El desalojo de la Corrala Utopía, decretado por la Delegación del Gobierno de Andalucía a partir de una orden judicial, se ha producido este domingo cuando las negociaciones entre las distintas administraciones y la propietaria del inmueble, Ibercaja para buscar una solución a estas familias no sólo estaban en marcha, sino próximas al acuerdo, según han informado tanto la Junta de Andalucía como la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Es más, fuentes próximas a la negociación aseguran que la entidad bancaria estaba de acuerdo en pagar un alquiler a las familias durante los siete meses que tardará la Junta en contar con viviendas para realojar a los habitantes de la Corrala. Mientras, desde el Ayuntamiento de Sevilla, también presente en estas reuniones, no ha habido pronunciamiento alguno, en un domingo en el que las autoridades municipales estaban volcadas con el pregón de Semana Santa.
De hecho, la delegada de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha manifestado que se trata de un “engaño premeditado” del Gobierno de España a las familias, así como a la Junta de Andalucía y al propio Ayuntamiento de Sevilla, “a los que había garantizado que el desalojo no se produciría mientras las administraciones buscaban una solución”.
En este sentido, ha subrayado que en cuanto la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, “ha visto que podía concretarse la solución, la ha boicoteado”. En los mismos términos se ha expresado el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que ha calificado de “vergonzoso” el desalojo, y ha anunciado que pedirán “explicaciones” a la Delegación del Gobierno en Andalucía. En su opinión, la orden es “indignante” toda vez que las negociaciones para llegar a un acuerdo y encontrar una solución al conflicto estaban “a punto de abordarse”.
“¿Qué compromete ahora a Ibercaja?”
En la misma línea, desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que mediaba en este conflicto, han asegurado incluso que el acuerdo con Ibercaja era “total” para que asumiera temporalmente el realojo de estas personas mientras la Junta de Andalucía conseguía las viviendas para ellas. Tras el desalojo ordenado este domingo todo queda en una situación muy frágil, entre otras cosas porque “¿qué compromete ahora a Ibercaja?”, como se preguntaban algunos de los afectados. De hecho, Ibercaja no ha tardado en desmarcarse como parte de la solución.
En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido que se mantengan estas negociaciones, sobre todo porque estas familias han quedado desahuciadas y entre los afectados hay menores. En un comunicado, se ha mostrado sorprendido y no ha ocultado su “consternación” por el desarrollo de estos hechos y porque “todos los intentos de mediar para una resolución beneficiosa para todas las partes hayan sido infructuosos”. No obstante, ha instado a las partes a seguir buscando una solución para las familias, toda vez que asegura que ya había un principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía e Ibercaja (aunque sin participación del Ayuntamiento).
En su opinión, lo ocurrido “supone un duro contratiempo a las labores de mediación que esta institución ha realizado desde el principio con el beneplácito de las administraciones, la entidad bancaria y los propios vecinos”. Y es que, prosigue, “hasta el día de hoy tenía la íntima convicción de que la solución era posible e inminente”, por lo que este desalojo significa “un importante revés tanto para esta mediación como para la negociación en curso”.
Se da la circunstancia de que en una última reunión entre Ibercaja, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, en presencia de la defensoría, se pidió a la entidad bancaria que uniera las viviendas de alquiler que ya tenía concertadas en distintos puntos con las encontradas por la Consejería de Fomento y Vivienda, igualmente de renta, para distribuirlas a las 22 familias hasta que se hiciera cargo de las mismas, a 31 de octubre, la Junta de Andalucía.