Si en algo se caracterizan los cien primeros días del actual mandato popular en el Ayuntamiento de Jaén, uno de los más endeudados de España, es en la continuidad de la gestión, con la única diferencia del color político del pleno, más variado y sin mayorías absolutas, al contar con Jaén en Común y Ciudadanos y desaparecer de la bancada Izquierda Unida.
José Enrique Fernández de Moya (PP) tomaba posesión como alcalde hace tres meses, en un acto en el que hasta el último momento sobrevoló la duda sobre si habría un acuerdo tripartito a favor del candidato socialista, Manuel Fernández Palomino, pero que no llegó a prosperar al votar en blanco Ciudadanos.
Ya parecen quedar lejos esas caras serias de la bancada popular hasta que conocieron el resultado de las votaciones, que finalmente se saldaron con doce votos para PP, nueve para PSOE y tres Jaén en Común y el voto en blanco de los tres concejales de Ciudadanos (C's), que dejaron la alcaldía en manos del PP, otros cuatro años más, aunque en esta ocasión sin mayoría absoluta.
Continuidad, austeridad y gestión de la ruina son las claves de este inicio de mandato. La de un Ayuntamiento que se encuentra en “quiebra técnica” y convierte a su equipo de Gobierno en una especie de “administradores concursales”. El propio alcalde, José Enrique Fernández de Moya, hablaba hace unos días de un equipo de Gobierno valiente, serio, responsable “trabajando al pie del cañón y tomando cada día medidas para sacarlo del pozo” en el que, dice, lo metieron “socialistas y comunistas” en aquel mandato que compartieron allá por 2007/2011.
No piensa así la concejal de Jaén en Común, María Dolores Nieto, que cree que el aumento de deuda desde que llegó Fernández de Moya a la Alcaldía “ha sido casi mayor incluso a los doce años anteriores” en los que los populares gobernaron con mayoría absoluta.
Se trata de un pozo que parece no tener fondo, a la vista de la situación económica del Ayuntamiento, que ha necesitado unos 98 millones de euros en préstamos para hacer frente a la falta de liquidez. Y donde pagar las nóminas de un abultado Consistorio es una meta mensual no fácil de superar.
El Ayuntamiento vuelve además a acogerse a una herramienta del Gobierno central para pagar deudas, en este caso, los 70,2 millones de euros destinados a sentencias judiciales firmes impagadas desde hace 20 años. Algo que será posible gracias, -como no se cansa de repetir su alcalde-, al apoyo del PP, el único que votó a favor, de acogerse a la herramienta dispuesta para ello por el Gobierno central.
Es precisamente el Ministerio de Hacienda, el “gran aliado” del Ayuntamiento del Santo Reino, como señala Fernández de Moya, -la última vez en la visita de la ministra de Empleo, Fátima Báñez a la capital esta misma semana-, frente a la falta de apoyo y los enfrentamientos con la Diputación provincial y la Junta de Andalucía.
La última ayuda del ministro jiennense, Cristóbal Montoro, ha sido la de permitirle una nueva reducción de la retención de las entregas con cargo a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) para dar al Consistorio liquidez. Así se ha pasado de una retención del cien por cien, unos 2,2 millones al mes, a liberar el 50 por cien, lo que facilita seguir prestando los servicios públicos y afrontando el pago de las nóminas.
Esta es precisamente una de las quejas del principal grupo de la oposición. La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Mercedes Gámez, lamentaba que el alcalde celebrase sus 100 días de Gobierno municipal solicitando 28 millones de euros nuevos en un préstamo adelantado de la PIE. Con lo que ya sería, según el PSOE, casi 130 los millones de euros comprometidos en pólizas, adelantos de impuestos y créditos a bancos los que el PP ha firmado desde que se iniciase el nuevo mandato.
Para los socialistas, cada día de los cien del segundo mandato de José Enrique Fernández de Moya en el Ayuntamiento de Jaén ha costado a los jiennenses 1,5 millones en deudas por préstamos y créditos. En este sentido la viceportavoz socialista considera “un poco bochornoso que quien cerró cuatro años de mandato con una deuda de 700 millones de euros se muestre ufano de comenzar este nuevo mandato con semejante pufo”, y critica la falta de voluntad del alcalde para sentarse a negociar con el resto de grupos de la oposición un saneamiento a largo plazo.
Según la concejal de JeC, María Dolores Nieto, estos adelantos solo permiten “resolver problemas de liquidez puntuales”, pero no los soluciona sino que “mete los problemas de fondo debajo de la alfombra”. De la misma opinión es Manuel Montejo, portavoz de Jaén en Común, que asegura que ya están acostumbrados a comprobar cómo se hipoteca el futuro de la ciudad con intervenciones sin consenso, aunque en esta ocasión él se refería en concreto a la propuesta de peatonalizar el centro o al uso que pretende hacer el Ayuntamiento del solar donde se encontraba Simago.
Austeridad, micropolítica, empleo, vivienda, más una lista de pendientes
Austeridad y micropolítica, son las palabras que caracterizan, en parte, este inicio de mandato, según el alcalde. Austeridad, porque cuando se formó la nueva Corporación se acordó la reducción en más de un 70 por cien de la asignación de los grupos políticos. Y micropolítica, por la relación con el asociacionismo vecinal, el asfaltado de calles, o la limpieza de solares y parques.
Otros aspectos destacados por Fernández de Moya han sido el empleo y la vivienda. En cuanto al primer tema, es considerado por el primer edil como un objetivo prioritario, y donde el Gobierno central también tiene su parte, gracias a un plan destinado a los jóvenes, con el apoyo de la Escuela de Organización Industrial (EOI) que se ejecutará en 2016 con un presupuesto de 400.000 euros financiado al 98 por cien por el Estado y el dos restante, por el Ayuntamiento. En cuanto a la vivienda, en estos tres meses de mandato, el alcalde señala la aprobación por parte de Somuvisa de dos nuevas promociones públicas que suman 84 inmuebles.
Tres meses y más de tres años restan para completar una lista de actuaciones pendientes y arrastradas del anterior mandato. Entre ellas, la polémica sobre qué hacer con un tranvía fantasma, construido pero que nunca ha funcionado, y que divide en dos la ciudad, tanto física como ideológicamente. El último capítulo de esta historia fue el robo de material informático en las oficinas centrales del mismo, que enfrentó a socialistas y populares, con acusaciones veladas de estos últimos a un supuesto móvil político en el delito.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesita las últimas aprobaciones, y es origen de acusaciones mutuas: el Consistorio acusa a la Junta de poner piedras en las ruedas para retrasar su aprobación definitiva. La finalización del parque de La Alameda de Capuchinos, ahora Alameda Adolfo Suárez, una noticia anunciada en variadas ocasiones y distintas fechas; o qué hacer con otra obra fantasma como es el parque acuático, después parque de aventuras y ahora un solar con viales y edificios abandonados y semi en ruinas son algunos asuntos de la lista en el capítulo de pendientes.
Eso sin olvidar temas con un permanente tira y afloja con otras administraciones como el pago del servicio de ayuda a domicilio y las escuelas infantiles, o el Consorcio de Transporte Metropolitano.