IU no tira la toalla en su empeño en que la Junta de Andalucía recurra en el Tribunal Constitucional (TC) el artículo 206 de la Ley Hipotecaria que permitió a la Iglesia Católica inmatricular numerosos bienes como propios, el más emblemático la Mezquita de Córdoba. Tras no ser admitida por la Mesa de la Cámara la propuesta registrada por IU el pasado 11 de septiembre por “defectos de forma”, la coalición de izquierdas espera el informe del letrado del Parlamento de Andalucía, José Antonio Víboras, para intentarlo de nuevo.
El caso es que el informe, que impidió que la propuesta de IU fuera debatida en el pleno de la pasada semana, viene a señalar que no se puede presentar esta impugnación en el TC porque es una norma de 1946 y el plazo para hacerlo expiró hace más de tres décadas. Un contratiempo que incluso ha generado cierto malestar entre los dos socios del Gobierno por entender la coalición de izquierdas que el PSOE-A se ha echado para atrás en su empeño inicial de plantar cara a esta norma.
Desde la coalición de izquierdas han recordado que este asunto “exige un debate” en el pleno y no puede ser frenado por un informe que haya presentado el letrado, de manera que están pendientes de conocer a fondo su contenido “para presentar las pertinentes alegaciones”. Igualmente, insisten en que si no es posible el recurso en el TC buscarán otras vías, como la administrativa para ir contra una ley que incurre en “inconstitucionalidad”. Recalcan que “hay otras fórmulas” para ofrecer un posicionamiento claro contra esta norma.
El PSOE, de acuerdo en la cuestión de fondo
En el PSOE-A comparten la cuestión de fondo planteada por sus socios de que con esta ley se podría estar vulnerando la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. De hecho, lo expresa de esta manera el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien ha subrayado que el Gobierno de Andalucía “llevará a cabo el mandato” que salga del pleno para adoptar todos los “mecanismos políticos y jurídicos necesarios” para declarar la inconstitucionalidad de una norma tan “anacrónica y desfasada”, cuya reforma, no obstante, ya se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Ha compartido igualmente el rechazo de IU por el hecho de que la norma “equipare a diocesanos con fedatarios públicos”.