Las concentraciones de este jueves a las puertas del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde varios sindicalistas increparon a su titular la jueza Mercedes Alaya, han provocado un rechazo casi unánime, especialmente en la justicia, y han recibido el calificativo de “acoso” hacia la magistrada que investiga el caso de los expedientes regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta de Andalucía.
La situación vivida contrasta con la del pasado mes de julio, cuando los que se concentraron fueron los de la plataforma 'La resistencia ciudadana', con un centenar de personas que se reunieron para darle las “gracias” por su trabajo. Sin embargo, si aquella concentración no tuvo ningún eco entre los políticos y la judicatura, esta vez, el hecho de que se escucharan insultos y abucheos contra la magistrada, ha provocado múltiples reacciones.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha recordado que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos”. Igualmente, ha indicado que “asegurar la independencia de actuación y la seguridad” es un terreno en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “dirá lo que estime procedente”, pero en su opinión, con lo ocurrido en Sevilla “se sobrepasaron los límites”. En todo caso, se ha mostrado convencido de que la juez seguirá tomando sus decisiones “con la objetividad, la imparcialidad, distanciamiento y sujeción a la legalidad”.
La Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por su parte, ha mostrado su rechazo a lo que ha calificado de “actitudes cercanas al acoso”. Ha condenado por ello las “injustificables descalificaciones personales” dirigidas a la juez por miembros de CCOO y UGT con motivo de la puesta a disposición judicial de los sindicalistas detenidos en el marco de la nueva operación por el caso ERE, todos ellos en libertad con cargos tras declarar.
También el vicepresidente CGPJ, Fernando de Rosa, ha condenado los insultos y le ha mostrado a la jueza su apoyo más absoluto: “Que se presione a un juez con unas manifestaciones ante las puertas del juzgado, increpándola e insultándola, es una de las escenas más tristes que últimamente he visto en nuestra sociedad”.
Mientras, la asociación Jueces para la Democracia considera “inadmisible” lo ocurrido. “Es inadmisible que se efectúen descalificaciones, insultos o presiones contra un miembro del poder judicial, que está actuando de forma independiente para aclarar una serie de hechos que, indudablemente, revisten una enorme gravedad”, ha dicho su portavoz, Joaquim Bosch.
Desde la política también han llegado muestras de apoyo a la juez. La vicepresidenta del Gobierno de la Nación, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido que se respete la labor de la magistrada, rechazando una situación que “no es admisible en ninguno de los casos”.
Mientras, la vicesecretaria general portavoz del Partido Andalucista (PA), Marta Mejías, ha criticado estos “insultos machistas” y ha exigido a los sindicatos UGT y CCOO que los reprueben. También el PP-A ha exigido una “condena contundente” de los hechos, en palabras de su secretario general, José Luis Sanz. Éste ha pedido que tanto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como los líderes regionales de CCOO y UGT, Francisco Carbonero y Francisco Fernández, muestren su rechazo por lo ocurrido.
Por el contrario, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), ha opinado que “todos los poderes”, incluido el judicial, “deben entender” que, en democracia, “están sometidos a la crítica”. En su opinión, “la sociedad hace llamadas de atención a todos los poderes, y, en esos casos, hay que tomarlo, con normalidad”.
Sí ha sido más contundente el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, para quien las concentraciones en los juzgados no contribuyen “a la clarificación de las cosas” y todo lo que no ayude a ese fin “no son prácticas que sean positivas”. Eso sí, ha instado a que “cuanto antes vayan a declarar esos imputados que se van acumulando”, puesto que sería un “escándalo absoluto” no saber la verdad de casos de corrupción como este o el del extesorerro del PP Luis Bárcenas “hasta dentro de diez u once años”.