La Fiscalía de Jaén ha abierto diligencias de investigación penal por “presuntos delitos de lesiones” que habrían cometido agentes de la Policía Nacional durante los disturbios que tuvieron lugar en Linares (Jaén) el pasado 13 de febrero y por los que dos policías ya fueron detenidos. En este caso se trata de un “uso desproporcionado de la fuerza tanto en la práctica de varias detenciones como durante la realización de algunas cargas policiales”, tal y como denunciaron hace unas semanas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Plataforma Defender a Quien Defiende e Irídia (Centro de Defensa de Derecho Humanos). La Policía Nacional de Linares, según trascendió en su momento, abrió una investigación en qué circunstancias resultaron heridos dos jóvenes con balines la noche en la que se produjeron los disturbios en protesta por la brutal agresión a un hombre y su hija de 14 años en una terraza de un bar.
Los hechos relatados por los denunciantes “pudieran ser, en principio y sin perjuicio de una posterior calificación jurídica, constitutivos de presuntos delitos de lesiones”, dice textualmente el decreto de Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico y que remite las diligencias de investigación al juzgado decano de Linares “a efectos de la investigación de los hechos y las personas responsables. Según en el escrito de denuncia de las citadas organizaciones, ”en varias de las intervenciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional con el propósito de disolver las protestas se observó un uso desproporcionado de la fuerza tanto en la práctica de varias detenciones como durante la realización de algunas cargas policiales“.
De forma paralela, el Defensor del Pueblo de España ha trasladado a dichas entidades que el pasado 24 de febrero inició una actuación de oficio ante la Dirección General de la Policía y la Subdelegación del Gobierno en Jaén “por los acontecimientos que usted relata en su escrito”, según destaca la institución dirigida en funciones por Fernández Marugán. Las organizaciones, además de la denuncia, remitieron una queja tanto al Ministerio del Interior como al Defensor del Pueblo Español en la que solicitaron «que se activen los mecanismos internos de depuración de responsabilidades en las actuaciones que se hayan podido producir casos de mala praxis o indiciariamente delictivos por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» y «que se determine qué agentes dieron las órdenes o autorización para el uso de material antidisturbios tales como bolas de caucho y armas de fuego y/o postas, y se lleve a cabo una investigación sobre el material utilizado y por parte de qué agentes, a fin y efecto de remitirlo al Juzgado si fuera necesario».
Disparo de proyectiles
APDHA, Iridia y la Plataforma Defender a Quien Defiende denunciaron «un uso desproporcionado de la fuerza durante algunas de las detenciones». Así, a través de diferentes vídeos publicados en redes sociales que se aportaron en la denuncia, las organizaciones señalaron que «se tiene constancia de al menos tres intervenciones en las que se evidencia un desmedido e innecesario uso de la fuerza». Durante las actuaciones referidas se constataba un «uso injustificado del bastón policial extensible, el empleo de la defensa de dotación -la conocida como porra- cerca de menores y el arrastre de una persona sobre el suelo».
Igualmente advirtieron que durante la intervención de la Policía Nacional con el objeto de disuadir las protestas «también se dispararon bolas de goma». En especial, incidían en que «en una de esas intervenciones se comprueba cómo tras el disparo de un proyectil de goma cae uno de los manifestantes al suelo y queda inconsciente». En la misma grabación, «se puede ver cómo agentes de policía nacional, al ver el estado en el que se encuentra la persona, la voltean y manipulan sin tomar las precauciones necesarias en caso de lesiones graves, la arrastran hacia un portal y la dejan sola; desconociéndose aún cuánto tiempo estuvo en esta situación y cuánto se tardó en procurarle asistencia médica». Otro hecho denunciado fue el referido al uso de «una escopeta de postas contra dos de los manifestantes».
Las organizaciones solicitaron en la denuncia que por parte de la Fiscalía Provincial de Jaén «se identifique a todos los agentes actuantes, especificando grupos operativos y mandos policiales (medios y superiores), así como el máximo responsable del operativo en terreno, y se les tome declaración». Igualmente, amparándose en una reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instaron a que «se lleve a cabo la recogida de todas las armas que fueron utilizadas, haciendo constar qué agentes usaron armas (sean escopetas de bolas de caucho o armas de fuego) y las características técnicas de las mismas». A su vez, requirieron que «se remitan las comunicaciones realizadas por radio u otro dispositivo, con el objeto de determinar qué órdenes se dieron en relación al uso de material antidisturbios y qué agente o agentes lo autorizaron, ordenaron o permitieron». Por último, instaron al Ministerio Fiscal a que solicite «copia de la cobertura audiovisual realizada durante el día 13 de febrero a propósito de las protestas, con la finalidad de determinar la identidad de los sujetos que hubieran podido participar en la comisión de los hechos denunciados».