El auto del juez revela que los policías de Linares se encuentran en la cárcel por riesgo de fuga y destrucción de pruebas

Los dos policías que agredieron en Linares (Jaén) a un hombre y su hija de 14 años, fueron enviados a la cárcel al considerar el juez que había riesgo de fuga y de que destruyeran u ocultasen pruebas, además de para proteger a la víctima, ya que demostraron, según se puede ver en los vídeos, “sentimiento de impunidad” por “su condición de policías”.

A todo ello se añade la gravedad de los delitos: lesiones graves, con los agravantes de ensañamiento y abuso de superioridad, por los que podrían enfrentarse a cinco años de cárcel. Incluso apunta el juez que podría ser una pena “aún mucho mayor, si de la instrucción resultase que, en efecto, los detenidos han podido cometer tortura o una tentativa de detención ilegal”.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Linares, encargado del caso, por estar de guardia el día de los hechos, redactó la madrugada del sábado al domingo un auto al que ha podido tener acceso este medio en el que justifica así su decisión de dictar la prisión provisional comunicada y sin fianza, teniendo, sobre todo, en cuenta la declaración de los acusados y el atestado realizado por la Policía donde se incluyeron los vídeos grabados por los testigos.

“Actuaron desproporcionadamente”

El juez, que reconoce que en ese momento sólo ha “oído” el testimonio de los dos policías acusados, ya señala que “es evidente que los detenidos actuaron desproporcionadamente”. Y les reprocha que si “lo esperable” es que cualquier ciudadano se comporte de acuerdo a las normas y leyes y que respete los derechos de los demás, “aún más” que lo hagan dos miembros de la Policía Nacional, puesto que entre sus funciones se encuentra precisamente garantizar esa convivencia pacífica y los derechos de los ciudadanos.

Además, cree que “los investigados, a través de sus actos, han puesto de manifiesto que son incapaces de dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales, pues en caso contrario no estarían” en esa situación.

Los dos policías declararon, según el auto, que fue la víctima quien comenzó la pelea y que éste era sospechoso de haber cometido un delito de atentado contra ellos. Justificando así el haber salido corriendo detrás de él para que no dejase el lugar hasta la llegada de otros agentes que lo identificaron.

En este sentido, el juez dice que “puede ser” que la víctima comenzase la pelea y que quisiesen retenerlo para su identificación, pero que, “aun partiendo” de que eso sea cierto, “no justifica en absoluto la despreciable agresión perpetrada por los detenidos”.

“Es más”, cree que “debieron haber considerado el criterio de oportunidad y proporcionalidad” puesto que “la pelea ya se encontraba disuelta, y la policía ya estaba avisada”, por lo que no había “ninguna necesidad” de impedir que se marchase.

En cuanto al riesgo de fuga el juez ha tenido en cuenta que el arraigo familiar de los dos policías que estaban destinados en la Comisaría de Linares es escaso, ya que no tienen pareja ni descendencia, según declararon; y su arraigo laboral previsiblemente haya desaparecido, puesto que se les ha abierto un expediente disciplinario por la Policía Nacional, “siendo probable que estén cautelarmente suspendidos de su empleo, ya que se les ha retirado el arma reglamentaria”.

Riesgo de ocultación

El juez justifica el riesgo de ocultación, alteración o destrucción de prueba, porque uno de los dos policías detenidos aparece en una grabación de vídeo persiguiendo a una persona que con su móvil se acerca para captar la secuencia de lo que está ocurriendo mientras que el otro está sobre la víctima y lo tiene inmovilizado.

También se le puede ver en frente de un camarero que está barriendo lo que podrían ser los restos de vidrio de una botella empleada en la agresión, sin impedir que esto ocurra, cuando ello claramente es un vestigio del delito que se habría cometido y que, debe ser conservado hasta que aparezcan los agentes de Policía Judicial.

Además tiene en cuenta la condición de policías de ambos, que considera puede darle más facilidades que a un ciudadano medio, “para averiguar datos que les permitan influir indebida e ilegítimamente en las fuentes de prueba, principalmente, testigos”.

Por último, se refiere al hecho de que un testigo viera a uno de los agresores “bailando mientras se practicaban” las primeras diligencias, en “el mismísimo lugar de los hechos y ante varias personas”, algo que ha negado el detenido, pero que se puede apreciar en los vídeos.

Este hecho, cree el juez, puede ser una demostración de impunidad, que si “no es destruido contundentemente, es más que probable presagiar que los investigados podrían tratar de atentar contra los intereses, los bienes o los derechos” de la víctima y sus allegados.

Disparos de la policía

Por otro lado, continúa la investigación del disparo o los disparos con munición real realizados por parte de la Policía durante los disturbios que se produjeron el sábado por la noche, y por los que resultaron heridos una chica y un joven en las piernas con una decena de perdigones, al utilizarse un arma cargada con postas en lugar de salvas. 

Los hechos y los datos recabados por la Policía Judicial ya los tiene el juez, junto con las declaraciones de los dos heridos. En este caso, según fuentes de la Policía, no ha sido necesario que presentasen físicamente denuncia, ya que al tomársele declaración se les leyeron sus derechos como denunciantes y así consta.

También presentó una denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ante la Fiscalía de Jaén por la actuación policial durante las protestas y un uso desproporcionado de la fuerza. Asegurando que “se tiene constancia de al menos tres intervenciones en las que se evidencia un desmedido e innecesario uso de la fuerza”. Como un “uso injustificado del bastón policial extensible, el empleo de la defensa de dotación, la conocida como porra, cerca de menores y el arrastre de una persona sobre el suelo”.

Al parecer, la Fiscalía se habría inhibido en favor del juzgado, al estar este investigando los hechos, a raíz de las denuncias y el atestado de la Policía.