El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha asegurado que la Iglesia “no está peleada” con el legislador por la reforma de la Ley Hipotecaria que prohíbe las inmatriculaciones pero ha precisado que quizá hubiera sido preferible un “periodo de transición” en lugar de aplicar la prohibición desde su entrada en vigor.
“Creo que era interesante que la Iglesia pudiera ratificar que aquellos bienes que desde hace siglos son suyos pues que en el registro pudieran estar. Ahora viene una nueva ley. Probablemente hubiera sido beneficioso tener un periodo mínimo de transición para ver si hay algún bien que falta”, ha explicado.
En todo caso, ha indicado que la Iglesia “no está peleada, ni disgustada, ni enfadada con el legislador” por esta nueva regulación y ha precisado que, si hay bienes que hayan quedado sin inscribir, podrán hacerlo como cualquier otro ciudadano porque “existen procedimientos para hacerlo”.
Según ha recordado Barriocanal, hasta 1998 la Iglesia no podía inscribir a su nombre los templos que eran suyos porque la ley no lo permitía por lo que se dio un plazo de tiempo para que lo hiciera ya que, según señala, hay “miles y miles de bienes que son de la Iglesia”.
El pasado 25 de marzo, el Congreso envió al Senado la reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario por la que se prohíben las inmatriculaciones de bienes a las que podía acogerse la Iglesia, con el apoyo de PP, UPyD, PNV y UPN, el voto en contra de PSOE e Izquierda Plural y la abstención de CiU.
Entre las novedades que se aprobaron se renuncia a esperar un año desde la entrada en vigor de la nueva regulación para prohibir esas inmatriculaciones, a propuesta de los populares.
La justificación del PP es que “la 'vacatio legis' prevista era excesiva”, un aspecto del que precisamente la oposición ya había avisado durante el trámite parlamentario.
Según el proyecto de ley esta norma deberá entrar en vigor el 15 de noviembre de 2015, salvo este aspecto, que podrá ponerse en marcha al día siguiente de su publicación en el BOE.