Los últimos seis miembros de la Acampada Dignidad imputados por
la ocupación del colegio Rey Heredia en Córdoba han prestado declaración ante
el juez este lunes y han solicitado el archivo de la causa basándose en el “uso
social“ que se le ha dado al inmueble, abandonado desde 2011 y que ahora
alberga actividades de colectivos sociales y vecinos.
Los seis activistas, que se suman a las ocho primeras
personas que entraron el colegio el pasado 4 de octubre y que también fueron
imputadas por el juez, han reiterado que la ocupación del centro “nunca fue
para quedarnos con él, no es un robo“ ni se emplea como vivienda, sino que en el centro se vienen desarrollando decenas de actividades sociales como clases de apoyo
para menores y adultos sin recursos, la cocina abierta y el comedor social por
donde pasan cien personas a diario, la emisora Radio Dignidad, un punto de
información sociolaboral, acciones de terapia psicológica contra los efectos de la crisis y reuniones de colectivos
sociales y vecinales de la ciudad.
Así, han querido trasladarle al juez que “un posible
desalojo del Rey Heredia lo sufriría ahora mucha gente“, ha señalado el
portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, uno de los seis activistas que
este lunes han prestado declaración en los juzgados, donde un centenar de
personas –entre ellos el ex alcalde de Córdoba Julio Anguita- les han mostrado
su apoyo.
“Hemos vuelto a ser personas”
“Hemos vuelto a ser personas”
“El Rey Heredia se ocupó ante la necesidad de la gente y los
oídos sordos que hacía el Ayuntamiento“, ha explicado su portavoz. ”Hemos conseguido
atender sus problemas, más allá de dar de comer a cien personas todos los días
o que sus hijos puedan estudiar allí por las tardes, les hemos escuchado y dado
apoyo cuando no encuentran un trabajo y no ven salida en la situación que
vivimos. Hemos vuelto a ser personas, nos dice mucha gente que es usuaria del
centro“.
E
n su opinión, “habría una gran preocupación y eso sí sería
un gran problema si esas personas ahora tuvieran que volver a su situación
anterior“, si el juez decidiese el desalojo del centro tras la denuncia que el
Ayuntamiento de Córdoba presentó por usurpación del edificio.
Estos seis activistas fueron imputados por el juez al ser
identificados por la Policía Nacional cuando los agentes se desplazaron al
colegio para elaborar un informe sobre la situación y actividad del centro a
petición del magistrado. “Nosotros no somos responsables”, han explicado. “Estábamos
allí de turno, como podían estar otras 400 personas que a diario pasan por el colegio“,
dice Rafael Juan al explicar que el Rey Heredia “funciona en asamblea, todo se
decide entre todos y no hay responsables“.
Junto a su declaración, los activistas han dado a conocer al
juez las más de 500 autoinculpaciones hechas por ciudadanos en apoyo a la
actividad desarrollada en el colegio que, junto a sus firmas, se han
fotografiado como en una ficha policial con el cartel 'Yo también ocupo el Rey
Heredia'.
Similitud con un reciente caso archivado en Asturias
Similitud con un reciente caso archivado en Asturias
Además de en sus propios argumentos, los imputados basan su
petición al juez para que archive la causa en un caso similar ocurrido recientemente en
Asturias, donde un juez acaba de ordenar el archivo del caso de la ocupación de un edificio, La Madreña, por “su uso social” y dado que “se están realizando actividades para fines
sociales en beneficio de la comunidad y que lo hace de modo adecuado, sin
causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como
sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado“
La similitud con
ese caso se da, a juicio de los activistas del Rey Heredia, tanto por el uso
s ocial que se le ha dado al colegio como por el cuidado del edificio, cuestiones ambas reconocidas además en el informe que realizó la Policía Nacional a
instancias del juez y en el que se avalaba el “uso eminentemente social” dado al centro cordobés.
Dicho informe
policial detalla, además, los “servicios” de comedor social, educativos, radio
y punto de información que se ofrecen en el Rey Heredia y abunda, en un
aparatado específico, acerca del “estado del inmueble”,
sobre
el que se señala que, “de lo observado” por los agentes en su visita al
colegio,
se aprecia que “los interiores (…) se
encuentran pintados y con un mantenimiento acorde a unas
dependencias
habitadas y cuidadas“, que se corresponden con las zonas
habilitadas
por la Acampada Dignidad para las distintas actividades que allí
tienen
lugar, mientras que el exterior del edificio mantiene “grietas y desconchones” propios del abandono en el que estaba el inmueble.