“No hay una mejora del rendimiento académico en los potenciales bonificados” con el 99% de la matrícula universitaria en Andalucía respecto a los beneficiarios de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). “Beneficia a estudiantes con un perfil socioeconómico más alto” que el de los becarios, que en el caso de Andalucía suponen el 25%, de los que un 43% pertenecen al umbral de los más vulnerables. “No parece ofrecer mejores resultados que un sistema basado en requisitos económicos y académicos, como el del MEFP”. Son algunas de las conclusiones del estudio sobre el sistema universitario público de Andalucía realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) por encargo del Consejo de Gobierno. Esta es una de las conclusiones más llamativas, por cuanto que se valora por primera vez una medida puesta en marcha en el curso 2017/2018 por el entonces Gobierno del PSOE, que incluso retó a Mariano Rajoy a hacerla extensiva a toda España.
Pero no es la única conclusión. Hay otros dos datos reveladores en torno a las instituciones académicas en Andalucía, y en ocasiones en el conjunto del país. En primer lugar, dos décadas después, persiste la misma preocupación por las debilidades del sistema universitario en Andalucía. Si en 2001 un dictamen del Parlamento de Andalucía sobre la materia identificó los déficits del mapa de titulaciones, en cuanto a racionalidad y viabilidad de la oferta, este estudio constata que no se han corregido. En segundo lugar, el informe detecta un exceso de cargos en las instituciones académicas.
Con el estudio en la mano, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ya se ha referido a ese “exceso de cargos y de titulaciones” como las primeras cuestiones que habría que abordar “para reducirlos y ganar en eficiencia”, para lo que está dispuesto a debatir con los rectores, en un momento en que precisamente las relaciones de estos con la Junta de Andalucía están tensas, como se vio con las duras críticas que le dirigieron desde la Universidad de Sevilla a su política de gasto público o la reacción de la Universidad de Granada tras la orden de cierre por la pandemia. No obstante, sobre el tema de la práctica gratuidad de estos estudios, el consejero ha pasado de soslayo, consciente de la impopularidad de cualquier propuesta en este sentido.
En este contexto, su empeño es definir nuevas políticas para solucionar cuestiones que los planes estratégicos no abordan suficientemente, e incluso algunas ni las mencionan, como también apunta la Airef. Por cierto, que la AIReF también valora una de las cuestiones que suele estar más en la agenda de los políticos y es la del modelo de financiación de las universidades. Concluye que no presentan una situación que pueda suponer una amenaza para su solvencia financiera, ni tampoco para la viabilidad de su desempeño productivo, máxime si se tiene en consideración la posición acreedora que presentan por valor superior a 322 millones de euros, siendo el deudor principal la Junta de Andalucía. Eso sí, “el principal problema está en la disponibilidad de liquidez” por los desfases.
Francisco Liñán, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, entiende que “puede haber duplicidad de titulaciones pero eso no se puede eliminar sin garantizar que todos tienen las mismas oportunidades de acceso sin depender de dónde vivan, es decir, para eliminar algunas hace falta garantizar, mediante un programa generoso de becas, estos posibles traslados que se demanden de una provincia a otra”.
De igual modo, sobre la bonificación del 99% de las matrículas, reconoce que “efectivamente, no es progresivo ni discrimina por rentas, pero la pregunta que debemos hacernos es cuál sería la alternativa”. Y se explica: “Si no hay un programa de becas generoso, entre subvencionar a todos o dejar fuera de estas enseñanzas a los que no se las pueden pagar, prefiero lo primero”. Eso sí, no oculta que el sistema universitario en Andalucía necesita mejorar y en esta línea interpreta las propuestas de la Airef.
Precios públicos
Volviendo a los precios públicos, destaca que en las nueve universidades públicas de Andalucía se observan retrocesos en sus tasas de rendimiento académico después de la introducción de las bonificaciones del 99% del coste de los créditos con solo aprobar, siendo el peor resultado el de la Universidad de Almería (-3,36%). “El rendimiento académico de los beneficiarios de las becas del MEFP, aunque también ha empeorado, es muy superior. Por tanto, cuestión pertinente y relevante: ¿ha cumplido su objetivo de aumentar el rendimiento académico?”, lanza el informe.
Propone plantear un sistema donde coexistan las subvenciones y los precios públicos compensatorios. “La contribución del alumno a la financiación se efectuaría a través del pago progresivo según los niveles de renta de la unidad familiar de la que dependa”, subraya. De una parte, busca mejorar la equidad mediante la aplicación de incentivos que permitan reducir (y luego eliminar) las barreras económicas. De otra, incidir favorablemente en la eficiencia mediante la aplicación de mecanismos de incentivación económica y con el establecimiento de unas exigencias de resultados que deberán afectar a todos los que cursen estos estudios. Plantea incluso la disponibilidad de una línea de financiación de préstamos a los que puedan acceder todos los estudiantes para poder financiar la matrícula y los gastos indirectos con un tipo de interés muy bajo o exenciones.
Se trata de un planteamiento que llega cuando el esfuerzo financiero que suponen los precios de estas enseñanzas en Andalucía es de los más bajos de España, solo por detrás de Galicia y País Vasco. Pero según la Airef, “los precios públicos y sus diferencias no tienen ninguna vinculación con diferencias en costes, eficiencia o calidad de la enseñanza”.
