El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una sanción de 1,58 millones de euros a Banco Mare Nostrum (BMN) por claúsulas abusivas en hipotecas. En concreto, por dos infracciones calificadas de “muy graves”, entre otras cuestiones, según ha explicado el portavoz del Gobierno de España, Juan Carlos Blanco, porque concurren los agravantes de haberlo hecho “voluntariamente”, por tratarse de “una práctica habitual”, por “producir alteración social y generar alarma” y por afectar a “un servicio de consumo común”.
De este modo, el expediente contra BMN, en proceso de fusión con Bankia, se inició en 2016 después de recibirse 356 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía por la inclusión de las llamadas cláusulas suelo en las escrituras.
La sanción incluye 700.000 euros por sendas infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 886.000 euros. En este sentido, se consideran cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, reservando a éste facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; las que imponen garantías desproporcionadas al riesgo asumido; y las que fijan la renuncia del prestatario al derecho a la notificación en caso de cesión del crédito entre otras.
Para la fijación de las cuantías, el Gobierno de Andalucía ha tenido en cuenta como circunstancias agravantes el perjuicio causado a los consumidores, valorable en más de 50.000 euros, y la reiteración, toda vez que BMN ya había sido sancionado en firme en los dos años anteriores por otras infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Junto con esta norma, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento de Andalucía hace un año.
La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud ha recibido en lo que va de año 11.639 reclamaciones y ha atendido 27.258 consultas a través del servicio multicanal Consumo Responde. El sector bancario aglutina 1.195 de las primeras (un 10,27%) y 1.995 de las segundas (7,31%).