Si 2020 fue un año de “parálisis” en las políticas de memoria histórica en Andalucía, el que se despide no le ha ido a la zaga a tenor de los datos ofrecidos por las asociaciones memorialistas, que denuncian que a finales de octubre se había ejecutado sólo un 15´38% de todo lo presupuestado en la materia para 2021. Las cifras, entre otras cuestiones, y ante la falta de información oficial por parte de la Consejería de Cultura de la Junta, hablan por sí mismas de la “inacción” en esta materia del Gobierno andaluz. Su cabeza visible, el presidente Moreno, fue claro en el Pleno del Parlamento un día después de tumbar, con la abstención del PP y Cs, la propuesta de Vox para derogar la Ley de Memoria de Andalucía: “Desde luego, ni vamos a contribuir con una Ley de Memoria que no representa a la mayoría de los ciudadanos, como ha hecho el Partido Socialista tanto en Andalucía como en España, impulsándola, ni vamos a colaborar con otra ley que también representa a otra parte de los ciudadanos”.
Es decir, que ni la va a impulsar ni la va a derogar. Moreno aludía en su intervención a la ley andaluza aprobada en marzo de 2017 sin votos en contra. Aquella vez, tanto PP como Cs, entonces en la oposición, igualmente se abstuvieron, como el otro día. Para Moreno, tanto aquella ley como la propuesta de Vox son “de parte” y él aboga por una ley “entre todos los grupos de la Cámara, no una ley del Gobierno”. Para el portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Antonio Manuel Mateos, el PP “no tuvo entonces la gallardía de hacer lo que le pedía el cuerpo” y ahora puede hacerlo “mientras Vox le hace el juego sucio” tras “tres años de incumplimiento total, de absoluta inacción política”, lamentando que el dirigente andaluz ponga ambas propuestas “a la misma altura”. El devenir de las políticas de la Junta en este sentido le recuerda, en todo caso, a los gobiernos de Mariano Rajoy, que dejaban en blanco las dotaciones presupuestarias para buscar fosas comunes y otras medidas de reparación memorialista. “Recortes presupuestarios, no ejecución de las partidas, dilación de los plazos administrativos e incumplimientos de la ley andaluza”, resume Mateos a elDiario.es Andalucía.
Esa “inacción” por parte de la Junta de su “obligación política e institucional” ha hecho que el movimiento memorialista haya unido fuerzas definitivamente este año para denunciar fuertemente y en las calles el “desmantelamiento” de las políticas de memoria histórica en Andalucía. Llevaban meses preparando la movilización del 13 de noviembre, aunque muchos memorialistas le veían las orejas al lobo desde que PP y Cs alcanzaran San Telmo a comienzos de 2019. Apenas en la primavera ya estaba conformada la Coordinadora Andaluza. Querían hacer ruido este otoño y llamaron para ello a todo un símbolo en la defensa de las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón, un reconocido jurista que animó a la Junta “a cumplir la ley”. Se aplacaron ciertas diferencias con la Asamblea Andaluza de Asociaciones de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo para demostrar “unidad de acción”, algo en lo que hicieron hincapié cuando el movimiento memorialista anunció la marcha en Sevilla.
Al margen de la movilización y las acciones que seguirán desarrollando, la cuestión “compromete mucho más, a la sociedad en su conjunto”. “No son sólo los huesos del abuelo”, insiste el portavoz, que alerta del “peligro para la democracia” que supone el incumplimiento “flagrante” de una norma aprobada en el Parlamento de Andalucía. Desde la coordinadora apuestan por un “frente común de la sociedad civil” para “la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo”.
Las asociaciones lamentan la escasa ejecución presupuestaria (un 4,48% de lo presupuestado para gastos corrientes y estudios previos para exhumaciones, un 0,64% de lo presupuestado para subvenciones para la investigación y divulgación, o un 0,40% de lo previsto para inversiones, siempre según datos de la Coordinadora). Este periódico ha preguntado sin éxito a la Consejería por el grado de ejecución de estas políticas durante el año que ahora termina. Asimismo, las entidades denuncian la “decepcionante carencia de actuaciones encaminadas a conocer la verdad de lo que ocurrió durante la represión franquista en nuestra tierra, a recuperar los cuerpos de sus víctimas y dignificarlos (Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición como principios fundamentales del Derecho Internacional de protección a los Derechos Humanos)”. Según el portavoz, la ley de 2017 “se está dejando morir por inanición presupuestaria” cuando “aún hay víctimas todavía olvidades en cunetas y fosas a las que no se ha rescatado del olvido ni a sus familiares”.
La Coordinadora ya difundió algunos otros de los “incumplimientos” por parte de la Junta, entre otros que “no se ha completado ninguna tramitación de nuevos lugares ni senderos de Memoria de Andalucía” mientras “siguen aguardando 34 solicitudes de inscripción” en el inventario. Asimismo, la “flagrante ausencia de voluntad política” también se aprecia en que el comité de símbolos contrarios a la memoria lleva “casi 17 meses sin ejercer ninguna actuación”, lo que ha permitido “conflictos” como los ocurridos tras la retirada de la cruz de homenaje en Aguilar de la Frontera (Córdoba), la revisión en la nomenclatura de calles en Córdoba, el espacio dedicado en El Puerto a “un teórico del franquismo” como José María Pemán o no abordar la retirada de los restos de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena. También denunció la coordinadora que, de las subvenciones de 2020 para proyectos de investigación en materia de memoria histórica, que ascendían a 260.000 euros, se financian 20 proyectos (nueve ayuntamientos, siete asociaciones y cuatro universidades) por valor de 75.000 euros (un 29% del presupuesto previsto). “Y en este 2021, solo se ha ejecutado el 0,74%”, subrayó el portavoz.
La noticia la daba a finales de octubre el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien aseguró en el debate parlamentario de presupuestos que la salida de los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano podrá abordarse una vez se apruebe la Ley de Memoria, actualmente en trámite y cuyo Proyecto de Ley fue aprobado el pasado mes de julio en el Consejo de Ministros. “Es una cuestión que, en función de la ley de 2007, no se podrá acometer. Otra cosa es que desde la ley andaluza se podría acometer y eso es voluntad de la administración de la Junta de Andalucía. Pero sí que le indico que, una vez que aprobemos la Ley de Memoria Democrática, están puestas todas las condiciones para que este tipo de anomalías en la vida democrática no vuelvan a producirse ni que estén en esos lugares públicos”, dijo Martínez en respuesta a la diputada de Unidas Podemos por Córdoba y coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde.
A ese respecto, fuentes de la Secretaría de Estado del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democráticaya explicaron a elDiario.es Andalucía que, “en virtud de lo contemplado en el artículo 38.3” del Proyecto de Ley, “se darán las condiciones para proceder a la exhumación de sus restos mortales de la basílica de La Macarena”.
Concretamente, la futura norma, de la que se ha publicado el anteproyecto de ley y que aún debe atravesar la tramitación en el Congreso y el Senado, donde estará sujeta a posibles modificaciones, prevé en ese artículo que citan las fuentes que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado”. Es el caso de la basílica de La Macarena, en Sevilla, donde yace el general franquista junto a su esposa, Genoveva Martí, como ya informó este medio.
En cuanto a la posición de la Junta en este asunto, las últimas declaraciones de la consejera de Cultura, Patricia Pozo, en quien recaen las competencias de memoria histórica en Andalucía, levantaron ampollas en el movimiento memorialista. Del Pozo, preguntada por este periódico por la tumba de Gonzalo Queipo de Llano, dijo que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”.
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