El ingreso mínimo de inserción (IMI), que el Gobierno de Susana Díaz ha presentado como una de sus apuestas estrella para los presupuestos autonómicos de 2018, llegando incluso a denominarla “renta básica”, no sólo no es tal, sino que tampoco permitirá que Andalucía se sitúe entre las comunidades autónomas con mejores condiciones para esta prestación, que son las que tienen la cuantía más elevada por mes, con un perfil más amplio de destinatarios y sin límite mientras persista la situación por la que se concede.
De hecho, como se llame no es determinante, porque este tipo de prestaciones, que se establecieron en las comunidades autónomas en los 90, tiene casi tantas denominaciones como autonomías: desde salario social básico a renta garantizada de ciudadanía, con todas sus variantes.
Lo importante es hablar de sus condiciones y de su alcance y en el caso de Andalucía, sobre todo, porque es la comunidad autónoma con más desempleo, con más familias con todos sus miembros en paro, con una de las mayores tasa de riesgo de exclusión social, con uno de los más elevados porcentajes de población en pobreza severa...
El nuevo modelo se impondrá en sustitución del ingreso mínimo de solidaridad (IMS), vulgarmente conocido como salario social y regulado por el decreto 2/1999. Pese a que la Junta de Andalucía duplicará en 2018 la partida destinada a su cobertura, pasando de los 90,6 millones de euros presupuestados para 2017 a los 198 fijados para el próximo año, no ha confirmado que vaya a llegar a más familias que las 42.500 (106.700 personas) previstas para el presente ejercicio.
De hecho, esos 42.500 hogares que se han anunciado con el nuevo IMI suponen la misma cifra que la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ofreció en comisión parlamentaria para los presupuestos autonómicos de 2017, por estas fechas el pasado año. Es una estimación porque el último dato cerrado es el de la memoria de 2016 del programa de solidaridad de la Junta de Andalucía, que recoge que ese año fueron concedidas 34.980 prestaciones para un programa que contó también con 90,6 millones de euros.
Tres datos para una radiografía de la pobreza
Tres parámetros sirven para ilustrar que está lejos de ser suficiente. El más reciente, el estudio que arroja que más de un millón de andaluces se encuentra en pobreza severa, lo que supone un 12,8% de la población según el último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) con menos de 4.000 euros de ingreso por año. El mismo revela también que casi 3,5 millones de andaluces (41,7%) vive en situación de riesgo de pobreza, que según la tasa Arope, son menos de 8.000 euros por año. Pese a haber disminuido 1,5 puntos, se continúa a una distancia de 13,8 de la media de España (27,9%).
No es más halagüeño el primer informe del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía presentado también este año y que cifraba la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en el 43,2%, la más elevada de España.
El número de hogares en los que todos sus miembros activos están en paro fue de 334.200 en el segundo trimestre del año, según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), que también recuerda que más de la mitad de los desempleados no cobra ninguna prestación.
Se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía ha dado todavía poco detalles de cómo será el IMI. En principio no va a cambiar la base de la prestación vigente, que incluye el pago mensual a familias unipersonales del 62% del salario mínimo interprofesional (SMI), incrementándose en un 8% por cada integrante, con un tope del 125% del mismo indicador. Para 2017, en concreto, la tabla quedó fijada, en función de dicho indicador, entre un mínimo de 406,22 euros mensuales y un máximo de 655,20.
Sí hay una novedad -la única confirmada hasta la fecha- que podrá ser asumida gracias a ese incremento del presupuesto: se ampliará el periodo de cobro de seis a 12 meses y en el caso de mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares con menores se podrá prorrogar cada seis meses mientras se mantenga la situación que motivó su concesión. Pero si hay más de un millón de andaluces en pobreza extrema y se mantienen las mismas previsiones de destinatarios que con el IMS (con cobertura para poco más de 100.000 personas) significa que el nuevo IMI sólo llegará a uno de cada 10 de ellos.
Si se compara la situación entre las comunidades autónomas, la desigualdad es todavía mayor, hasta el punto de que el Consejo de la UE ha instado a España a corregir “las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada”.
El informe del Consejo Social y Económico (CES) relativo a las Políticas públicas para combatir la pobreza en España de 2017 se queda un poco antiguo porque toma datos de 2014 para comparar por comunidades autónomas. En este sentido, de acuerdo con dicho informe, en 2014 Andalucía ocupaba la undécima posición en cuanto a la base para esta prestación por detrás de, por este orden, País Vasco, Navarra, Canarias, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Cataluña.
Sin embargo, en los últimos años ha perdido posiciones después de las mejoras en vigor ya, o previstas para 2018, en el caso de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, La Rioja y Murcia. De manera que el mínimo de esta prestación sólo es menor o igual que en Andalucía en Galicia, Comunidad de Madrid, Melilla y Ceuta.
Cabe recordar que la mayoría de las autonomías opta por fijar, como mínimo, el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), que es ligeramente más generoso que el 62% del SMI, para las familias unipersonales, que se ha elegido en el caso de Andalucía.
La diferencia está también en los máximos porque si en muchas está en el tope del 125% del Iprem, como es el caso de Andalucía, en otras se supera con creces: como los 1.140 euros de Navarra o los 959 del País Vasco. Es esta última la autonomía con este derecho más consolidado y la que más destina a ello en términos absolutos y relativos, estando según los expertos en el mismo nivel que los países europeos más avanzados en la materia.
Otras mejoras son que pese a que la mayoría sólo permite cobrarla desde los 25 años, en Cantabria, Comunidad de Madrid y País Vasco se puede desde los 23 y en Aragón, desde los 18. También hay variedad en el periodo de empadronamiento previo ininterrumpido en el territorio que se exige. La mayoría, 12 meses, salvo Asturias, Baleares, Cataluña, Ceuta y Navarra que sólo piden estar empadronado. Mientras, Canarias y Galicia sólo exigen seis meses, y en el lado contrario, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Melilla y País Vasco, que piden entre 24 y 36. También la unidad de convivencia previamente constituida es una limitación. En Andalucía está fijado el periodo en 12 meses, mientras que en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana no se exige.