Juan Manuel Moreno Bonilla mantiene el órdago. Ni la sentencia de la Justicia europea ni la última amenaza con una multa multimillonaria de Bruselas han cambiado los planes de la derecha andaluza para indultar los regadíos en Doñana. A 46 días de las elecciones municipales, el Parlamento de Andalucía inicia este miércoles la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley impulsada por PP y Vox para regularizar los cultivos de regadío en el entorno de esa zona protegida que atraviesa uno de sus peores momentos, tal y como reconoce el propio Gobierno regional.
La toma en consideración de la iniciativa, que se da por hecho gracias a la mayoría absoluta del PP de Moreno Bonilla, tendrá lugar apenas tres semanas después de que Bruselas advirtiera por carta a España de que se expone a una multa si Andalucía daba luz verde al plan. La Comisión Europea declaraba la “inquietud y estupefacción” que tiene desde 2022, cuando la derecha andaluza ya intentó sacar adelante una iniciativa similar.
“La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana”, expresaba el texto rubricado por la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijerla: “La sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío”.
La Comisión Europea avisaba, además, que “de prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, lo que conllevaría medidas por parte del gobierno comunitario, entre ellas, la presentación de un recurso ante el TJUE para que se impusieran sanciones económicas. De hecho, Bruselas ya no las tenía todas consigo incluso antes de toda esta polémica, y ya el pasado julio exigió a España que cumpliese el fallo judicial.
El tribunal de Luxemburgo condenó a España en 2021 por no proteger Doñana del expolio de agua que padece desde hace más de una década. La Justicia europea reprochó a las autoridades que no tuvieran en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de los bombeos de agua subterránea de la comarca de Doñana y que no adoptaran las medidas apropiadas para evitar las alteraciones de los tipos de hábitats protegidos situados en este parque nacional provocadas por las extracciones de agua subterránea.
Esas extracciones se hacen, mayoritariamente, para alimentar la industria de regadío de fresas y frutos rojos de la provincia de Huelva, uno de los pilares de su economía. De ahí se deriva el choque de intereses. Por un lado, los medioambientales y, por otro, los económicos de los agricultores de la zona. Y el Gobierno andaluz ha elegido defender a los segundos.
El Gobierno de Pedro Sánchez también ha mostrado su rotundo rechazo al plan de Moreno Bonilla para Doñana y ha anticipado que lo llevará al Tribunal Constitucional cuando el Parlamento andaluz le dé luz verde definitivamente.
Sin embargo, el Ejecutivo regional sostiene que su plan no es dañino para el medioambiente porque no afecta al acuífero de Doñana. De hecho, desde la Junta acusan al Gobierno central de estar “intoxicando” en la capital comunitaria. “El interlocutor principal de Bruselas es el Gobierno de España, y si está trasladando esa idea, no me extraña que tenga esa impresión. La interpretación que está haciendo la Comisión Europea de la proposición de ley no es correcta”, se quejó el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, después de que elDiario.es revelara la carta de la dirección general de Medio Ambiente.
De hecho, Fernández-Pacheco ha asegurado que la Junta de Andalucía está intentando “cerrar” una reunión con representantes de la Comisión Europea para darle su punto de vista sobre la iniciativa que tramitará el Parlamento regional.
Con este telón de fondo, la proposición de ley de PP y Vox inicia este miércoles su tramitación parlamentaria sólo 48 horas después de celebrarse una reunión extraordinaria del Consejo de Participación de Doñana (órgano consultivo en el que se sientan todos los sectores presentes en este paraje natural) y donde la Junta de Andalucía defendió la medida pese a las numerosas voces en contra. En este encuentro, además, se presentó un informe científico de la Estación Biológica de Doñana en el que se alerta del “insostenible punto crítico” en el que se encuentra este enclave patrimonio de la humanidad por la falta de agua.
Y es que desde el ámbito científico no dejan de enviarse señales de alarma sobre la situación “dramática” en la que se encuentra este entorno y el flaco favor que le va a hacer esta regularización de regadíos. El propio presidente del Consejo de Doñana, el prestigioso biólogo Miguel Delibes, ha reiterado por su parte que la proposición que llega al Parlamento es “desleal”, “irresponsable”, “genera conflictividad social y política” y “dificulta el abordaje efectivo” de los problemas. “Es un cuento de hadas, una varita mágica que sacan porque hay elecciones”, ha apostillado.
Desde el punto de vista parlamentario, y al margen de cómo se desarrolle el debate, la principal novedad va a llegar de la mano del PSOE, que ha anunciado su voto en contra después de que el año pasado se abstuviera la primera vez que la proposición llegó a la Cámara. Esto provocó un choque con la dirección federal y con el propio Gobierno central, radicalmente en contra de la propuesta desde que vio la luz. Junto a los socialistas (que el jueves presentarán una proposición no de ley para que el Parlamento inste a los gobiernos nacional y andaluz a constituir una comisión bilateral) también se opondrán Por Andalucía y Adelante Andalucía, aunque la aprobación está garantizada ante la holgada mayoría absoluta de PP y Vox.
Desde el Ejecutivo andaluz, mientras tanto, se mantienen los pilares de su argumentación, empezando por que no es una iniciativa de la Junta de Andalucía sino del grupo parlamentario popular, por mucho que el presidente en ambos casos sea Juan Manuel Moreno. Asimismo, se insiste en que se trata de una ordenación del territorio para corregir “injusticias históricas” que sufren unos 650 agricultores, aunque ni el propio texto legislativo incluye esta cifra o la de hectáreas beneficiadas. La proposición, según el consejero de Medio Ambiente, “parte de una premisa que es innegociable: el acuífero no se toca y en absoluto perjudica a Doñana”.
La multa por los regadíos no sería la primera a la que se enfrentaría España por la mala gestión del agua. La Justicia europea ya la condenó por mala depuración de las aguas residuales en 2013, aunque no impuso la sanción económica hasta cinco años después: una multa de 12 millones de euros más otros 11 cada semestre en el que no se arreglara el problema. La sentencia afectaba a 17 áreas urbanas en Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias.
En el caso de Andalucía, aún tiene tres zonas pendientes de solucionar: Alhaurín el Grande (Málaga), Barbate (Cádiz) y Matalascañas (urbanización costera del municipio de Almonte, en Huelva, y que precisamente linda con el parque nacional de Doñana). Esta será la última depuradora que se instalará y, hasta entonces (la previsión es 2026) las arcas públicas seguirán pagando la millonaria sanción.
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