Dos semanas después de la declaración del estado de alarma y tras “innumerables denuncias, solicitudes formales e incluso actuaciones legales”, los asentamientos de trabajadores inmigrantes de Huelva, en los que se alojan cerca de 5.000 personas, “siguen en las mismas condiciones de insalubridad, elevadísimo riego sanitario y sin acceso mínimo al agua potable”, según denuncia este domingo la Mesa Social del Agua de Andalucía, integrada por trece organizaciones sindicales, ecologistas, ciudadanas, empresariales, agrarias y científicas.
Todas las circunstancias y detalles de esta situación ya se detallaron en el escrito que, en nombre de la Mesa Social del Agua de Andalucía, presentó Paco Casero, presidente de SAVIA, el pasado día 21. Las organizaciones que suscriben el comunicado se dirigen a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Lepe “para que tome medidas con carácter urgente para autorizar una toma de emergencia desde la red de abastecimiento operada por la empresa Aqualia”, que “facilitaría el acceso al agua a un sector de estos asentamientos, correspondientes al municipio de Lepe”.
La Mesa apoyamos también “cualquier otra solución de la misma o mejor funcionalidad que el Ayuntamiento de la localidad considerara más eficiente en orden a cubrir el Derecho Humano al abastecimiento básico de las personas afectadas”. Asimismo, la Mesa insta al Ministerio de Sanidad como autoridad competente, tal como establece el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma, “para que inste a este organismo local a que apruebe de forma inmediata dicha autorización”.
“Se trata de apoyar iniciativas que, ante la pasividad de las autoridades competentes hasta la actualidad, vayan aliviando al con menos pequeñas medidas la situación inhumana en la que están varios miles de personas que son y van ser más necesarias que nunca para la urgente realización de los trabajos agrícolas en los campos de Huelva”, dice el comunicado.