“Ya no quedan vecinos en el Albaicín porque nadie puede vivir en él”, dice María José, una vecina del barrio más conocido de Granada, Patrimonio de la Humanidad junto con la Alhambra desde 1994. María José hace suyo el sentir de buena parte de los habitantes del centro de la capital granadina, que tratan de frenar el aumento de los pisos turísticos y la subida de los precios de alquileres y venta en la zona. De hecho, el Ayuntamiento de Granada quiere limitar el número de este tipo de apartamentos, pero se ha encontrado con la oposición, a través de los tribunales, de Avitar Granada, la asociación que engloba a los propietarios de estos inmuebles.
Granada ciudad, que tiene 232.000 habitantes, vive desde hace años un aumento continuo en el número de viviendas turísticas. No obstante, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la granadina es la tercera capital andaluza que más inmuebles tiene de este tipo con 2.622, lejos de los 6.171 de Sevilla y de los 7.038 de Málaga, pero distanciada de la siguiente que es Córdoba con 1.981.
La mayoría de estos apartamentos están situados en el centro histórico y en el Albaicín, lo que, según admite el Ayuntamiento y denuncian vecinos y hosteleros, está provocando un aumento en los precios de los inmuebles y está expulsando a vecinos y comercios tradicionales.
Por ello, a principios de verano, el Ayuntamiento de Granada anunció que con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se congelarán nuevas licencias de uso turístico en inmuebles y, en julio, estableció nuevos requisitos para que puedan operar: como que cuenten con una entrada independiente o que se adhieran a la normativa andaluza que hace compatibles estas casas con el Decreto 31/2024 del 29 de enero de la Junta de Andalucía que establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento.
Sin embargo, esta decisión no ha gustado a la asociación que engloba a la mayoría de las 2.622 viviendas turísticas que hay en Granada capital. Por ello, han acudido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para presentar un recurso, al que ha tenido acceso este medio, con el que se oponen al acuerdo plenario que en julio, con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de Vox, estableció los nuevos criterios para que un piso pueda ser alquilado vacacionalmente.
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), defiende estas limitaciones por “razones imperiosas de interés general”: “Se ha generado para las ciudades un problema derivado del incremento de la implantación del uso turístico de la vivienda residencial”. Algo en lo que ha encontrado el apoyo del PSOE, que en todo caso, pide más valentía al Gobierno local para establecer limitaciones aún más severas contra estos inmuebles.
Antonio Jesús Castillo, portavoz de esta asociación, considera que se les está “persiguiendo” y “culpabilizando” de los males relacionados con el turismo masivo. En declaraciones a elDiario.es Andalucía, pide que “se pregunte a los comercios y restaurantes del centro o del Albaicín si están contentos o no con el turismo que permitimos con las viviendas turísticas”. A juicio de Castillo, “el Ayuntamiento ha decidido ir contra nosotros, en lugar de contra las multinacionales que están quitando el trabajo y no dejan dinero en la ciudad porque todos los servicios que ofrecen vienen de fuera”.
Para Castillo, la “criminalización” que sufren es injusta. “Granada tiene mucho paro y el alquiler turístico es una forma modesta de poder tener un sueldo”. El portavoz de Avitar Granada asegura que “es más cómodo hacerlo así, que arriesgándote a alquilar tu propiedad y que se te meta una persona que luego no pague y no la puedas sacar durante cinco años”. Al tiempo, desmiente que sean grandes tenedores los que están detrás de la vivienda turística en Granada: “Somos pequeños propietarios. Aquí no hay fondos de inversión”. Castillo tiene cinco inmuebles, dos en alquiler turístico y tres en régimen de alquiler clásico.
Avitar Granada defiende que “según los datos estimados de la Junta de Andalucía, las viviendas vacacionales aportaron más de 175 millones de euros de ingresos en la provincia de Granada”. Dicen representar “lo contrario a lo que representan las grandes cadenas nacionales e internacionales de restauración y hoteleras que se han establecido en Granada, en especial en la última década”.
