Con el “visto para sentencia” del pasado lunes 17 de diciembre en el juicio de los ERE se daba fin al rosario de sesiones, inundadas principalmente de conceptos técnicos, que trata de dirimir responsabilidades penales en la acción o inacción de una veintena de dirigentes de la Junta de Andalucía. Un auténtico máster para propios y extraños en contabilidad presupuestaria y hacienda pública, leyes y normativa, con innumerables detalles en muchas ocasiones exclusivos para expertos en la materia. Una “experiencia vital”, llegó a decir el expresidente Manuel Chaves el último día, que ha llegado a su final con menor relevancia mediática que con la que se inició.
La rutinaria presencia de los acusados en la sala, de la que se pudieron ausentar durante varios meses con permiso del tribunal, dejó de ser noticia. Por muy graves que sean las acusaciones y las consecuencias que pueda tener para muchas personas, más allá de las cuestiones políticas, la tecnicidad del juicio y el paso del tiempo provocaron que la vista oral se desinflara con los meses, salvo en algunos picos informativos de interés. La sentencia, el siguiente paso, no llegará antes del verano.
Nada menos que dos expresidentes andaluces, seis exconsejeros y otros 13 exaltos cargos de la Junta ante un tribunal de justicia (eran un total de 22 pero la Fiscalía retiró su acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa) sentados en el banquillo. Anticorrupción, PP y Manos Limpias (salvo en el momento en que retiró los cargos por malversación contra los 15 acusados por este delito) se han mantenido más o menos firmes en sus argumentos de acusación: que hubo un sistema fraudulento para la concesión de ayudas a trabajadores y a empresas en crisis, que hubo un concierto al más alto nivel para evitar la fiscalización de las mismas y se pudieran otorgar de manera arbitraria, y que ello colaboraba en mantener una “paz social” que, como fin último, tenía la intención de mantener al PSOE al frente de la Junta de Andalucía. De hecho, para los populares, Chaves y Griñan fueron “la cúspide de la pirámide” de los ERE.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, por su parte, han querido dejar claro que la Junta de Andalucía no actuó contra el sistema “ilícito” y “opaco” de concesión de ayudas pese a que los acusados que se sentaban en el banquillo tuvieron “conocimiento” del mismo. Se trataba de una “práctica reiterada” que derivó en que los fondos públicos salieran “de la misma forma ilícita” durante años, aseverando la “gravedad de los incumplimientos” en cuanto a que se pudo “revisar” el sistema desde aquel mismo 2004 y no desde 2011, incidiendo en el “daño efectivo, real y cuantioso de caudales públicos”, aludiendo al menoscabo de los mismos como han venido reiterando las acusaciones.
La falta de advertencia de las supuestas ilegalidades, la falta de competencias o el respaldo de la normativa han sido los argumentos más utilizados por las defensas de los acusados. “Recuerda usted si....” fue el arranque de pregunta más recurrente entre la pareja de fiscales anticorrupción, que se fueron relevando en los interrogatorios entre enero y abril según qué acusado. ¿La respuesta más frecuente? “No lo recuerdo, señor fiscal” y sus variedades “lo desconozco” o “no lo sé, puede ser”. Los informes finales de sus abogados no han hecho más que apoyar jurídicamente la posición que, unos mejor que otros, defendieron ante el tribunal.
Los informes aportados a la causa por los peritos de auxilio judicial (elaborados por técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado designados por el juzgado instructor) y por los peritos de parte propuestos por algunas de las defensas centraron las sesiones después del verano. Los primeros ratificaron “absolutamente” todos sus dictámenes y apuntalaron su idea de que las transferencias de financiación fueron usadas “indebidamente” e “ilegalmente” por parte de la Junta. Los segundos, por su parte, matizaron numerosos conceptos durante la prueba conjunta y expusieron su postura contraria al equipo de auxilio judicial designado por Alaya en 2012.
“Juicios paralelos”: Núñez Bolaños y el Senado
Con todo, el juicio ha abordado específicamente la supuesta ilegalidad del sistema, con el beneplácito de los más altos cargos del Gobierno de la comunidad durante una década, y no las múltiples consecuencias del mismo que, a su vez, están desgranadas en decenas de piezas que instruye el juzgado, dirigido desde 2015 por la jueza María Núñez Bolaños. Con algunas resoluciones, la instructora ha puesto en duda algunas de las cuestiones que paralelamente se han ido presentando en el juicio de la llamada ‘pieza política’, como por ejemplo cuando contradijo a los peritos al señalar que los beneficiarios de las ayudas son los trabajadores y no las empresas.
Núñez Bolaños, de hecho, ya ha excluido al principal imputado del caso ERE, Francisco Javier Guerrero, de más de 20 piezas separadas. Su defensa alega el principio 'non bis in ídem' por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Por otro lado, su abogado en el juicio alega que el exdirector de Trabajo actuó “dentro de la legalidad” y “en base a normativa estatal”, otorgando ayudas bajo “un procedimiento que le fue dado por sus superiores, consejeros y viceconsejeros”. Otro argumento esgrimido por varias defensas es que había que haber traído al juicio a los más de 6.000 beneficiarios de las ayudas de los ERE “como partícipes a título lucrativo” y así poder concretar la cuantía malversada, que según la Fiscalía supera los 600 millones de euros.
Paralelamente al desarrollo de la vista oral, y a las siempre presentes elecciones en Andalucía en diversos puntos del proceso, ha discurrido recientemente la comisión de investigación de la financiación de partidos, guiada en solitario por el PP dada su mayoría en la Cámara Alta. Susana Díaz, que compareció el 8 de noviembre, argumentó que se trataba de “un juicio político” y que su presencia en dicha comisión obedecía a que era la candidata del PSOE“. Chaves, por su parte, lamentó que no hubiera motivos para ser llamado al no haber en el sumario ”ni pruebas ni indicios“ de su presunta participación en la financiación ilegal del PSOE. Griñán, como Chaves, guardó silencio sobre los ERE para ”preservar“ su ”derecho de defensa“ en el juicio.
Con todo, el juicio se ha desarrollado con normalidad. Algunos retrasos se han generado en los últimos meses, sobre todo durante la práctica de la prueba pericial conjunta, que se alargó más allá de lo deseado. No exento de anécdotas, la vista oral se ha celebrado con normalidad y de ello presumió el tribunal en la última sesión, con agradecimiento expreso a todas las partes por su colaboración. Ya solo queda que se dicte la sentencia que, por contra, es seguro que no será del gusto de todos.