Las voces críticas que “no tuvieron oportunidad” de aportar su visión la semana pasada en la comisión parlamentaria que evalúa la polémica ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana han podido hacerlo este lunes en una “comparecencia alternativa”, promovida por los grupos parlamentarios de Por Andalucía y Adelante Andalucía. Entre otras entidades, han acudido representantes de la Fundación nueva cultura del agua, así como de la asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que aglutina a más de la mitad del suelo agrícola regable afectado por la proposición de ley de PP y Vox.
Con este encuentro celebrado en el Parlamento andaluz, las izquierdas tratan de frenar “el rodillo parlamentario” que los promotores de la iniciativa están ejerciendo “de manera despótica”, según ha expresado la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, en referencia a que “solamente se convocara a la parte beneficiara” a participar en la comisión de Fomento que, merced a la mayoría parlamentaria del bloque conservador, aprobará la norma con la que se pretende ampliar la superficie regable junto al Parque Natural en plena sequía.
Así pues, una semana después de que el Parlamento andaluz dedicara el pasado martes más de diez horas a escuchar a los 23 agentes sociales y económicos que sí fueron convocados, Por Andalucía y Adelante han querido atender a “los puntos de vista sobre este tema que quedaron orillados en la comparecencia diseñada a medida por parte del PP y Vox, para que pareciera que había un consenso extraordinario entre todos los intereses afectados por esta posible modificación”, como ha criticado la portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, minutos antes de reunirse con agricultores que tienen legalizado el riego y otros miembros de organizaciones científicas y medioambientales que trabajan en la zona.
Cabe recordar que la ola de críticas recibidas por el veto inicialmente impuesto a Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana, obligó al PP a rectificar, pero el resto de científicos críticos con la norma y propuestos por los grupos de izquierdas en la oposición siguieron quedando excluidos del debate parlamentario. Fuera quedaron también muchos de los comparecientes que ya visitaron el Parlamento la pasada legislatura, cuando se tramitó la primera iniciativa legislativa sobre regadíos en el entorno de Doñana.
Uno de ellos fue Manuel Delgado, portavoz de la asociación Agricultores Puerta de Doñana, quien ha reconocido a elDiario.es Andalucía que no se esperaban ser “vetados” en esta ocasión, y achacan la decisión a que PP y Vox “no querían una participación abierta, sino orientada y nosotros ya nos habíamos manifestado en contra públicamente”. El colectivo al que pertenece Delgado es el que aglutina a los agricultores afincados en Almonte, que representan el 62% del suelo agrícola regable de la cuenca del Guadalquivir “afectado por esta normativa”, como ellos mismos se declaran.
Por eso, el portavoz de los agricultores almonteños ha agradecido que los grupos de izquierda les hayan permitido compartir “su parecer” respecto a la tramitación de una ley que, a su juicio, es “la ruina para la zona” y “pone en serio peligro la continuidad del espacio natural”. Asimismo, ha reprochado al partido de Juan Manuel Moreno que “esta no es la forma de hacer las cosas” y que “la solución al problema” que atraviesa Doñana no pasa por “mover fechas”, sino por “sentarnos todos en una mesa” para poder intercambiar opiniones diversas y “entre todos llegar a un consenso en el que no se deje a nadie detrás”.
Junto a representantes de organizaciones como Fundación Savia, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife o la Plataforma Salvemos Doñana, han intervenido también investigadores científicos especializados en agua como Carlos Camacho y Leandro del Moral.
Este último lleva 40 años estudiando la gestión y planificación del agua en la cuenca del Guadalquivir y, durante su intervención, ha querido incidir en la importancia ecológica, territorial y simbólica de Doñana para, desde ahí, advertir de que los problemas que aquejan a este humedal son “la punta del iceberg de un problema generalizado” en toda la comunidad: “la sobreexplotación de los acuíferos”. “Que fracase la buena gestión en Doñana es adelantar el fracaso de la buena atención en el conjunto de Andalucía y de España”, ha alertado a continuación este catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación nueva cultura del agua.