“Debe entender este Ayuntamiento, que Granada para nada tiene que ver con la problemática del turismo que tiene Nueva York, Baleares, Canarias, Madrid, Barcelona o Málaga. Imponer el decretazo más importante de este país en contra de las viviendas turísticas es la peor noticia para la precaria situación del empleo y la economía de esta ciudad y esta provincia. Esta campaña de demonización y erradicación se ha llevado a cabo en un tiempo exprés y pedimos un diálogo que se nos niega de manera permanente por parte de la alcaldesa de Granada”, señalan desde la asociación que defiende los intereses de los propietarios de viviendas turísticas.
Los vecinos del centro histórico y del Albaicín, los dos principales núcleos de población afectados por estas viviendas vacacionales, no opinan igual. Chantal Caballero, vicepresidenta de la asociación vecinal del casco histórico, reconoce que en un primer momento vieron de forma “positiva” la aparición de estas viviendas, sobre todo tras la crisis de 2008 que paralizó la economía, pero ahora se arrepienten, especialmente por las actividades que generan ruido y residuos en el barrio. “Fuimos los primeros en alertar de ello”.
“La situación ahora es insostenible, la ciudad se ve perjudicada en su imagen de ciudad limpia, agravada por la no renovación del contrato de limpieza. El centro de Granada quiere un contrato de basuras por barrios para resolver sus características específicas. Granada es una ciudad turística”, recuerda. “Lo que pretendemos vecinos, comerciantes y empresarios es convivir en paz con el turismo y los estudiantes”. Para esta asociación vecinal del centro la subida de alquileres no les inquieta, sino más bien “los botellones y el ruido de las fiestas en domicilios de estudiantes también agravan el conflicto”.
A pocos metros de allí, en el histórico barrio del Albaicín, la situación está tan desbordada que ya hay más camas para turistas que para vecinos. “Aquí ya no vive casi nadie”, dice María José, una oriunda de 57 años que lleva los últimos 40 viviendo entre la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes. Pertenece al movimiento Albayzín Habitable que busca poner coto a estas viviendas turísticas y que cuenta con el respaldo de la asociación de vecinos. “La situación se ha ido de las manos en la última década”.
Gestos tan sencillos como coger un autobús público para moverse por un barrio que es escarpado y con malos accesos, se han vuelto “imposibles”: “Subes a un autobús y te encuentras que hay 25 turistas dentro y ya no cabes”. No se oponen al turismo, porque son conscientes de que Granada vive de ello, pero sí piden que se regule. “Sobre todo exigimos que no se deje a los grandes fondos de inversión que se hagan con los edificios y que se salten la normativa para construir viviendas turísticas y llenar las calles de tiendas de souvenirs. El Albaicín parece ya un parque temático”.
Los hosteleros tampoco acaban de estar en sintonía con los propietarios de estos inmuebles. Antonio García, representante de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, ve con preocupación la falta de planificación en torno a las viviendas de uso turístico. “Nosotros no tenemos ningún problema con las viviendas turísticas... pero la normativa también dice que los ayuntamientos tienen que regularlas y llevar a cabo medidas específicas para una planificación”.
Subraya que la Junta de Andalucía debería haber actuado con antelación: “La Junta tenía que haberlo planificado mucho antes de que el problema esté donde está”. Este vacío de planificación ha llevado a una sobrecarga en barrios como el Albaicín, lo cual afecta tanto a la convivencia como a la percepción de la ciudad.
Por otro lado, Antonio mencionó que si bien las viviendas turísticas generan cierto impacto económico, “eso de que efectivamente los restaurantes, los comercios, los bares están sustentados por la gente que se aloja en las viviendas de uso turístico... eso es mentira, perdónenme”. Insistió en que la solución pasa por una planificación que contemple las peculiaridades de cada zona.
“No es lo mismo abrir 20 viviendas de uso turístico en Loja o Huéscar... que en Granada, donde sabemos sobradamente que en algunos barrios hay una saturación evidente”, añade, apuntando a la necesidad de equilibrar el crecimiento del turismo con la calidad de vida local. Un argumento que, en todo caso, se alía con los intereses de vecinos y ayuntamiento, mientras los propietarios exigen que no se les “demonice”.
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