Titulaciones
Una de las características común de los sistemas universitarios españoles, “más acentuada en Andalucía”, según este informe, es la falta de especialización y poca complementariedad del grado con los másteres. Todas las de Andalucía pueden ser catalogadas como generalistas, pues todas ofertan titulaciones en las cinco ramas de enseñanza. Las más extendidas son 32 (representan el 45% de la oferta de enseñanzas). Pero, además, 21 de las 32 registran tasas de evaluación y de rendimiento académico inferiores a la media nacional.
De este modo, en un contexto de reducción de los universitarios desde 2002, por la propia evolución de la demografía y también por el aumento de la competencia de las privadas, la oferta de grados, sin embargo, ha crecido en un 56,5% en la pública. Esto provoca unos mayores costes medios de provisión del servicio docente. Considera que puede ser debido a los incentivos marcados por el actual reparto de financiación y a la “ausencia de unas memorias rigurosas” que contengan análisis de la demanda, inserción laboral y racionalidad económica, “que son legalmente preceptivos”. Pero lo más preocupante es que “no existe una clara vinculación a la demanda de titulaciones y a su rendimiento académico”, por lo que insta a orientar la oferta hacia titulaciones con una elevada inserción laboral e incentivar la especialización en función de las demandas de titulados del tejido productivo del territorio, un debate que dejaría fuera a muchas humanidades, por ejemplo.
Por ello, aboga por reforzar la oferta de titulaciones en la rama de Ciencias de la Salud, con una elevada inserción laboral, un rendimiento académico destacado y un mercado laboral en crecimiento, y donde hay menos plazas que aspirantes, y por potenciar la matriculación en las ramas de Ciencias e Ingeniería Arquitectura, donde por el contrario quedan puestos sin cubrir pese a sus mayores salidas profesionales. Es más, critica las pocas iniciativas de vinculación entre el mundo académico y el empresarial, entre otras cosas porque no se ha sistematizado la búsqueda de empresas para realizar prácticas; no hay seguimiento y evaluación; son demasiado escasas; falta un mapa de prácticas en Andalucía… En cambio, dejaría fuera de la oferta “temporalmente” las de baja demanda y menor inserción laboral, como las lenguas extranjeras y clásicas, geografía e historia o turismo.
Cargos
El número de cargos en las instituciones académicas “tampoco viene definido por criterios objetivos”, según la Airef. Recoge, por ejemplo, que la “moda en la figura de vicerrector está en nueve”, aunque algunas universidades superan este número con la presencia en el equipo de gobierno de cargos equiparables con la denominación de director general o comisionado del rector. Mayor variabilidad se advierte al considerar los cargos de director de secretariado (segundo nivel en los vicerrectorados) y vicedecano/subdirector de centro universitario. En total, 2.550 cargos para las nueve universidades públicas de Andalucía. Se distribuyen en gobierno de universidad (16,7%), de centros (42,8%) y de departamentos (40,5%).
En 2020, la Junta de Andalucía destinó 1.518 millones de euros a financiar las nueve universidades públicas de la comunidad autónoma, lo que representa un 3,96% de su presupuesto. Es la comunidad autónoma que más gasta en esta educación respecto a su PIB (producto interior bruto). Eso sí, no se han recuperado todavía los niveles de antes de la crisis de 2008, que la llevaron a tocar suelo en 2013.
Las transferencias de la comunidad autónoma representan en torno al 80% de los ingresos de las universidades, con un peso creciente desde 2002. Es ya el tercer sistema universitario autonómico más dependiente de los fondos de su comunidad autónoma, cuando hace 10 años era el sexto.
Sin embargo, la financiación pública captada en los organismos públicos internacionales se encuentra muy por debajo de los niveles del resto del país. También la presencia de la financiación de origen privado es notablemente inferior a la media.
La pérdida de relevancia financiera en los ingresos procedentes de las enseñanzas regladas no ha sido compensada por los ingresos de las enseñanzas no regladas. Estas se corresponden, fundamentalmente, con los postgrados (máster, especialista y experto) y con los cursos de formación continua. Los precios de estas enseñanzas, a diferencia de lo establecido para las regladas, pueden fijarse libremente.
Con la excepción de la Universidad de Córdoba (UCO), los ingresos por actividades de investigación en Andalucía se encuentran por debajo del promedio.
Con carácter general, la población activa en Andalucía presenta un menor nivel de formación académica que la que registra en España.
En general, puede afirmarse que la vitalidad de la demanda de estudios universitarios en Andalucía supera a la que se observa en el conjunto de España porque cae desde 2002, pero menos del promedio. Eso sí, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se libra de la tendencia descendente porque en el periodo ha ganado un 30% de matriculas.
Las tasas de abandono universitario son superiores a la media, lo que requiere de una estrategia dirigida a minimizarlo para reducir su impacto social y económico.
Ciencias de la Salud es la rama que presenta el mayor aumento matrículas y, en términos absolutos, alcanza la segunda posición en alumnos, tras la rama de Sociales y Jurídicas, que ocupa el liderazgo. Por el contrario, casi la mitad de las enseñanzas de Ingenierías y Arquitectura tiene menos de 50 alumnos.
La oferta de máster no ha corregido la falta de especialización de la oferta de grado, sino que agrava el problema de la racionalidad, según la Airef.