Jaén, a la sombra de las grandes tramas de corrupción
La provincia de Jaén, aunque no es epicentro de grandes casos de corrupción, se ha visto también salpicada por el casos de los ERE fraudulentos, los cursos de formación u operaciones policiales como Madeja o Enredadera. Detenciones que permite que PP y PSOE se saquen los colores mutuamente durante su intervenciones en la campaña electoral.
Sin embargo, los dos casos más llamativos de los últimos meses se resolvieron con cierta celeridad. A finales de 2014, la operación Enredadera incluyó entre los imputados a un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Carolina, Cristóbal Pérez, quien puestamente consiguió una mordida de la empresa Fitonovo, adjudicataria de tres proyectos en el municipio. Se ha quedado fuera de lista popular.
Algo parecido ocurrió con Irene Sabelete, ex delegada de Empleo socialista quien, en 24 horas fue detenida, interrogada y puesta en libertad con cargos por Alaya en el marco de la investigación por irregularidades en los cursos de formación, y señalada por un polémico audio en el que instaba a agentes las unidades de promoción a hacer campaña en favor del PSOE. Además de su baja en el partido, se ha quedado fuera de la candidatura al Ayuntamiento de Torredelcampo en la que inicialmente iba a ocupar el quinto puesto.
El secretario general del PSOE, Francisco Reyes, insistió en que no había imputados en las listas por casos de corrupción con el matiz de no considerar corrupción las decisiones adoptadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Con ese ligero matiz, venía a salvar al candidato de Huesa, al que el PP acusa de malversación por pagar un servicio de calefacción por encima del precio pactado. Señalan que al candidato no le consta notificación judicial.
Alcalde controvertido
En las filas populares también hay nombres que desde la oposición se señalan. Por ejemplo el candidato a la reelección en La Guardia, Juan Morillo. Este controvertido alcalde ya declaró ante el juez en 2014 por supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas por el grupo municipal Urbanizaciones Unidas de La Guardia (UUG). Volverá a los juzgados el 26 de mayo, dos días después de las elecciones. En esta ocasión por una denuncia del PSOE sobre presunta malversación de fondos por no cobrar ni tramitar los expedientes de ejecutiva de 1,2 millones de euros en diferentes impuestos y tasas entre 2003 y 2012.
También el alcalde de Úbeda, José Robles (PP), declaró como imputado en un proceso abierto por la fiscalía en la investigación de una denuncia anónima que aludía a irregularidades en el pago de productividades a la policía local y el pago de la nómina a un trabajador a pesar de que durante un año no había acudido a su puesto de trabajo.
La imputación alcanza también al actual alcalde y candidato popular a la reelección en Santisteban del Puerto, al que el PSOE denuncia por un presunto fraude en el reparto de la AEPSA, el antiguo PER. En la mayoría de estos casos, la imputación tiene que ver con la obligatoriedad de declarar ante supuestas irregularidades y en el apartado de diligencias previas.
Son casos que quedan muy limitados en la escena local, en parte porque están en fase de investigación. Así las cosas, los candidatos recurren como munición política a otros que les garanticen más impacto. Al alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, se le afea que figure en la lista de los cargos populares que cobraron sobresueldos del partido. A los socialistas se les señala desde filas populares la relación del “conseguidor’ de los ERE, Juan Lanzas, con destacados cargos del partido como Gaspar Zarrías, presidente de la agrupación provincial, aunque no concurra en estos comicios.
