El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial la causa seguida contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas; de cara a la celebración del correspondiente juicio.
Así figura en una providencia del juez de Instrucción Juan Jesús García Vélez emitida el pasado 12 de mayo, difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recogida por Europa Press.
En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, así como con relación a otras siete personas.
En esta nueva providencia, en cualquier caso, el juez instructor acuerda que, “habiendo finalizado el plazo concedido a las partes para presentación de escritos de defensa y estando conclusa la fase intermedia (...), remítase el procedimiento a la Audiencia y, en su caso, las piezas separadas correspondientes para que procedan a su reparto, quedando a disposición del Órgano Judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas”.
El pasado 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma frente a la pandemia, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.
Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el día 3 de diciembre de 2019, el instructor acordase por medio de un auto continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
En su auto de procedimiento abreviado el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron “procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, incurriendo en ello en “la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido”, que eran “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado”.
“En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”, explicaba el juez instructor, según el cual “el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros”.
Ya en el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la “relación existente” entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así “la presunta responsabilidad civil subsidiaria” de UGT Andalucía, por lo que procedía “requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa”.
Lo mismo consideraba el juez respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuía su “presunta responsabilidad civil subsidiaria”, considerando además que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández Sevilla y los demás exmiembros de UGT-A, y como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.
En su auto, el juez imponía una fianza de 40.750.047 euros a Fernández Sevilla y los restantes exresponsables de UGT-A, de manera “conjunta y solidaria”, imponiendo al resto de investigados fianzas que oscilaban entre 638 euros y más de un millón de euros. Además, requería a UGT-A para que, para el supuesto de que Fernández Sevilla y los demás investigados relacionados con el sindicato no prestasen la fianza exigida, “preste en igual plazo de un día la fianza” de 40.750.047 euros solicitada a los mismos.
A continuación, el juez instructor requería a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía las fianzas asociadas a las personas investigadas con relación a tales entidades, “para el caso de que los acusados no presten la fianza exigida”.
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