El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha censurado este martes las críticas vertidas desde los grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía sobre la supuesta resistencia a enviar la documentación reclamada por la comisión de investigación sobre el presunto fraude de la formación, y ha dicho que “la colaboración es plena” dentro de la posibilidad que existe de responder a las demandas de los diputados. En este sentido, ha tirado de calculadora para explicar que enviar los 18.500 expedientes objeto de la comisión de investigación -sobre subvenciones desde 2001 hasta la última convocatoria en 2011- supondría más de cinco años haciendo fotocopias.
Y se ha explicado: son más de 27 millones de folios. “Usando la fotocopiadora más potente” de los servicios de Formación Profesional para el Empleo, se podrían copiar 2.500 a la hora. “Supondría 10.869 horas de trabajo, que son 452 días, es decir 289 semanas”, por tanto los referidos cinco años. Eso suponiendo que se trabajara las 24 horas los siete días, pero los funcionarios tienen una jornada de 37,5 horas por semana, tal y como ha recordado. Sólo una fotocopiadora a pleno rendimiento porque no se contempla encargar a otros servicios que se pongan a hacer este trabajo.
En este sentido, Miguel Ángel Vázquez ha destacado que los funcionarios están cumpliendo con otras tareas mientras se responde también a la demanda de la comisión de investigación, “pero dentro de las posibilidades”. Por ello, ha anunciado que se reiterará la oferta que ya se hizo para que fueran llevados los expedientes que se pidan hasta el Parlamento de Andalucía, “custodiados siempre por un funcionario porque son originales”, para que puedan ser consultados in situ por los comisionados. Eso ya se propuso, “pero fue rechazado”, igual que la propuesta inicial que hizo la Junta de Andalucía de brindarles a los diputados la opción de desplazarse para consultarlos, también delante de un funcionarios, a los servicios centrales y periféricos.
Cabe recordar que la pasada semana el PP-A informaba de que la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo había enviado un comunicado en el que decía que era tanta la documentación reclamada que resultaba “físicamente imposible” responder, no ya en los plazos que pedía la comisión de investigación, sino incluso en un tiempo “razonable”.