Pese a que el Tribunal Supremo dejó el caso de los ERE sentenciado en firme en septiembre de 2022, parece que aún le queda mucha tela por cortar. Sobre todo, porque la Fiscalía pidió al Tribunal Constitucional a primeros de año que estime parcialmente los recursos que ocho de los 12 condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta y del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, poniendo en duda parte del castigo por prevaricación. Esto es, el tribunal de garantías aún no se ha pronunciado. Y cabe recordar, por otro lado, que dos magistradas del Supremo que votaron en contra de atribuirle un delito de malversación de caudales públicos a Griñán y a otros en una causa que acaba de cumplir 15 años en los juzgados. Mientras tanto, entre las últimas incidencias en la tramitación de los indultos en la Audiencia de Sevilla, con el Gobierno andaluz rechazando el indulto a Griñán al no haber recuperado el dinero defraudado pese a que la sentencia no incluye el resarcimiento a ningún perjudicado porque no establece ninguna responsabilidad civil.
Durante la espera hasta las decisiones definitivas (la judicial por parte del TC y la gubernamental por parte del Ministerio de Justicia, previo informa de la Audiencia Provincial), el expresidente Griñán sigue afrontando un tratamiento muy fuerte frente a una enfermedad muy grave, con días duros que supera con el apoyo de su familia y de sus amigos, según indican fuentes cercanas a su persona. Su condena de seis años de cárcel y nueve de inhabilitación, cuya pena se encuentra actualmente suspendida debido al cáncer que padece, ha llegado a esta última fase de amparo (el Pleno del TC se reunirá en los próximos meses) cuestionada, no cabe duda, después de haber marcado la vida política andaluza, y nacional también, desde 2009.
La nueva posición de la Fiscalía no por ya conocida desde primeros de año deja de ser relevante ya que ha modificado radicalmente la posición del Ministerio Público hasta ahora al establecer, resumidamente, que en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos no puede haber delito de prevaricación. Una afirmación que afecta necesariamente a los cimientos del la sentencia condenatoria. “La actuación del Sr. Griñán respecto de esas conductas finalistas previas o preparatorias quedaría enmarcada en el ámbito de su voluntad, y por tanto de su responsabilidad política, pero no en el de la responsabilidad propiamente penal”, ha dicho ahora el Ministerio Público en el escrito en el que apoya parcialmente el recurso del expresidente socialista, que mantiene su inocencia.
A la espera de la decisión que pueda tomar el Constitucional, ¿cuáles son los pasos que restan a nivel de los indultos que se han solicitado? Lo próximo es que la Audiencia de Sevilla resuelva los recursos de súplica a la providencia donde pidió a la Junta informar de los mismos. Una vez resuelva, se retomará el trámite, y tendrán que informar Fiscalía y Junta, dependiendo de lo que diga el tribunal al recurso de súplica. Finalmente, la Audiencia de Sevilla remitirá su informe al Ministerio de Justicia, que tomará la decisión.
La defensa de Griñán ya expuso en su último escrito remitido a la Audiencia que la Junta de Andalucía no puede ser “única parte perjudicada” porque no es parte en la causa y, además, ni la pena de cárcel impuesta al expresidente andaluz incluye perjuicio ni condena por responsabilidad civil, por lo que su representación legal ha advertido de que no pesan perjudicados en esas actuaciones concretas.
Otra cuestión en la que ha resbalado, en este caso el tribunal, es en “la petición de indulto formulada por José Antonio Griñán”, básicamente porque el indulto no lo pidió él sino su familia en septiembre de 2022 con el apoyo de mas de 3.000 personas pertenecientes a un amplio espectro social y político, con la firma de conocidas figuras políticas de ideología conservadora, así como personalidades muy relevantes de la cultura, del teatro, de la literatura, del cine o del deporte. Además solicitaron un indulto parcial, argumentado en una aplicación por equidad de la regla del jurado que exige para la condena una mayoría reforzada, pues en el resultado del Supremo fue, insistimos, de tres votos frente a dos.
Antes del viraje de la Fiscalía, y volviendo al plano puramente judicial, el Tribunal Supremo dejó establecido antes de que acabara el pasado año que la reforma del delito de malversación no beneficia a los condenados por el caso de los ERE. En una sentencia rechazó los recursos de dos condenados, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo (mano derecha de Griñán durante su etapa al frente de la Junta) y el exdirector general Miguel Ángel Serrano, que pedían que sus condenas por malversación fueran rebajadas después de los cambios introducidos en este delito. El alto tribunal consideró que la reforma legal buscaba “mantener la continuidad con el modelo anterior” y no deja impunes actitudes como las que llevaron a un agujero de casi 700 millones de euros en las cuentas andaluzas.
Actualmente cumplen pena de prisión por el mecanismo específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
Aparte del caso de Griñán, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, también condenado a cárcel por malversación, tiene actualmente suspendida su pena después de que, a la hora de resolver los recursos de casación, el Supremo rebajase su condena a tres años de cárcel. Por su parte, el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.
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