El General Jefe del Ejército del Sur remite esta nota al Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles en febrero de 1937: “Doña C.B.C., profesora del Instituto Murillo [de Sevilla]. Incompetente para el cargo y cómplice con el Director de los desastres académicos. Faltaba mucho a clase. Íntima de Barnes y del socialista Remigio Cabello. En varias ocasiones los alumnos protestaron ante el Director del trato grosero e improcedente que les tenía. Está considerada como persona izquierdista y anticatólica, por esto se ha significado en su persecución a los alumnos procedentes de Colegios Católicos en exámenes y otros actos”. El documento es uno de los miles que han examinado tres profesores de la Universidad de Málaga, que acaban de finalizar una investigación sobre los procesos de depuración entre el profesorado durante el franquismo.
Carmen Sanchidrían, Isabel Grana y Francisco Martín Zúñiga, profesores del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, investigan desde 2001 la depuración de los profesores de instituto: las diferencias de la purga a profesores y profesoras, las historias de vidas desviadas, cuando no truncadas, y la depuración entre los docentes de las escuelas normales. Han revisado cerca de 2.500 expedientes apilados por orden alfabético en los archivos generales de la Administración, en Alcalá de Henares.
Los docentes estaban obligados a iniciar su propio proceso de depuración: debían presentar una instancia para que se evaluase su idoneidad. Constaban 21 preguntas en aquel formulario. Uno de los apartados a rellenar es este: “Quiénes eran los más distinguidos izquierdistas de su departamento y cuanto sepa de la actuación de los mismos”. Los golpistas solicitaron a todos los profesores que delataran a sus compañeros.
El 27% de los profesores de secundaria fueron sancionados, algunos con la expulsión definitiva de la carrera. Con todo, no fue la sanción más común, porque el régimen necesitaba docentes. Muchos fueron trasladados, inhabilitados para cargos directivos, suspendidos. Todos, también quienes superaban la prueba, eran vigilados. “Era más eficaz meter miedo al profesorado”, aclara Martín Zúñiga.
Los criterios para sancionar estaban condicionados por la opinión particular de los integrantes de cada comisión provincial: un representante de la Iglesia, el Gobernador, el director del instituto, un miembro de Falange y algún integrante de la escuela normal. Ni siquiera existía una tipología de infracciones. Lo que para algunos pudo conllevar el fin de su carrera, a otros se les consintió. Las acusaciones eran variopintas. “No estar casado por la Iglesia, haber asistido a un mitin, lo que fuera... O ser frío con las cuestiones religiosas. Eso sí, ser masón o comunista era estar separado del cargo”, explican los investigadores. Más suerte corrieron algunos curas profesores nacionalistas que fueron destinados lejos de Cataluña o País Vasco.
“¿Cómo pueden sancionarme si los rojos han dicho que yo era de los nacionales?”
“¿Cómo pueden sancionarme si los rojos han dicho que yo era de los nacionales?”Los profesores de la UMA citan el caso de una profesora valenciana sancionada primero en Valencia “por derechista” y luego por el franquismo por sus ideas “liberales”. En su expediente aparecen cartas en las que pregunta: “¿Cómo pueden sancionarme si los rojos han dicho que yo era de los nacionales?”. Aquella señora acabó ingresada en un manicomio. Otra profesora, amiga del obispo de Barcelona, evitó ser sancionada porque su adscripción a la República era fruto de los ideales de su marido. Aquello era “cumplir con el deber de esposa”. Sin embargo, otras fueron castigadas precisamente porque se les presupuso la ideología de su consorte.
Para emitir su veredicto, la comisión pedía informes a la Guardia Civil o al cura local. Con la instancia y los informes formulaba un pliego de cargos, al que podía replicar el depurado. “Repasando recuerdos y no acertando a comprender cómo puede alguien haber informado dicho cargo, la exponente se ve obligada a pensar en algún padre descontento por el resultado obtenido en los exámenes de sus hijos”, alega la profesora sevillana citada al principio de este texto, que aporta 27 cartas y declaraciones en su descargo. Esos documentos dan fe “no solamente de la actuación profesional sino también de la conducta religiosa”, dice C.B.C. para defenderse.
La depuración comenzó en agosto de 1936, poco después del golpe militar, pero el aparato depurador no se configuró hasta noviembre. Funcionó de manera implacable hasta 1942, aunque algunos expedientes se prolongan hasta los años 70: treinta años después, algunos profesores pedían que se les reconociese la posibilidad de reincorporarse a la docencia pública.
Los investigadores de la Universidad de Málaga terminaron el trabajo el año pasado. El proyecto sobre la depuración en las escuelas normales les dejó un regusto amargo. Los expedientes no aparecen: no están en el archivo general, ni en las universidades ni en los archivos provinciales. Tampoco en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. Se esfumaron y dónde estén ahora, si es que existen, es un misterio.
La profesora C.B.C. del Instituto Murillo, separada también del servicio por las autoridades republicanas, fue finalmente inhabilitada por el franquismo para cargos directivos y de nada le valió probar su conducta religiosa.