La reunión extraordinaria del Consejo de Participación de Doñana de este lunes para analizar –como único punto del día– la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno del parque nacional no se ha traducido en ningún avance, más allá de refrendar las posturas con las que se llegaba al encuentro: por un lado, el Gobierno andaluz ha mantenido su apoyo al proyecto legislativo, haciendo para ello malabares dialécticos porque insiste en que no es una propuesta suya sino del PP en el Parlamento andaluz, que inicia su debate este mismo miércoles por vía de urgencia; por otro, el sentir de buena parte del Consejo (órgano consultivo no vinculante en el que tienen presencia todas las partes con intereses en la zona) es que debe retirarse la ley para abordar la cuestión con el aval de estudios técnicos. En paralelo, la Junta de Andalucía ha cargado contra la “falta de interés” del Estado, que por su parte ha insistido en que llevará la cuestión al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, y todo ello con el telón de fondo de un informe presentado por la Estación Biológica de Doñana en el que se alerta del “insostenible punto crítico” en el que se encuentra este enclave natural patrimonio de la humanidad.
Este análisis científico, presentado por Eloy Revilla, director de este organismo adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha incidido en que la situación del acuífero que alimenta Doñana y su entorno es tan dramática que se ha producido un “deterioro generalizado” del sistema de lagunas (uno de los principales valores del parque), con una creciente invasión de vegetación terrestre. Esto afecta a todo tipo de fauna (aves, anfibios, insectos...). está alterando las zonas de monte y está provocando una importante mortandad de árboles, sobre todo alcornoques multicentenarios.
Revilla ha denunciado la “proliferación incontrolada de cultivos de regadío”, sentido en el que ha responsabilizado a las administraciones por su “clara falta de voluntad política a la hora de solucionar el problema”. “La explotación actual del acuífero no es sostenible”, ha insistido, y precisamente la proposición de ley de PP y Vox –que saldrá adelante en la Cámara andaluza al contar con mayoría absoluta– viene a reconocer derechos de riego a agricultores que ahora están extrayendo agua de manera ilegal.
El director de la Estación Biológica ha subrayado que la iniciativa de PP y Vox “dificulta aún más la solución urgente de problema”, lo que conllevará “la pérdida completa de los sistemas de lagunas temporales” y hasta que explotaciones legales “tengan problemas para regar”, sentido en el que ha lamentado “el desamparo en el que se encuentran los agricultores legales ante la incertidumbre creada por la proposición de ley”. De paso, ha cargado contra la “creación de falsas expectativas”, el empleo de una “dialéctica infantil” y la utilización de “mensajes absurdos” como que el agua de los ríos que llega al mar se pierde o la contraposición entre conservación del medio ambiente y actividad económica. Por ello, ha recordado la “obligación legal, moral y social” de resolver una situación que afecta a un “patrimonio universal de toda la humanidad”. “Ustedes han de escoger cómo quieren pasar a la historia”, ha remachado.
También se ha mostrado muy crítico el propio presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, que ha vuelto a tachar de “muy negativa” la iniciativa legislativa de PP y Vox, ya que “no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto” ante la “situación dramática que están viviendo Doñana y los regadíos”. Además de insistir en la necesidad de un pacto sobre todo entre los gobiernos central y autonómico, ha reiterado que “las cosas no se arreglan así”, con proposiciones de ley “que no se pueden cumplir, que no van a ningún lado” y que obedecen a un “pensamiento mágico que confunde el deseo con la realidad”. Asimismo, ha llamado la atención sobre que organizaciones agrarias y ayuntamientos que en principio están a favor de la ley se han mostrado “críticos” pese a ello porque “no saben cómo interpretarla ni cómo les va a afectar”, a lo que ha unido el contexto preelectoral (a menos de dos meses de las elecciones municipales) en el que se produce el debate.
En la reunión se ha evidenciado igualmente que los municipios afectados por esta propuesta (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado) no forman un frente común, con Almonte radicalmente en contra, Lucena a favor y Bonares y Moguer incidiendo en que la ley no se puede aprobar tal y como está redactada, reclamando más información y una toma de decisiones basada en datos técnicos. En esta misma línea, organizaciones como CCOO y la Confederación de Empresarios han pedido retirar el proyecto para estudiar más a fondo la cuestión.
A todo esto, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha cargado contra el Gobierno central por su “falta de interés” para resolver el problema y por no atender en dos ocasiones su petición de constituir una comisión técnica bilateral. “Hemos llegado a este punto porque el Gobierno de España se ha negado a sentarse con nosotros”, ha repetido, todo ello en un momento en el que los ayuntamientos de la comarca “no pueden seguir esperando más”, por lo que “el grupo parlamentario del PP se ha visto obligado a presentar esta proposición de ley que parte de una premisa que es innegociable: el acuífero no se toca y en absoluto perjudica a Doñana”. El proyecto, por tanto, sigue para adelante, pese a la seria advertencia que ha lanzado incluso la Comisión Europea.
Por parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha confirmado la intención del Ejecutivo central que llevar esta ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, al declarar regables unos suelos pasando por encima de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que es la que concede los derechos de agua. Este organismo estatal, por cierto, ha recordado que la Administración andaluza no presentó ninguna alegación para contar con más recursos hídricos en el marco de la reciente aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir que estará vigente hasta 2027. “Se juega el presente de Doñana. Todos los agentes tenemos la responsabilidad de velar por su integridad”, ha afirmado Morán, que ha advertido de que se corre el riesgo de “colocar a Doñana en una situación irreversible”.
Desde las organizaciones ecologistas los mensajes han sido especialmente duros, coincidiendo en la reclamación de que se retire la proposición de ley. “La propuesta tiene carácter electoralista, lo demás no les importa nada”, ha subrayado Juan Romero, de Ecologistas en Acción, que de paso ha recordado que se genera la expectativa de contar con recursos del trasvase del Tinto, Odiel y Piedras “que ya están repartidos”, por no mencionar que esta cuenca sufre restricciones por primera vez en su historia. Desde SEO/BirdLife, Carlos Davila ha puesto el acento en que esta iniciativa “acercaría a Doñana a su extinción”, mientras que Juanjo Carmona, de WWF, ha subrayado que “va contra el acuífero, contra Doñana, contra Europa y contra los agricultores legales”. “Esto es un fraude, porque ni hay derechos históricos de los agricultores ni se ha producido una injusticia”, por lo que reclama la aplicación de la normativa de 2014 que regula el uso de los suelos, un Plan de la Fresa “que dicen que no funciona aunque reconocen que no se ha aplicado”.
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