación de desamparo podía ser aún más perjudicial y que en todo caso carecían de pruebas e informes suficientes para que, aunque se tuviera competencia para ello, pudiesen retirarle la patria potestad al padre.
El entorno de Juana Rivas considera que con esa respuesta “no se ha hecho nada para proteger a los niños”. Que estos siguen en una situación de extrema vulnerabilidad mientras permanezcan con su padre en Italia. Por su parte, el entorno de Francesco Arcuri considera que los juzgados y la Administración tienen información suficiente y “demoledora” contra Rivas y que por eso se siguen archivando todos los procedimientos que se abren por parte de la madre de Maracena.