CASO MARCHELO

La macrocausa de corrupción que apunta al PP granadino encara tras 20 años su recta final con visos de archivarse

La Audiencia de Granada encara la recta final del caso Marchelo, una macrocausa de presunta corrupción urbanística que salpica a la actual dirección del PP provincial y a empresarios como Juan Muñoz Támara, marido de Ana Rosa Quintana. La Fiscalía los acusa de enriquecerse con operaciones inmobiliarias en el municipio de Alhendín a principios de los 2000. El propio Ministerio Fiscal solicita, desde hace un lustro, penas de prisión elevadas para la mayoría de los 15 acusados y esta semana se celebrarán las tres vistas previas en las que ha quedado dividida la causa después de casi 20 años de instrucción.

Según fuentes cercanas al caso, se espera que estas vistas deriven en acuerdos de conformidad que rebajen las penas que solicita la Fiscalía para los acusados. En concreto, por “dilación indebida del proceso” tras casi dos décadas de instrucción. Las mismas fuentes afirman que hay acuerdo en dos de las tres piezas de la macrocausa, mientras que en la restante aún hay discrepancias. En todo caso, es posible que esta misma semana el asunto quede cerrado después de dos décadas de un proceso judicial que parecía no tener fin.

No en vano, esta investigación judicial hunde sus raíces a principios de este siglo y, según desveló el Juzgado de Primera Instancia 2 de Santa Fe que instruyó la causa, los hechos supusieron una pérdida de 27,3 millones de euros para el Consistorio de Alhendín. Entre 2002 y 2007, con José Guerrero como alcalde de Alhendín por el Partido Popular, se llevaron a cabo presuntas irregularidades que han quedado recogidas en tres grandes piezas: la concesión de la licencia para una gasolinera en un suelo no apto, la construcción de un polígono industrial en el que el concejal de Urbanismo tenía intereses y la modificación arbitraria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para levantar una urbanización. Por estos tres asuntos, la Fiscalía señala directamente a 15 personas, entre políticos, empresarios y técnicos.

La instrucción de la causa empezó en 2007 y, desde entonces, se ha ido dilatando tanto en el tiempo que, además de rozar ya casi los 20 años desde que empezó a investigarse, ha dado tiempo a que la Audiencia de Granada haya decidido archivar la causa contra uno de los principales acusados, el entonces edil José Guerrero. El tribunal entiende que Guerrero, que tiene 94 años, no debe concurrir por su estado de salud, aunque le solicitaban 15 años de prisión. Sin embargo, se da la circunstancia de que Guerrero es tío del actual alcalde de Alhendín y presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, lo que señala directamente a los populares granadinos.

Casi 20 años de instrucción

El caso Marchelo es una trama de presunta corrupción urbanística compleja por la elevada cantidad de investigados y por los años que han pasado desde que se produjeron los hechos. Sin ir más lejos, en este tiempo Alhendín ha tenido dos alcaldes distintos y se han celebrado cinco comicios electorales sin que se haya resuelto una trama que supuso pérdidas millonarias para las arcas municipales. De los últimos 18 años, 14 han estado gobernados precisamente por Francisco Rodríguez, que sigue en el cargo, sobrino del considerado por la justicia como cabecilla de la trama. Rodríguez accedió a la Alcaldía cuando su tío dimitió al trascender mediáticamente esta causa de presunta corrupción urbanística.

En estas dos décadas, se ha investigado cómo maniobraron diferentes políticos, empresarios y técnicos para beneficiarse saltándose la regulación urbanística. La primera de las tres piezas analiza los movimientos que se llevaron a cabo para conceder una licencia a una gasolinera en un suelo en el que no podía estar.

El entonces alcalde y su concejal de Urbanismo, según la Fiscalía, Manuel Fernández, vulneraron el PGOU beneficiando al empresario Rafael Tallón, también investigado y que ni siquiera era propietario de la parcela en la que se levantó la gasolinera, ya que era propiedad de la familia del alcalde Guerrero, que la vendió por 180.000 euros. El Ministerio Fiscal considera probado que se emitieron informes fraudulentos para justificar la operación. Una forma de operar que se repite a lo largo de la macrocausa en las otras dos piezas separadas.

La segunda de las piezas es la que hace referencia al polígono industrial bautizado como Marchalhendín. La instrucción judicial ha señalado a lo largo de este tiempo que no solo se modificó el PGOU para levantar una zona empresarial que se consideraba estratégica por estar muy cerca de la autovía, sino que el propio edil de Urbanismo, Manuel Fernández, habría adquirido una participación de la empresa promotora de las obras. Una entidad, Parque Empresarial de Alhendín, de la que formaba parte Juan Muñoz Támara, marido de Ana Rosa Quintana.

Muñoz Támara era consejero delegado y la Fiscalía le acusa de fraude en la contratación, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por ser uno de los promotores y por firmar con el alcalde Guerrero la cesión del suelo a un precio inferior de mercado. Según las estimaciones, esa cesión supuso una pérdida de 9,5 millones de euros al Ayuntamiento de Alhendín. En esa operación presuntamente fraudulenta estaba también el padre de Juan Muñoz y suegro de Ana Rosa, Fernando Muñoz, imputado por cohecho, fraude en la contratación y prevaricación urbanística, al igual que su hijo. Para ambos, la Fiscalía pide más de diez años de prisión y una multa superior a los 3,5 millones de euros.

La tercera de las piezas en las que ha quedado resumida la macrocausa hace referencia a otra modificación irregular del PGOU para construir una urbanización. Básicamente, se concedieron licencias que no se ajustaban a la normativa y se permitió la construcción de viviendas en una operación inmobiliaria que, según la Fiscalía, demostraría que se adjudicaron contratos sin respetar la normativa de contratación pública.

El empresario promotor de esta urbanización, bautizada como Novosur, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Alhendín para hacerse con el suelo pagando menos de lo que correspondía. Al parecer, según la instrucción, el concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, habría recibido un piso como contraprestación por la operación urbanística, pese a que la misma suponía una merma para las arcas municipales.

Este medio ha contactado tanto con el Partido Popular, que pide respeto al procedimiento judicial, como con los letrados de los principales acusados, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Por su parte, el Ayuntamiento de Alhendín espera “que el proceso se resuelva lo antes posible”, al tiempo que reiteran su “compromiso con la defensa de los intereses municipales”.