La segunda idea que ha querido aportar este experto en materia de agua cuestionaba que la ampliación de zonas regables vaya a beneficiar realmente al pequeño agricultor, “a las famosas 675 familias de regantes en las que se justifican los que proponen la ley”, según sus propias palabras. Al respecto, ha aludido a que el 10% de los titulares de explotaciones legalmente reconocidas concentran el 87% del agua, mientras que el 90% restante dispone tan solo de un 13%. “Muchos con poco y pocos con mucho”, ha resumido Del Moral, para poner el foco en “el desequilibrio” que existe en la distribución del agua. “Las empresas son las grandes beneficiarias de la situación actual y de la que se pretende legalizar”, ha afirmado antes de señalar que “hay otras alternativas para solucionar los problemas sociales y locales de la gente que trabaja de forma familiar y profesional en la zona”.
En este punto, ha intervenido el portavoz de los agricultores para “matizar” el enfoque “técnico” aportado por el catedrático. “Una cosa es la titularidad y otra cosa son los propietarios menores que haya dentro de esa explotación o comunidad de regantes”, ha señalado entonces Manuel Delgado para remarcar que además de grandes corporaciones, hay también “muchas empresas medianas en la zona que son consecuencia de familias de agricultores” con varias generaciones y que “hay que mimar”, pues generan “mucho tejido productivo dentro de la zona”.
Tras la réplica, la asociación de Agricultores Puerta de Doñana ha puesto en valor este tipo de encuentros y ha insistido en la necesidad de que se organice “una mesa de diálogo” en la que tengan cabida todos los actores implicados para aportar “su punto de vista” y alcanzar una solución beneficiosa para todos. “El pequeño y el mediano agricultor necesitan soluciones distintas, pero lo que no se puede hacer es modificar una ley a las bravas”, ha reprochado Delgado para concluir, pidiendo que “se estudie muy bien” la situación, primando “la conservación del espacio por encima de todo”. “Tenemos que ir de la mano de Doñana y con Doñana”, ha manifestado el portavoz de los agricultores almonteños, convencido de que este “espacio privilegiado” es lo que convierte a sus productos en “grandes en sabor y riqueza”.
En línea similar al resto de participantes, desde la Fundación Savia se aboga por “la retirada cautelar” de la proposición de ley en aras de que “el debate, el diálogo y las posiciones no estén condicionadas de partida”. De hecho, entienden que la propia iniciativa impulsada por los populares y el partido de Abascal “ha roto el consenso y fomenta el enfrentamiento político”, de modo que piden “un diálogo veraz, justo e igualitario, que eleve la mirada al conjunto del territorio de Doñana y sus problemas”. Asimismo, en sentido similar a la exposición de Del Moral, piden que se garantice “la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones, es decir, que se apliquen criterios sociales en el reparto del agua”.
También la diputada de Por Andalucía se ha sumado a estas palabras para volver a pedir que se retire una ley “que no resuelve ningún problema, sino que agrava los que hay sobre la mesa”, como paso previo a conformar una mesa “que sea abierta, transparente, participativa en la que estén todos los intereses afectados y se busquen soluciones pensando en el interés general, en la creación de empleo y riqueza y también en la sostenibilidad ambiental y garantía de la perdurabilidad de los valores ecológicos de Doñana, que con esta agresión se coloca en una situación de no retorno”, ha advertido.
En definitiva, la ronda de comparecencias alternativa que se ha desarrollado este lunes en el Parlamento andaluz ha concluido con un mensaje similar al que se impuso en la comisión oficial, donde agricultores, regantes, sindicatos, alcaldes onubenses y ecologistas abogaron por que las fuerzas políticas alcancen un consenso sobre cómo solucionar un problema que todos reconocen.
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