El decreto ley de devolución de la jornada laboral de 35 horas a los empleados públicos de Andalucía -que se implantó en 1999 pero el Gobierno de Mariano Rajoy incrementó en dos horas y media en 2012 para ahorrar en contratos- ha llegado marcado por dudas que trascienden a la posibilidad de que sea recurrida en el Tribunal Constitucional (TC), como le ha ocurrido a Castilla la Mancha, que fue la comunidad autónoma que tomó la delantera en este pulso con el PP y ha visto tumbada su decisión.
Para ese recurso, toda vez que el decreto ley ha sido publicado el pasado 19 de octubre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hay un de plazo tres meses, por lo que si el Gobierno de la Nación decidiera impugnarlo, tiene hasta enero de 2017. Pero hasta entonces, ¿cómo se encaja en los presupuestos de la Junta de Andalucía del próximo año la medida?, ¿cuánto cuesta?, ¿beneficiará a los más de 270.000 empleados públicos de la comunidad autónoma?
Intentamos a continuación responder a estas preguntas. Lo que está claro es que si el TC no tumba antes la medida, la Junta de Andalucía estará obligada a contestarlas con el suficiente grado de concreción para responder a la aplicación de un decreto ley que ha sido convalidado por el Parlamento de Andalucía sin que ni C's ni el PP-A, reacios a la medida, hayan votado en contra. Se abstuvieron y el PSOE-A logró nuevamente la complicidad de Podemos e IU para superar el trámite que en caso contrario tampoco hubiera impedido su entrada en vigor.
Informe jurídico en contra
La Junta de Andalucía no ha facilitado el informe de sus servicios jurídicos, pero el contenido del mismo se conoce porque ha sido tenido en cuenta en el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, al que sí ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Recoge expresamente que el Gobierno de Andalucía no tiene competencias para modificar ese marco.
De hecho, en ese dictamen, el Consejo Consultivo de Andalucía advierte de las “contradicciones” porque la Junta de Andalucía había aprobado un decreto ley para volver a las 35 horas y, sin embargo, en el anteproyecto que le remitió mantenía vigentes las 37,5. En concreto, con la continuidad del artículo 25 de la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y de Hacienda Pública que tuvo que aprobar la Junta de Andalucía para cumplir a su vez la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria impuesta por el Gobierno de España.
En dicho dictamen, el Consejo Consultivo de Andalucía cita que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía señalan que “la Ley de Presupuestos Generales del Estado regula la jornada general del trabajo en el sector público” y este mandato “incluye a las administraciones de las comunidades autónomas”, dejando claro que es una norma “básica” y por tanto fuera de su competencia.
En cualquier caso, pese a que en ese anteproyecto que se envió al Consejo Consultivo de Andalucía no estaban las 35 horas, sí fueron incluidas en el proyecto de ley aprobado el pasado 28 de octubre y remitido posteriormente para su debate en el Parlamento de Andalucía. De hecho, en el proyecto de ley que fue sometido a debate a la totalidad en el Parlamento de Andalucía ya se suprimió dicho artículo 25.
Informe económico incompleto
La Junta de Andalucía sostiene que las 37,5 horas “no se justifican actualmente en Andalucía en la necesidad de contención del gasto ni en la de ahorro”, por “la evolución favorable de su economía”, que afianza, “como resultado de una rigurosa planificación económica, la suficiencia financiera adecuada” para recuperar este derecho sin afectar a las obligaciones de equilibrio presupuestario. Sin embargo, en lo que se refiere a cuánto le costará volver a las 35 horas, o lo que es igual, qué partida incluirá para ello en 2017, no se ha facilitado una información clara.
De este modo en el “anexo” que incluye el decreto ley y que ha sido consultado por eldiario.es/andalucia, la Consejería de Hacienda y Administración Pública cifra en 70.491.000 euros el coste de la medida para el personal en materia sanitaria, a lo que suma 5.066.883 del correspondiente a los hospitales. Mientras, el coste para los docentes lo eleva a 180.000.000 euros “como máximo”.
Y es en este punto donde se plantean nuevas contradicciones. Por un lado, porque no menciona el coste para el resto del personal de la Junta de Andalucía. Por otro, porque la consejera, María Jesús Montero, cifró el coste de la medida en 75 millones de euros cuando el pasado mes de junio se firmó el pacto con los sindicatos UGT-A, CCOO-A y CSIF con este compromiso. Sin embargo, según el anexo, éste sería el coste sólo para el personal dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En la aprobación del decreto ley y en los sucesivos pronunciamientos por parte de miembros del Gobierno de Andalucía se ha asegurado que beneficiaría “a los más de 270.000 empleados públicos”. Esta semana lo reiteraba la propia la presidenta, quien esta misma semana apuntaba que es un compromiso incluido en los presupuestos autonómicos de 2017.
Desde el sindicato CSIF, el más representativo entre los empleados públicos, su presidente José Luis Heredia, mostraba su estupor en una entrevista en Ondaluz TV por que no hubiera visto la partida reflejada en los presupuestos autonómicos en debate. En todo caso, se mostraba confiado de que “Susana Díaz cumplirá su palabra” porque nunca le ha “demostrado lo contrario” y es lo que “firmó”.
No todo el personal está incluido
El grueso de ese personal de la Junta de Andalucía son sanitarios y docentes. Pero ya en el decreto ley se matiza que no será una medida que les beneficie con la entrada del nuevo año. En el caso de los sanitarios se apunta que su recuperación será escalonada sin concretar los tiempos. “Se aplicará en función de los turnos de trabajo diario que, con la necesaria flexibilidad, se establezcan a través de pactos con los representantes de los trabajadores”, se apunta.
Mientras, los docentes tendrán que esperar al curso 2018-2019 para recuperar totalmente las 35 horas. “Debido a la necesaria planificación y adaptación al calendario escolar, la implantación de la jornada de trabajo de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual y la jornada lectiva de 18, serán coincidentes con el inicio del curso 2017-2018”, recoge el decreto ley. Y no en su totalidad. De hecho, se aclara también que, “a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los centros específicos de educación especial, se llevará a cabo reduciendo una hora lectiva en el curso 2017-2018 y otra en el 2018-2019”.
Pero hay más, los casi 8.000 empleados públicos de justicia que son competencia de la Junta de Andalucía se quedan fueran porque paga sus nóminas “pero la regulación de su jornada laboral corresponde al Ministerio de Justicia por ser un cuerpo de empleados públicos de carácter nacional”.
Una situación que en el marco de la tramitación parlamentaria de los presupuestos autonómicos, llevó al propio consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, a afirmar la pasada semana: “No me parece justo. Si se hace para uno se debe hacer para todos”. Respondía a una apreciación que en este sentido había hecho la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez y que en la rutina de la comisión parlamentaria de Justicia e Interior pasó prácticamente desapercibida.