El compromiso de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, con un mayor control de las transferencias de financiación -previo y a posteriori según la ley de presupuestos autonómicos de 2014- contrasta con la falta de información sobre las mismas en el informe anual de la Cámara de Cuentas correspondiente a 2012 -el último- lo que incluso ha supuesto una bronca entre el PSOE-A e IU. De hecho, el pleno de esta institución ha vivido esta semana una situación insólita después de que su informe anual haya tenido que ser retirado -por segunda vez- por los reparos puestos por IU, que se ha alineado con la postura del PP-A.
El trámite -que históricamente se produce sin votos en contra- estaba previsto el lunes pero finalmente el documento ha tenido que ser retirado otra vez porque tanto la oposición como los socios del PSOE-A en el Gobierno de Andalucía detectaron que “no se rendían cuentas de las transferencias de financiación”, según fuentes de la coalición de izquierdas. No es poco: estas son las partidas de las que salieron las subvenciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la jueza Mercedes Alaya y había un compromiso de mayor exhaustividad en la materia a partir de 2012.
Se trataba de votar, en un segundo intento después de que el 18 de diciembre también fuera retirado, el informe anual correspondiente al ejercicio de 2012, que ahora tendrá que volver a pasar por el pleno de la Cámara de Cuentas el próximo 30 de diciembre, y posteriormente ser visado por el plenario del Parlamento de Andalucía. Nunca antes se ha llegado al límite del plazo hasta este punto. Sin embargo, desde IU han manifestado que la fiscalización estaba “incompleta” y por eso han pedido al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López (propuesto por el PSOE-A), que se revise. Esto se produce en un contexto con tres hechos que definirán el futuro de este órgano.
El primero es que se da la circunstancia de que Mercedes Alaya ha pedido que la Intervención General del Estado investigue la labor de la Cámara de Cuentas en la fiscalización de las cuentas generales de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, después de entender que ha podido haber cierta pasividad en el control de estas partidas. Esto implica un hecho sin precedentes: que un organismo dependiente del Gobierno de la Nación, la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vaya estudiar a uno de extracción parlamentaria.
El segundo es que desde el Gobierno de la Nación se están enviado reiterados mensajes de la necesidad de eliminar duplicidades con la disolución de las cámaras de cuentas autonómicas (que además de en Andalucía existen en otras 12 autonomías). El ejecutivo de Mariano Rajoy considera que ya hay un Tribunal de Cuentas que realiza su trabajo y su eliminación supondría un ahorro para las arcas públicas.
Por el contrario, y este es el tercero, Susana Díaz pretende dotar de más compentencias a la Cámara de Cuentas. De hecho, en el primer trimestre de 2014 tiene previsto impulsar la reforma legal necesaria para que fiscalice también la contabilidad ordinaria de los partidos y no sólo la correspondiente a periodos electorales como ahora. Esto lo hace el Tribunal de Cuentas, pero con datos nacionales, es decir, no se conoce la contabilidad regional de cada partido, que es lo que desde el PSOE-A se está pidiendo al PP-A: que enseñe sus cuentas de los últimos 10 años ratificadas por un notario. Cuando Susana Díaz lanzó este reto a los populares dijo que los socialistas estaban dispuestos a enseñar las suyas, pero una vez que el PP-A no lo ha hecho, han preferido aguantarle el pulso y todos tendrán que mostrarlas por ley con el año nuevo.
Para el PSOE-A este es el motivo por el que la oposición está desprestigiándola, como cuando hace unos días el secretario general del PP-A, José Luis Sanz insinuaba que la Cámara de Cuentas podría haber sido un “chiringuito” que los socialistas hubieran usado a su antojo. Se preguntaba si habían usado este órgano “como un instrumento a su favor”, ya que “sorprende que la Cámara de Cuentas haya tapado en varias ocasiones a la Junta de Andalucía y al PSOE-A, y haya ocultado información relevante”. En todo caso, estas declaraciones suponen también que los populares están sembrando dudas sobre un organismo en cuyos dictámenes nunca han votado en contra y donde, de hecho, el PSOE-A nunca ha tenido mayoría absoluta porque su pleno está integrado por siete consejeros (uno de ellos como presidente) y como mucho ha habido tres nombrados por socialistas.
De hecho, entre 2000 y 2010 el pleno de la Cámara de Cuentas ha estado integrado por consejeros a propuesta del PP-A, PSOE-A, IU-LV-CA y PA. Es más, durante años el consejero mayor lo ha sido a propuesta de los populares, Rafael Navas, por lo que acusar a este órgano de encubrir lo que estaba sucediendo con la partida 31L implicaría culpar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria de ser cómplices. En todos estos años los consejeros no han considerado necesario la fiscalización de esa polémica partida. Y eso que cada año la Cámara de Cuentas eleva su informe, que pasa por el Parlamento de Andalucía, y en el que se estudian más de 35.000 millones de euros de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. En esta rendición de cuentas nunca se ha puesto en entredicho la labor de la institución, y durante esa década la cuenta general ha sido aprobada sin votos en contra. Es más, el consejero responsable de los informes de subvenciones efectuados durante el periodo ha sido propuesto por el PP-A: Eduardo Rodríguez Melgarejo.
Sobre su funcionamiento
Para entender cuál ha sido el funcionamiento de la Cámara de Cuentas estos años en cuanto a representación y dictámenes, vamos a contestar a dos preguntas:
¿Cómo se compone? En estos momentos el presidente es Antonio López (PSOE-A): con las responsabilidades últimas de las áreas Junta de Andalucía y cuenta general, y el seguimiento de las actuaciones. La vicepresidenta es María José Camilleri (PP-A), encargada de las corporaciones locales. Los consejeros y sus áreas son los siguientes: Carmen Iglesias (PSOE-A), Junta de Andalucía; Antonio Marmolejo (PSOE-A), corporaciones locales; Sandra Garrido (PP-A), Junta de Andalucía; Amelia Martínez (PP-A), organismos y empresas; y Javier Navascués (IU), organismos y empresas.
¿Cómo se han votado sus dictámenes? Entre los años 2000 y 2006 el dictamen de la Cámara de Cuentas se ha votado en el pleno prácticamente siempre por unanimidad, salvo en 2001 cuando hubo cinco abstenciones. En 2007 hubo un voto en contra, y además, se introdujo la votación referida a la cuenta general, donde el PSOE-A fue el único que votó a favor mientras que IU y PP-A se abstuvieron. Desde 2008 hasta 2010 el PP-A se abstuvo tanto en el dictamen como en la cuenta general, pero nunca ha votado en contra. Como tampoco lo ha hecho en el trámite correspondiente a 2011, el último votado, porque como se informaba al comienzo de este artículo, el de 2012 pretende poder votarse al tercer intento.