El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Jaén ha dictado una resolución que obliga al Consistorio local a readmitir en su puesto a uno de los letrados del servicio jurídico. Según el auto, al que ha tenido acceso este medio, la salida del profesional del área no estaba justificada porque genera una sobrecarga de trabajo para los abogados del Ayuntamiento y puede servir de excusa para “externalizar el servicio”. Una resolución que se produce justo cuando el concejal encargado de los servicios jurídicos, el popular Vicente Oya, ha sido reprobado por los propios letrados.
El origen de este caso está en el pasado 22 de diciembre. Aquel día, el Ayuntamiento de Jaén, liderado por el Partido Popular y Jaén Merece Más, relevó de su puesto en los servicios jurídicos a uno de sus tres letrados. En concreto, el abogado consistorial fue reubicado en el área de Gestión Tributaria, lo que en esencia dejaba “muy tocada” la labor judicial del Consistorio, según fuentes de los servicios jurídicos. La decisión, amparada por el alcalde de Jaén, Agustín González, fue tomada por el concejal encargado de los abogados, Vicente Oya. Un movimiento que fue duramente criticado por los letrados, hasta el punto de que han pedido que deje sus funciones en el área.
Según el jefe de los servicios jurídicos, Luis Hernández, el edil busca socavar la independencia del área jurídica del Ayuntamiento de Jaén para “interferir” en causas judiciales concretas que afectan a los populares. Una acusación que se sustenta en el hecho de que la tensión es elevada entre las partes desde que Oya, que es decano emérito del Colegio de Abogados de Jaén, fue designado como concejal el pasado mes de junio. “Desde esa fecha, se nos ha presionado y se nos está señalando, llegando a decirnos que se están elaborando informes sobre cada uno de nosotros”, apunta Hernández.
En esa tesitura, el pasado 22 de diciembre, el concejal encargado del área jurídica decidió reubicar de puesto a uno de los letrados y llevarlo a Gestión Tributaria, dejando con dos profesionales el gabinete judicial del Consistorio. Para Hernández este cambio no estaba justificado, pese a que el propio Oya sostiene que su único interés es “poner orden en la asesoría jurídica”. Al no estar de acuerdo con esa apreciación, Hernández presentó un escrito ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén pidiendo que se restituyese al tercer abogado consistorial. Algo que finalmente ha conseguido tras una vista celebrada el pasado 11 de enero.
El juez que ha dictado el auto le da la razón al jefe de los servicios jurídicos de Jaén y conmina al Ayuntamiento a devolver a su puesto original al letrado apartado. El magistrado, en el escrito al que ha tenido acceso este medio, aclara que “sin discutir la potestad de autorganización de la Administración publica, no puede 'vestir a un santo para desvestir a otro'”. Continúa señalando que, de no restituir al abogado del Consistorio, “se crearían situaciones jurídicas irreversibles ante la dificultad de hacerse cargo. sólo dos letrados, de la cantidad de procedimientos en tramitación”.
Es más, según se desprende del auto, el Ayuntamiento de Jaén defendió, en la vista celebrada la semana pasada, la reubicación del abogado reconociendo su voluntad de externalizar los servicios jurídicos. Para el juez, “ello supondría un endeudamiento mayor de las arcas municipales”. Con todo, el Consistorio puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este medio ha preguntado al respecto, pero aún no ha obtenido respuesta.
Por otro lado, el letrado protagonista de este caso está preparando su propia demanda a través de la justicia ordinaria por lo sucedido. Además, este miércoles está previsto que los abogados municipales se reúnan con el alcalde, Agustín González, para trasladarle su descontento con Vicente Oya por el que piden que deje de dirigir su área.
La decisión judicial supone un revés para Vicente Oya, ya que un tribunal ha frenado, de momento, su intención de reorganizar los servicios jurídicos con el fin de acabar contratándolos a través de un gabinete de abogados externo, tal y como defendió su defensa en la vista por la reubicación del tercer letrado del área. Pero también ocurre justo cuando el Ayuntamiento ha decidido darle a los propios abogados consistoriales la resolución del caso que investiga “irregularidades” en Aqualia, la empresa concesionaria del suministro de agua en Jaén.
Pese a que en septiembre se anunció que la entidad y el Consistorio habían llegado a un acuerdo para detener la causa judicial abierta por la que Aqualia, según el anterior bipartito entre PSOE y CS, debe 63 millones de euros a las arcas municipales, lo cierto es que de nuevo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Jaén ha apremiado a las partes para que se pronuncien sobre el archivo o la reanudación de la causa. Una decisión que recae, según confirman los servicios jurídicos, en los letrados consistoriales, pese a la tensión existente con el concejal Oya. Para Luis Hernández, portavoz de los abogados del Ayuntamiento, el hecho de que este tema vuelva a recaer en ellos es fruto de la “presión” ejercida para reprobar al edil.
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