El sector de la fresa de Huelva acaba de recibir un nuevo varapalo procedente de Europa. En esta ocasión, ha sido el Consejo de Europa el que ha puesto el foco crítico en este sector para alertar de las condiciones en las que viven los trabajadores inmigrantes que se dedican a este fruto sobre el que pesa un boicot en los mercados europeos. Cabe recordar que la campaña ha sido promovida por una asociación alemana que trata así de “presionar” al Gobierno andaluz con vistas a que retire la proposición de ley para ampliar regadíos en el entorno de Doñana, al entender que el parque nacional “corre el riesgo de una catástrofe por sequía”.
Con este telón de fondo, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del citado organismo internacional (GRETA) ha reprendido a las autoridades españolas por su “inacción” ante la explotación laboral que dicen sufrir los temporeros, con especial incidencia en las mujeres. En su informe de evaluación de España publicado este lunes, critica que si bien la Administración española actúa contra la explotación sexual, “se hace mucho menos para detectar e identificar a víctimas de otras formas de explotación, en particular la laboral”.
Para preparar esta tercera ronda de examen, lanzada en junio de 2021, una delegación del GRETA realizó una visita a España del 4 al 8 de julio de 2022 y estuvo, entre otros lugares, en las áreas de producción de fresas en la capital onubense. En ese momento había allí 25 asentamientos de temporeros en los que vivían 914 inmigrantes -muchos menos que en temporada de recogida-, de los cuales 99 mujeres, en su mayor parte sin papeles y procedentes de Marruecos, Mali y Ghana.
Además de detectar la falta de acceso al agua potable u la electricidad en los asentamientos, y que carecían de condiciones de salubridad, las ONG con las que estuvieron en contacto los expertos trasladaron que algunos migrantes eran explotados laboralmente e incluso podían ser considerados víctimas de trata. En concreto, trabajaban más horas de las legales con remuneraciones inferiores al salario mínimo y en algunos casos ni siquiera se les pagaba.
Del mismo modo, las ONG también les alertaron de casos de mujeres que eran explotadas sexualmente en los asentamientos y podían ser víctimas de trata para su explotación sexual. Por eso, el GRETA dice estar “profundamente preocupado por la inacción de las autoridades con esta situación humanitaria que dura desde hace años y genera elevados riesgos de tráfico de personas”.
En cualquier caso, el informe subraya que pese a la situación que describe no se han identificado oficialmente víctimas de trata en esos asentamientos de Huelva, y recuerda que hay otros similares en diferentes puntos del territorio español.
Al respecto, el GRETA señala que los inspectores de trabajo no tienen mandato para ir a los asentamientos. Quien sí que va regularmente es la Guardia Civil, sobre todo cuando hay incidentes o para identificar a personas vulnerables, como mujeres embarazadas o con niños.
Asimismo, los expertos del Consejo de Europa señalan que cuando hicieron su visita el pasado verano, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) contaba con una plantilla de 857 inspectores y 1.030 subinspectores, a los que hay que sumar 148 en Cataluña y 50 en el País Vasco.
Estas cifras equivalen a una media de uno por cada 19.000 trabajadores, una tasa que está “lejos de la referencia razonable” establecida por la Organización Mundial del Trabajo (OMT), que es uno por cada 10.000, según estima la organización internacional.
Además, para los representantes de las ONG con los que se entrevistó el GRETA, los inspectores no están suficientemente formados para detectar la trata de personas. En este sentido, el informe recoge que a partir de las cifras oficiales españolas se constata que el número de presuntos casos de trata por explotación laboral ha permanecido estable en los últimos años: 18 en 2018 (con 94 víctimas), 17 en 2019 (con 192), 20 en 2020 (con 99), 21 en 2021 (con 51) y 29 en 2022 (con 89).
En cambio, denuncian que el número de procedimientos judiciales “se mantiene bajo”: dos en 2018 (con 5 acusados y 34 víctimas), cuatro en 2019 (con 12 acusados y 15 víctimas), seis en 2020 (con 14 acusados y 26 víctimas) y cinco en 2021 (con 20 acusados y 67 víctimas).
Al respecto, el Gobierno andaluz ha salido en defensa del sector fresero, poniendo en valor que “es un sector responsable, que hace las cosas bien” y ha considerado que la situación obedece a que “determinados responsables políticos han creado el caldo de cultivo perfecto para que se orqueste una campaña sistemática para hablar mal” de la fresa de Huelva.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno celebrado este lunes, ha señalado que la Inspección de Trabajo se trata de una competencia estatal y ha remarcado la contribución económica del sector, recordando que representa el 98% de la producción nacional y de un 30% de la Unión Europea.
Por su parte, el Gobierno español ha asegurado que las autoridades “están extremadamente preocupadas con la situación en lugares con un riesgo potencial de víctimas de trata de personas, como los asentamientos informales de migrantes en Huelva”.
De ahí que en la provincia onubense hayan aumentado las inspecciones laborales preventivas en los últimos años, de acuerdo con el relato del Ejecutivo central. Concretamente, se ha pasado de 57 en 2018 a 119 en 2019, 111 en 2020 (ejercicio afectado por la crisis de la covid), 250 en 2021 y 329 en 2022.
España también insiste en que ha reforzado en los últimos años la formación de los agentes y de los interlocutores sociales, incluidos los de Huelva, para compartir informaciones y buenas prácticas.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.