Que la Junta de Andalucía invierta más de medio millón de euros en actuaciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento de un centro sanitario no debería ser noticia. Pero en el caso del Hospital de Alta Resolución de Especialidades de la Costa Occidental, ubicado en la localidad de Lepe (Huelva), es más que llamativo: el Gobierno andaluz recibió el fin de obras de este edificio en enero de 2016 pero sus puertas nunca se han abierto.
Con la Junta y el Gobierno central enzarzados en una eterna pelea en torno a quién tiene que hacer la carretera de acceso al hospital, los usuarios de atención hospitalaria de la comarca están viendo cómo se van dando pequeños pasos en forma de adjudicaciones de rotondas o vías de acceso. Pero lo cierto es que más de 20 años después de que se comenzase a hablar de la necesidad de que la costa de Huelva tuviese un hospital alternativo a los de la capital, en Lepe solo funciona uno privado, concertado con la Junta pero carente de muchos servicios.
La actuación adjudicada
Lo último que se ha sabido es que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Central Provincial de Compras del SAS en Huelva, ha adjudicado la contratación de las obras de reparación de los desperfectos ocasionados en el hospital (antes CHARE y ahora HARE), con la finalidad de que pueda estar operativo para su puesta en marcha.
La inversión para el desarrollo de estas obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Rascón SLU, asciende a 554.224,07 euros, y consistirán en actuaciones de reparación, conservación y mantenimiento del edificio.
En concreto, las obras van dirigidas de forma específica a subsanar los desperfectos ocasionados por los temporales que han afectado a la zona en los últimos años, actos de robo y vandalismo, así como el tiempo en desuso de las instalaciones. Se trata de desperfectos que afectan principalmente al exterior del centro hospitalario. Se espera que las obras duren seis meses. Lo que aún no se sabe es si pasados esos seis meses el hospital abrirá sus puertas.
El debate de la carretera
Lo cierto es que los camiones que tendrán que transportar los materiales para estas obras tendrán que hacerlo por un camino rural que debería ser la carretera de acceso hace más de cinco años.
Y todo sigue, adjudicaciones aparte, igual que cuando la entonces consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, colocaba la primera piedra del hospital público de la costa de Huelva en diciembre de 2007. En esos meses, la Junta empezaba también los proyectos de los hospitales públicos de Aracena y Bollullos Par del Condado. Ninguno ha abierto.
Quince años después, el entonces CHARE sigue sin abrir, y hasta los equipos de “última generación” que se compraron para equiparlo o se han desfasado o se han destinado a otros centros sanitarios. La delegada territorial de Salud, Manuela Caro, asegura que su puesta en marcha se encuentra priorizada dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Junta en Huelva para el periodo 2020-2030, aunque todavía no tiene fecha, y asegura que la Junta ha adquirido “la práctica totalidad del equipamiento del centro”.
Y todo parece tener origen en los 600.000 euros que el Ayuntamiento de Lepe consignó en varios presupuestos para dotar de agua y luz al centro hospitalario. Un presupuesto que en el PSOE se le reprocha que no se dedicase a su fin real: construir la carretera de acceso al hospital. Por resumir: el Ayuntamiento de Lepe firmó un convenio con la Junta que le comprometería a hacer la carretera de acceso a condición de que el hospital estuviese en este pueblo, pero el Consistorio niega la mayor, y dice que solo le compromete a llevar agua y electricidad al centro sanitario.
Cruce de declaraciones y plazos no cumplidos
Así sigue la polémica, y en estos días, preguntadas por elDiario.es Andalucía, fuentes de ambos partidos se enrocan en su argumentario de siempre: “El otro es quien tiene que solucionarlo. Nosotros hemos cumplido”. Cuando comenzaron las obras del hospital, en Lepe gobernaba (igual que ahora) el PP en mayoría absoluta, el PSOE en la Junta y el PSOE en Madrid. Los sucesivos cambios de mandatos solo han servido para derivar la crítica por este asunto de una administración a otra. Desde el PP local no se carga ya contra la Junta de Juanma Moreno, igual que desde el PSOE lepero las críticas no van contra el Gobierno central. Pero el hospital sigue sin abrir.
La batalla dialéctica por este tema no parece tener límites. En septiembre de 2014, la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que el Gobierno andaluz licitaría “en los próximos días” las obras de finalización del hospital. Que las obras estaban paradas era un secreto a voces entonces.
Quince meses después, la UTE integrada por las empresas Añil Servicios Ingeniería y Obras SA y Solyder firmaba el final de las obras y la entrega del hospital a la Junta. Se habían invertido unos 21 millones de euros en sus 13.421 metros cuadrados. Pero la carretera no se construía. Al mismo tiempo, se contrataba a una empresa de mantenimiento para mantener el interior del edificio en buenas condiciones.
A río revuelto…
Viendo los toros desde la barrera, la iniciativa privada sacó tajada del asunto. En julio de 2017 la empresa José Manuel Pascual Pascual abría su hospital privado con 126 camas 17 años después de presentarlo. Inicialmente estaba destinado a pacientes con sanidad privada. Meses después, la Junta anuncia una sanción contra la empresa por atender a pacientes del SAS sin cobrarles, supuestamente para forzar el concierto. Si pagó o no la sanción nunca se supo. En 2021 la Junta anunció un concierto económico con este centro hospitalario, que funciona casi como hospital público desde entonces.
Entre los últimos convenios firmados en torno al hospital está el de marzo de 2021, cuando el Ayuntamiento de Lepe y la Consejería de Salud y Familias firmaban un “protocolo previo a un nuevo convenio”, que anulaba el de 2005, por el que el Consistorio lepero asumía las actuaciones necesarias para dotar de suministro de agua potable, electricidad y saneamiento al hospital público.
El Ayuntamiento siempre defendió que la firma de 2005 solo le comprometía a lo que precisamente ahora había vuelto a firmar. Las críticas políticas volvieron, pero la carretera no se puso en marcha.