La disputa que mantienen la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la empresa sanitaria José Manuel Pascual Pascual lleva camino de escribir un nuevo capítulo, en esta ocasión con el hospital Virgen de la Bella de Lepe como marco. La Junta ha anunciado la apertura de un expediente que puede conllevar una multa de hasta 600.000 euros e incluso el cierre del centro sanitario por atender de manera gratuita a pacientes con la tarjeta sanitaria del sistema público andaluz sin tener concierto.
Como refleja el documento al que ha tenido acceso el diario.es/andalucia, la Junta ha constatado “a lo largo de varias visitas” que la clínica lepera da cobertura a pacientes con tarjeta del SSPA -Sistema Sanitario Público Andaluz-, a pesar de no existir concierto alguno en este sentido. De hecho, el hospital terminó sus obras en 2002, y ya entonces se anunció su apertura mediante un concierto con la Junta. El acuerdo nunca se hizo efectivo pero el centro de Pascual abrió a finales del pasado invierno.
Desde la empresa se ha declinado hacer declaraciones, así como desde el propio centro hospitalario. Un lacónico mensaje en su web oficial cita que “15 años después de su construcción el desarrollo de la comarca, la evolución de la medicina privada y la insuficiencia de centros sanitarios han hecho viable la apertura del centro”. Unas 100.000 personas de la comarca se benefician de su apertura, con los cuatro pueblos más grandes de la provincia reunidos en unos 30 kilómetros de carretera.
“Incumplimientos reiterados”
El expediente ha sido abierto por la delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, “ante el incumplimiento reiterado de los requerimientos remitidos por esta delegación”, instándole a dejar de prestar asistencia sanitaria a pacientes, en calidad de usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz, sin concierto o convenio para ello.
El escrito, de cuatro folios en total, advierte en este nuevo requerimiento, que tiene fecha del pasado 3 de mayo, de que el citado incumplimiento “puede ser constitutivo de una infracción muy grave tipificada en el artículo 35 de la ley General de Sanidad”, y llevar consigo una sanción en el seno del procedimiento sancionador por parte de la delegación territorial.
El citado artículo contempla sanciones económicas de 15.025,31 a 601.012,10 euros, “pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción”, además de que da potestad “a las comunidades autónomas que tuvieren competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años”.
La Junta recuerda a la empresa sanitaria que este nuevo requerimiento viene a sumarse a otros dos anteriores, en los que se conminaba al hospital privado a cesar de manera inmediata la atención a pacientes públicos, cuando no tiene competencia para ello.
Asegura en el escrito que la empresa incluso ha hecho publicidad en medios de comunicación citando que tiene servicios de libre uso. Para Salud, se trata de “una actuación que puede llevar a la confusión en los ciudadanos y a la distorsión en la planificación de los centros públicos,” vulnerándose la obligación de la coordinación de todos los dispositivos de atención sanitaria por parte de la Consejería de Salud y las delegaciones territoriales“.
Por eso, recuerda que “ninguna actuación sanitaria que se genere en ese centro puede ser facturada a cargo del sistema sanitario público andaluz”, y le insta al cese inmediato de esa forma de trabajar.
Sin hospital público en la zona aún
La empresa decidió abrir su hospital después de que la Junta no haya llegado a abrir el Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) en la misma localidad de Lepe. Se trata de un hospital terminado en enero de 2016, pero Junta y Gobierno central no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que hacer la carretera de acceso al centro. Durante esa disputa, Pascual abrió su hospital privado.
Da servicio a las localidades de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, San Silvestre de Guzmán, Villanueva de los Castillejos, La Redondela, El Almendro y Villablanca, unas poblaciones que suman más de 250.000 habitantes en los meses de verano y unos 100.000 el resto del año.
Las obras de este centro privado, que cuenta con 126 camas, fueron presentadas en febrero del año 2000, y ejecutadas tras una inversión de catorce millones de euros en la obra civil, que ascendió a doce millones más para todo el equipamiento, concluyendo en 2002.
El hospital consta de una sola planta de 8.700 metros cuadrados, con cuatro consultas de urgencias, dieciocho consultas externas, sala de rehabilitación, gimnasio, paritorio, cuatro quirófanos y sala de exploración.