La investigación de la trama que pretendía inflar en cinco millones el precio de unos test de detección de la Covid-19, presuntamente urdida por un empresario y un asesor del consejero de Salud a finales de 2020, arroja sombras sobre el papel de algún cargo político de la Junta de Andalucía. En concreto, los investigadores de la UDEF hicieron constar en los atestados sus dudas por la actuación de Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia. Estos informes fueron remitidos al juzgado de instrucción 2 de Sevilla, que investiga el caso.
Los investigadores no creen, al menos por ahora, que estuviese implicado. “No queda acreditado de manera alguna, más allá de la mera manifestación que realizan en diferentes conversaciones”, que otras personas con rango superior al asesor participasen en la operación, concluyen en su informe. Sin embargo, también subrayan que una reunión de Sanz con el investigado pudo ponerlo en alerta, y que se produjo un “borrado masivo” de correos. También hacen constar el intenso historial de llamadas entre ambos.
Los atestados de la UDEF, adelantados por Diario de Sevilla, y a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dan cuenta del intento de Manuel García Gallardo, su hermana y otra persona de su confianza por obtener, presuntamente para sí y para un asesor de la Consejería de Salud, una mordida de cinco millones de euros a cobrar de la Junta de Andalucía. Esta cantidad se aplicaría sobre un contrato de 19 millones para la compra de cien maletines con test de detección de la Covid-19.
La supuesta trama es la siguiente, según la UDEF: a finales de agosto de 2020, Félix Guerrero, un empresario asturiano del sector biofarmacéutico, contactó con Elías Bendodo (consejero de Presidencia y vecino de su casa de veraneo) para informarle de que vendía un producto muy innovador que podía ayudar a la lucha contra la pandemia: maletines para la realización rápida de test de detección del virus. Supuestamente, Bendodo transmitió a la Consejería de Salud la información del producto, y esta acabó llegando a García Gallardo, un empresario gaditano, condenado en su día a diez años de prisión en el caso Quality Food.
Enterado de que Guerrero quiere vender, García Gallardo y su entorno contactan con él, le dicen que tienen un mandato de la Junta de Andalucía y le indican qué debe hacer para garantizarse que su oferta fuese aceptada. Según le explican, debe dirigirla a Guillermo González, un asesor de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a quien presentan como jefe de gabinete del consejero Jesús Aguirre. Pero para garantizar el éxito de la venta, debe incrementar el precio en una cantidad de la que le informarían. Un incentivo “para ellos”, le dicen.
Inicialmente, Guerrero admitió el trato, pero se desmarcó cuando le informaron de que la comisión a pagar por la Junta (añadiéndola a su factura) sería de cinco millones de euros. Entonces, calificó la comisión de “salvajada”, empezó a registrar sus conversaciones e informó de los hechos a Bendodo, quien a su vez encarga a Sanz que se entere de lo que ha pasado.
Finalmente, el intento no fructificó y acabó en los tribunales, denunciado por la propia Junta de Andalucía. El juez investiga presuntos delitos de prevaricación y cohecho, centrándose en el empresario Manuel García Gallardo, su hermana, una colaboradora y el ex asesor. En el curso de sus pesquisas, ha tomado declaración a Sanz en calidad de testigo, así como a Elías Bendodo (consejero de Presidencia) y a la mujer de este. Todos declararon previamente ante los investigadores de la UDEF.
La investigación judicial tiene su origen en una denuncia de Fiscalía, alertada de los hechos por la Junta de Andalucía, que previamente había realizado una investigación interna de los hechos. Formalmente, esa investigación, que acaba con el cese del asesor, comienza más de dos meses después de la llamada de Guerrero a Bendodo. Una vez concluida, fue el propio Antonio Sanz quien pidió a Guerrero que dejase que la Junta pusiera la denuncia ante Fiscalía. Cuando fue a declarar como testigo al juzgado, hace un mes, Sanz sacó pecho por ello: “Está claro que esto ha cambiado, no tiene nada que ver con lo de antes”, dijo, antes de asegurar que la Junta denuncia “al mínimo indicio de delito”.
Lo cierto es que la actuación de Sanz llamó la atención de la UDEF. Por ejemplo, los investigadores creen que es “incomprensible” que para investigar los hechos contactara con el autor de la presunta conducta irregular, Guillermo González, porque así probablemente alertó a la trama.
Otro dato chirría a la Policía. En sus respectivas declaraciones, tanto Sanz como González aseguraron que “prácticamente no se conocían” antes de celebrar una reunión en la que el primero pidió explicaciones al segundo. Sin embargo, existe un “relevante tráfico de llamadas” entre ambos entre el 23 y el 26 de septiembre (hasta 16 comunicaciones, entre whatsapps, llamadas y SMS). “Algunas de estas llamadas son de una duración considerable”, resaltan los investigadores. Por ejemplo, mantienen una conversación telefónica de 15 minutos. Para los investigadores, la repetición de estos contactos es “incongruente” con sus declaraciones.
Además, creen que González fue puesto sobre aviso y aprovechó para destruir pruebas. “Se observa que desde la alarma dada hasta la incoación del expediente administrativo formal de investigación transcurren más de dos meses de práctica inacción”. El asesor habría aprovechado para el “borrado sistemático” de sus correos. Cuando los investigadores accedieron a su cuenta corporativa habían desaparecido varios meses de comunicaciones.
García Gallardo y sus compinches aseguraron a Guerrero que Guillermo González (a quien se referían como “jefe de gabinete” de Aguirre) actuaba con “autorización de alguien de arriba” y que la comisión se repartiría entre varias personas “de poder”. Nunca revelaron la identidad de esas supuestas personas.
La Policía no da credibilidad a esta hipótesis. “Por parte de esta instrucción no se acogen, en este estado de la investigación, dudas respecto a la regularidad de su actuación”, señalan, antes de apuntar. “Una vez alertados, trataron de esclarecer los hechos, ciertamente no del modo más inequívoco”, comentan.
Fuera cierto o no, los investigados pretendían trasladar al empresario que el trapicheo era algo habitual en la administración andaluza. “Tenemos que pasar por caja porque si no somos nosotros serán otros y todos van pasando por caja”, llegan a decirle: “Lo que sí sabemos que cuando te piden es porque tienen que compartir, ¿eh? Que tienes que compartir y no te van a decir nunca con quién”.
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