Un tribunal anula el plan andaluz para volver al concierto abierto con clínicas privadas un mes antes de entrar en vigor

Una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha obligado al Gobierno de Juan Manuel Moreno a anular la adjudicación del ambicioso plan para volver al concierto público con la sanidad privada, tras cinco años prorrogando contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, casi de forma sistemática.

El plan b para acabar con ese procedimiento excepcional de contratación y volver a los conciertos ordinarios eran dos Acuerdos Marco, con un presupuesto estimado de 533,3 millones de euros, y que fijaban las condiciones homogéneas, con publicidad y concurrencia para contratar con la sanidad privada la derivación de miles de pacientes pendientes de una cirugía o de una prueba diagnóstica.

Los 39 lotes en los que se subdividen esos Acuerdos fueron adjudicados a entidades privadas el pasado 9 de mayo, pero algunas empresas recurrieron el reparto y el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta lo dejó sin efecto, obligando a “retrotraer las actuaciones” al momento en que la Mesa de Contratación había acordado propuestas de exclusión de las empresas que se quedaron descolgadas del procedimiento.

El plan para volver a la contratación ordinaria arrancó hace año y medio, en noviembre de 2023, pero una nueva dirección gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) lo metió en el cajón apenas un mes después, y optó por prorrogar otra modalidad de contratos a dedo (negociados sin publicidad) hasta finales de junio. La decisión del Tribunal de Recursos Contractuales hace tropezar el proyecto a un mes para su entrada en vigor, según el calendario previsto por la consejera de Salud, Rocío Hernández.

El SAS llevaba meses anunciando “el plan de choque” definitivo para embridar las listas de espera de pacientes y, de paso, poner fin a las críticas de la oposición por el abuso de los contratos a dedo hasta mediados de 2024 “con excusa de la pandemia”. Se trataba de volver a un procedimiento abierto de contratación al que se pudiera presentar cualquier entidad que reuniese los requisitos (unas 700 clínicas en el sector).

Aunque en la práctica los grandes grupos sanitarios privados que acapararon los contratos a dedo fueron los mismos que, tras aliarse en uniones temporales de empresas, se repartieron los concursos de la Junta, como adelantó elDiario.es Andalucía.

Desde el SAS aseguran que el pronunciamiento del Tribunal de Recursos Contractuales “no afecta a los plazos y no se ha suspendido la adjudicación”, a raíz de la información avanzada en El Correo de Andalucía. “No hay nuevos retrasos y no conlleva prórrogas”, insisten, a la pregunta de si la Junta volverá a prorrogar los contratos negociados sin publicidad con las clínicas privadas otros seis meses, hasta final de año.

El Gobierno andaluz firmó el pasado enero otra prórroga con la sanidad privada, sumando cinco años de contratos públicos a dedo sin publicidad. Sería hasta final del presente mes, si bien con la posibilidad de prórroga otros seis meses, algo que el SAS descarta en estos momentos. La Junta, según dijo por entonces el SAS, iba a autorizar en las semanas siguientes las prórrogas en todas las provincias hasta este verano, duplicando el presupuesto total en “asistencia quirúrgica complementaria” con la sanidad privada hasta los 222 millones de euros.

Fuentes de la Junta indicaron entonces que el plan era que los Acuerdos Marco para volver a la contratación en abierto –fijando condiciones homogéneas para todas las empresas del sector– entraran en vigor antes de final de 2025. Pero también recordaron que los contratos negociados sin publicidad que se han ido prorrogando dejaban la puerta abierta a ser modificados dentro de los límites legales, es decir, ampliándose el plazo de vigencia.

El 80% de esos concursos negociados sin publicidad fueron a parar a seis grandes complejos hospitalarios privados de Andalucía: Grupo Quirón; HLA (Asisa); Viamed; Vithas, Cruz Roja y Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En Almería, el contratista que se beneficiará de la última prórroga del contrato es la UTE conformada por dos de estos gigantes: HLA (Asisa) y Vithas.

El Gobierno andaluz sustituyó la contratación ordinaria en abierto por los contratos de emergencia (a dedo) en la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus desencadenó una crisis sanitaria sin precedentes que desbordó la capacidad de respuesta asistencial del sistema público. En ese sentido, un juzgado de Sevilla investiga la adjudicación a dedo de cientos de contratos de emergencia a la sanidad privada entre 2020 y 2024 por más de 234 millones de euros.