No tiene agua y está en zona de peligro: el informe de la Confederación del Guadalquivir que rechaza la macrourbanización junto a Doñana

No hay de dónde sacar agua para hacerlo y se planea construir en suelos inundables que conllevan un riesgo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se opone al proyecto de urbanización de lujo, golf y hotel en el municipio de Trebujena –junto a Doñana– al que la Junta de Andalucía dio el visto bueno hace un mes.

El informe es “desfavorable” respecto a la ocupación del Dominio Público Hidráulico y la utilización de recursos de agua en la zona. El Ministerio de Transición Ecológica recuerda que “la autorización o denegación definitiva corresponde a la Junta”.

Lo primero que analiza la Confederación es que el proyecto no es viable desde el punto de vista del agua que exige. “Las masas de agua existentes en la zona no pueden utilizarse como fuente de recurso y aún no existe concesión vigente que depende de la aprobación del trasvase”. Es decir: no hay de dónde sacar el agua.

Porque el proyecto, a pleno rendimiento, necesita casi un hectómetro cúbico para funcionar (162.000 m3 para abastecimiento potable y otros 750.000 m3 para riego teniendo en cuenta lo que se evapora antes de ser utilizado).

Por un lado las masas de agua que podrían utilizarse –Caño de Trebujena y Desagüe por Marismas– están en mal estado. Se trata “de cursos de agua extremadamente irregulares, sin recurso disponible en gran parte del año por lo que no es compatible lograr los objetivos ambientales con un incremento de las presiones sobre dichas masas de agua”. Es decir, bastante mal están como para añadirles más presión, lo que se traduce en sacarles más agua. Y recuperar el buen estado es una obligación legal.

Por el otro, el municipio de Trebujena recibe el agua desde la Demarcación del Guadalete-Barbate, no del Guadalquivir, lo que hace que enviar agua por esa vía a la urbanización, el golf, el hotel... implica utilizar un trasvase entre cuencas. Y eso requiere que se apruebe la ley de ámbito nacional. “Antes de la aprobación de dicha norma, no es posible atender a peticiones de disponibilidad de recursos hídricos con aportaciones de otro ámbito de planificación distinto del propio de la demarcación Hidrográfica del Guadalquivir”, describe el informe.

Además, no existen en la actualidad las estaciones depuradoras de aguas residuales con las que “se pretende reutilizar las aguas residuales regeneradas”.

Zona con peligro

El proyecto está a solo 260 metros del río Guadalquivir. Eso hace que caiga dentro del Dominio Público Hidráulico. Y se sitúa dentro de las zonas inundables. La normativa no prohíbe directamente levantar infraestructuras en estos suelos, pero sí dice, señala la Confederación, que “se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales”.

El informe también considera que la parcela cae en zona de flujo preferente, es decir, los lugares donde se concentraría el flujo de una avenida de agua o la vía por donde desagüe. Allí, explica, “se pueden producir graves daños sobre las personas y los bienes”.

En esos suelos, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, impide que se levanten nuevas instalaciones de muchos tipos. Entre ellos, otra vez, “depuradoras, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población”.

Como colofón, el análisis de la Confederación señala que la documentación del proyecto no indica dónde se van a hacer los vertidos de la estación de depuración de aguas asociada. Si fuera al Dominio Público Hidráulico necesitaría una autorización previa de la Confederación.