Cerca de 900 administrativos de colegios públicos de Infantil y Primaria de Andalucía se están quedando sin empleo y no podrán optar al puesto que han venido ocupando. Denuncian que, después de realizar funciones de apoyo administrativo en los centros escolares durante siete u ocho años, bajo una “externalización en precario” a través de subcontratas, la Junta de Andalucía está ejecutando este mes de noviembre un “despido masivo” que, a ojos de la Administración, obedece a un cambio en el sistema de contratación y una regularización de la situación de los puestos de trabajo.
Los despidos en cascada son achacables, según la versión de los afectados, a algún tipo de “represalia” por parte de la Junta contra el colectivo después de haber presentado algunas denuncias en la Inspección de Trabajo a cuenta de sus condiciones laborales y a tratar de impedir “la precariedad del empleo” en los puestos de la Administración Pública. Los monitores de apoyo lamentan que, después de haber estado “explotados” varios años por empresas de trabajo temporal (“nunca más de 5 euros la hora trabajada, impagos, retrasos, vulneración de sus derechos fundamentales”), el cambio de criterio de la Administración les deja en la calle y sin posibilidad de poder acceder a la convocatoria pública que se ha anunciado al efecto.
Con ese objetivo, y a través de una campaña en change.org, piden la homologación inmediata de la titulación a través de la experiencia en los puestos como monitor escolar, habiendo superado ya las 4.000 firmas de apoyo a la petición dirigida a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. De dicha homologación depende el trabajo de casi un millar de personas que accedieron a sus puestos sin necesidad de una formación específica, según recuerdan ellos mismos, considerando injusto que la Administración Pública tome como principal premisa que estos trabajadores queden excluidos del proceso después de haber “contribuido al buen funcionamiento actual del área de administración en todos los centros escolares”. Este viernes se concentran por estos motivos ante las sedes provinciales de Educación, Cultura y Deporte, apoyados por la Federación de Enseñanza de CCOO y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de CCOO.
Plan urgente de choque para personal con experiencia
Desde la citada Consejería han explicado a eldiario.es/andalucia que los contratos venían realizándose mediante concurso público desde el año 2006 a través del ente público andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) al objeto de “desburocratizar” la gestión de los equipos directivos de los centros escolares. Las empresas adjudicatarias eran las que contrataban al personal, es decir, ISE no mantenía relación laboral directa con los trabajadores, estando dichas empresas obligadas a cumplir las condiciones establecidas en los pliegos, así como con los convenios colectivos correspondientes, indican desde la Consejería.
El citado sistema de contratación, insisten desde la Junta, ha venido funcionando hasta el comienzo del curso actual en todas las provincias salvo en Cádiz y en Córdoba, donde, tras resolverse el curso pasado los contratos con la empresa Sistemas Territoriales Integrados SL “por reiterados incumplimientos”.
Una vez están venciendo los contratos en las otras seis provincias para este servicio de monitores de apoyo a la gestión administrativa de los centros de Infantil y Primaria, la Junta está elaborando con Función Pública un plan urgente de choque para que las personas con experiencia en ese tipo de servicios realicen esta función contratadas como personal laboral y que realice ese tipo de actividades en todos los centros donde se ha realizado hasta el momento.
Ignacio García, vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía y diputado por IULV-CA, comparte la idea de “suprimir la externalización de un servicio” si bien se está tratando de solventar la “paradoja” de que personas con experiencia en su puesto de trabajo no tengan acceso a la nueva convocatoria, abogando por encontrar una “titulación equivalente de carácter genérico” a la específica que ahora se requiere, en concreto la de ciclo formativo superior de administración y finanzas. García saca como “lección” que el hecho de intentar abaratar la prestación de un servicio externalizándolo no se puede llevar a cabo sin vulnerar finalmente la normativa vigente.
En similar sentido se expresa el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, quien achaca a la “falta de vigilancia” por parte de la Junta de Andalucía el hecho de que las empresas privadas hayan “abusado” de algún modo de los trabajadores, lamentando que por “ahorrar costes” se haya llegado a la situación actual. Asimismo, recuerda que el sindicato CCOO pidió en su momento que los mencionados puestos de apoyo fueran cubiertos con empleo público y lamenta que la Administración no haya sido más exigente con las condiciones laborales de los empleados siubcontratados.
Según denuncia la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, hasta 1.031 centros educativos de Infantil y centros de Educación Infantil y Primaria se están quedando sin este personal de apoyo, cuya labor ha sido respaldada por la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), destacando que este personal auxiliare de dirección “realiza innumerables tareas y ha sido duramente castigado en los últimos años sufriendo una merma tanto en su sueldo como en las horas contratadas”.
Posibles perjuicios en los centros
Asadipre dice que, hasta la resolución del caso, “los directores y directoras tendrán que realizar todas las labores relacionadas con la gestión que este colectivo venía desarrollando, en el horario legal establecido, claramente insuficiente, pudiendo sufrir graves demoras los servicios que se ofertan a la comunidad educativa (admisión, matriculación, atención al público, comedores escolares, aulas matinales, actividades extraescolares…)”.
Según añade Asadipre, “nos parece muy perjudicial para la vida de los centros, no sólo en la gestión, sino en otros aspectos educativos, que se despidan a estas personas teniendo en cuenta que después habría que formar a otras”. “La solidaridad y el sentido práctico deben primar en las decisiones administrativas” y “lo recomendable sería que la Dirección General de R.R.H.H. consultara a la dirección de los centros mediante un informe personal sobre la dedicación y posible continuidad de este personal”, concluyen.