El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha descargado en el que durante una década fuera director general de Trabajo, Javier Guerrero, la responsabilidad sobre la tramitación, concesión y pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, cuyo procedimiento se está juzgando en la Audiencia de Sevilla contra 22 exaltos cargos andaluces. Como hizo el día anterior, Fernández ha eludido responsabilidades en la gestión concreta de las “ayudas públicas excepcionales” pero ha insistido en que “había cuerpo normativo suficiente y habilitante” para la aprobación de las mismas porque acogía “con carácter distintivo lo que era una subvención de una ayuda”.
Fernández ha dicho en varios momentos en la sesión de este martes que nunca se le pidió a él ningún tipo de ayuda concreta y que la gestión del programa 31L de Relaciones Laborales “correspondía a la Dirección General de Trabajo” porque “tenía autonomía”. El exconsejero sí ha reconocido que podía “despachar las líneas generales” con Guerrero pero, por ejemplo, “la cuantía de la ayuda dependía de cada caso” porque “dos crisis no son iguales ni dos plantillas de extrabajadores son iguales”, resolviéndose cada cuestión “según cada contingencia”.
El entonces director Guerrero tenía “libertad de gestión, como cualquier otro director general” en la “distribución de fondos”, ha comentado Fernández. Incluso el fiscal le ha preguntado “si en términos coloquiales” el propio Fernández nombraba al mencionado programa 31L como “el programa de Guerrero”, respondiendo el hoy interrogado que “puede ser”. En su declaración como interrogado en este juicio, Guerrero dijo que creia haber trabajado “con honestidad”. Fernández, aunque ha defendido la normativa en que se basara, ha enfatizado que Guerrero “actuaba con total libertad y discrecionalidad” y la gestión de las ayudas “no era competencia del viceconsejero”. “Era su absoluta responsabilidad”, ha reforzado.
Ni recibió ni dio instrucciones sobre ayudas
El consejero entre 2004 y 2010, en todo caso, ha defendido iniciativas asociadas a dicho programa de Empleo, como por ejemplo las ayudas a los ayuntamientos para la organización de ferias empresariales, si bien ha insistido en que “nunca” dio una orden a Guerrero para que conociera una u otra ayuda. “Quiero pensar que las ayudas excepcionales tendrían toda la documentación exigida por la Dirección General”, ha dicho, pero ha asegurado que “no ordené ni consentí pagos” como los que les ha relacionado el fiscal respecto a algunas ayudas. “No controlaba el tema de los dineros”, ha llegado a decir.
En esa misma línea, de su etapa como viceconsejero (1995-2004), ha negado que José Antonio Viera le diera instrucción alguna sobre “cuánto o a quién” había que conceder las ayudas, señalando que “los criterios generales” era “amortiguar situaciones” de crisis y atender a trabajadores despedidos“ merced a ”decisiones de carácter político“. En ese punto ha comentado reuniones de alto nivel para tratar de solucionar los despidos de Delphi en la bahía de Cádiz o los de Santana Motor en Jaén, ”grandes conflictos“ de los que tenía conocimiento el resto de consejería, según ha apuntado, sobre los que se tenía ”un debate“ para intentar dar ”una respuesta lo más global posible“.
Fernández, que firmó como viceconsejero el convenio marco entre la Consejería y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que instrumentó la participación de este ente como pagador de las ayudas, ha dicho que “me lo pasaron para firma” y que, si llegó a ese punto, sería porque “lo daría por bueno” su gabinete y los servicios técnicos. Según ha insistido en otro momento, los convenios para las ayudas “no los estudiaba con intensidad” ya que su “no era atender a ese programa”, el 31L, ya que su “prioridad” en aquella época “era extender al SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y el desarrollo tecnológico”. En todo caso, Fernández considera que el convenio marco de 2001 fue “transparente” en cuanto a la publicidad dada desde la Consejería.
“Cada situación de crisis es distinta”
Respecto al marco normativo que pudiera regular las ayudas, Fernández, como el día anterior, ha dicho que se trataba de “ayudas públicas excepcionales” que estaban validadas por “la ley de presupuestos y el reglamento de subvenciones de 2001. ”Existía legislación“ a nivel andaluz, ha comentado, ”además de la supletoria a nivel estatal del año 95“. ”A mi criterio, había cuerpo normativo suficiente“, ha añadido.
En cuanto a cómo se tramitaban las ayudas ha dicho que las solicitudes se presentaban por parte de los comités de empresa para los extrabajadores y por parte de los empresarios en el caso de las entidades en crisis, que eran los interlocutores con la administración según qué caso. Preguntado por la norma reguladora específica de su Consejería para la concesión de ambos tipo de ayuda, “no existía una norma porque no se puede normar lo desigual o distinto”. “Cada situación de crisis es distinta”, ha dicho, insistiendo en que la normativa contemplaba las ayudas excepcionales y que también se aprobó el decreto 4/2012 que también ahondaba en dicha regulación.
A preguntas del fiscal también se ha profundizado en la intervención de las aseguradoras y las mediadoras en la gestión de las pólizas, especificando el exconsejero que se trataba de “ayudas públicas individuales” que eran “seleccionadas por los beneficiarios”, sin poder entrar en detalles de las pólizas porque no él no las gestionaba. Ha recordado que mantuvo una reunión con unas compañías aseguradoras que “protestaron por no cobrar con la regularidad prevista”.