La Intervención General de la Administración del Estado ha rechazado la petición realizada por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares para que ampliara su pericial a fin de “determinar la intervención que pudiera haber tenido” la Cámara de Cuentas de Andalucía “en el mantenimiento a lo largo del tiempo de los hechos objeto de las presentes actuaciones”, pues entiende que supondría “sobrepasar claramente” su ámbito competencial.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el interventor general de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, considera que la ampliación pericial requerida “debe reconsiderarse dados los límites institucionales a los que deben circunscribirse sus cometidos y la extralimitación del ámbito competencial que supondría respecto de las funciones de este centro directivo”.
En este sentido, recuerda que “el trabajo hasta ahora realizado” por el equipo pericial “no ha rebasado la habilitación funcional que los funcionarios” de la Intervención “tienen por su pertenencia a este centro directivo de la contabilidad pública y del control interno en el ámbito del sector público estatal”.
“Sin embargo, y sin perjuicio de la adecuada competencia profesional que posee el equipo pericial designado, valorar el ejercicio de sus competencias por la Cámara de Cuentas sobrepasa claramente los límites del ámbito institucional de los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, por cuanto estarían valorando la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía”.
Y ello, según expone, “excede del marco institucional que corresponde propiamente a los funcionarios” de la Intervención “como personal al servicio del órgano de control interno del sector público”.
En el escrito, el interventor general de la Administración del Estado recuerda que la Intervención “ha atendido con diligencia” las sucesivas demandas de auxilio jurisdiccional realizadas por la juez “a pesar de las limitaciones de medios personales existentes”.
Así, y tras el primer requerimiento de la magistrada, la Intervención “designó a cuatro funcionarios para la realización de la pericia, dos del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y dos del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que hubo de retirar de otros trabajos para dedicarse a elaborar el informe pericial solicitado”.
DEFIENDE SU “COLABORACIÓN” CON LA JUEZ
Además, “se habilitaron todos los medios necesarios para que los peritos designados dispusieran de un espacio reservado común, en atención al volumen de la documentación y al debido sigilo que estos trabajos requieren, habilitándose también los medios informáticos necesarios”, a lo que se suma que el equipo pericial “ha contado con la colaboración técnica de los servicios informáticos de esta Intervención General para facilitar la adecuada utilización y tratamiento de la información contable recibida en formato PDF, lo que ha requerido el uso de sus medios, de su tiempo y de su personal”.
“Todo ello evidencia la colaboración” prestada al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “durante los dos últimos años”, la cual “dio como resultado la emisión de un amplio informe, entregado el pasado 12 de diciembre, que constaba de 1.051 folios y 34 tomos de anexo documental de 7.194 folios”, añade, precisando que este informe “daba respuesta, según me ha informado ese equipo pericial, a todos los extremos solicitados” en el auto de 7 de febrero de 2012.
A dicho auto siguió otro de 16 de diciembre de 2013 en el que se requería “la emisión de un nuevo informe sobre las funciones que la legislación asigna a la Cámara de Cuentas en la rendición de la cuenta general de la Junta”, un informe que “fue entregado el 20 de enero de 2014”, recuerda.
LA INTERVENCIÓN DESTACA LA “INSUFICIENCIA” DE MEDIOS PERSONALES
De otro lado, y en relación a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que los peritos analicen la totalidad de las ayudas sociolaborales concedidas con cargo al programa 31.L. por la Consejería de Empleo, el interventor defiende que “debe tenerse en cuenta el notable esfuerzo ya realizado” por la Intervención “en la asignación de medios personales y materiales durante dos años para la realización de la pericia encomendada”.
“Por ello, dada además la insuficiencia de medios personales existente, no es posible designar personal adicional para la realización de la ampliación pericial solicitada por el Ministerio Fiscal”, aunque “sin perjuicio del trabajo que en tal sentido puedan desarrollar los peritos actualmente designados de acuerdo con la valoración que ellos mismos efectúen tomando en cuenta el trabajo ya efectuado y los objetivos con él realizados respecto del encargo recibido”.
En este sentido, y sobre la petición de Anticorrupción, el director del equipo pericial designado asegura en otro escrito que “se está procediendo a efectuar la valoración encomendada por el Interventor General en los términos por él mismo establecidos”, por lo que “se considera que en un plazo muy breve estaremos en condiciones de dar la respuesta correspondiente, todo ello con el mejor ánimo de colaboración con la Justicia”.
ALAYA INSISTE EN SU PETICIÓN
Tras ello, la juez ha dictado un auto, consultado por Europa Press, en el que aclara que los peritos designados “no actúan en las presentes actuaciones como interventores generales del Estado, cualidad por la que estarían sujetos a ciertos límites institucionales, sino como peritos, sujetos exclusivamente al encargo judicial de realizar un informe basado en su leal saber y entender, esto es, en sus conocimientos profesionales y máximas de experiencia”, por lo que insiste en su petición para que investiguen la actuación de la Cámara de Cuentas.
En el auto, la instructora dice que “debe valorar y valora la encomiable colaboración” prestada por la Intervención General del Estado “y particularmente por el equipo pericial que ha elaborado el informe requerido”, mientras que “no se nos escapa tampoco, pues es compartida por este Juzgado, la escasez de medios tanto personales como materiales ante la magnitud de esta causa, no ya por su volumen, sino por la complejidad, alcance, normativa legal aplicable y un largo etc”.
La juez subraya que, “precisamente derivada de la meritoria labor profesional de los peritos designados, altamente cualificados para llevar a cabo la ampliación de la pericial encomendada”, les pidió ampliar la investigación a la intervención de la Cámara de Cuentas, aunque insiste en que “debe quedar claro que no actúan en las presentes actuaciones como interventores generales del Estado, sino como peritos”.