Si una persona recibe de sus padres en Andalucía una herencia de hasta 175.000 euros (que fueron el 97% de los casos en el ejercicio de 2014, que es el último cerrado) no paga nada, pero suponiendo que ese patrimonio supere esa cifra, por ejemplo en 1.000, tendría que abonar a las arcas públicas más de 25.000. Es el “error de salto” del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía que tiene fijado que sólo para las herencias de hasta 175.000 euros de padres a hijos hay una bonificación del 100%.
Y en la necesidad de corregirlo coinciden todos los grupos en el Parlamento de Andalucía, según han puesto de manifiesto este jueves en la Comisión de Hacienda y Administración Local, donde su titular, María Jesús Montero, respondía a las preguntas planteadas por el PP-A y Podemos sobre cómo va a cambiar este impuesto. La intención de la consejera es que en 2016 puedan entrar en vigor ya varios cambios, “si los ingresos son más optimistas que las previsiones que hemos fijado”, de lo cual podría estar en condiciones de saberlo cumplido el primer semestre. Con ello, el PSOE-A asume la exigencia de C's, que sin ser su socio de gobierno funciona como tal casi siempre, porque los de Albert Rivera están empeñados que los cambios empiecen en 2016 y no en 2017 como inicialmente preveía la Junta de Andalucía.
De hecho, cuando la consejera dice “si se dan las condiciones”, en referencia a que si otras vías de ingresos permiten prescindir de parte de lo que llega por este impuesto (más de 260 millones de euros hasta el pasado mes de septiembre), se expresa exactamente igual que cuando C's exigió que los presupuestos autonómicos de 2016, que previsiblemente se aprobarán la próxima semana, incluyeran una rebaja del tramo autonómico del IRPF (impuesto de la renta sobre las personas físicas). Y las condiciones se dieron porque se metió. De hecho, este impuesto ha experimentado en lo que va de ejercicio un crecimiento en la recaudación de más de un 6,5%, y con este comportamiento la Junta de Andalucía cree que podrían darse las condiciones para reducir la carga para determinados contribuyentes con nuevos tramos.
La comparecencia de María Jesús Montero se ha producido después de que el PSOE-A y C's hayan creado un grupo de trabajo para abordar un cambio en este impuesto. Era otra de las condiciones que puso C's para permitir la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2016, vital para un PSOE-A en minoría. Y este jueves el PP-A, por boca de su portavoz en la citada comisión, José Antonio Miranda, ha dicho que quiere sumarse, si bien lo ha hecho con críticas. Por un lado, porque pretenden “evitar que el PSOE-A vuelva a engañar a C's como con la rebaja del IRPF”, una reducción de dos puntos en 2016 que para los populares está lejos de lo que vendieron los de Albert Rivera. Y por otro, porque teme que este grupo de trabajo sea “una maniobra dilatoria”, y ha puesto el ejemplo del creado para la banca pública -que por cierto su grupo rechaza de plano- “de la que llevamos tres años hablando”.
En todo caso, la consejera le ha dado la “bienvenida” a los populares si quieren sumarse, y lo mismo para el resto, donde ha encontrado especiales coincidencias este jueves con Podemos a la hora de defender el sentido que debe tener el que ha definido como el impuesto más antiguo de los que existe y “bastante generalizado” porque está en 28 de los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). María Jesús Montero ha recordado que esta figura impositiva está desde los inicios del modelo de financiación de las comunidades autónomas, como parte de la “corresponsabilidad fiscal”, por lo que cree que es “importante” tener en cuenta este contexto. Es más, la previsión de la Junta de Andalucía era que se abordara su cambio en el marco de la negociación del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas.
Toda vez que todos, empezando por la consejera, reconocen el problema del error de salto, el debate ha estado luego centrado en qué están exigiendo el PP-A y C's en relación a este impuesto, dado que son los dos partidos que han hecho bandera de ello. María Jesús Montero ha esgrimido que el PP-A se “contradice” defendiendo su “eliminación en Andalucía” cuando el Gobierno de España obvió en su última reforma fiscal las recomendaciones en la materia que hizo el comité de expertos que había convocado en 2013 para estudiar los tributos. Dicho comité de expertos abogó por una “homogenización” en un país donde cada comunidad autónoma lo aplica como quiere y con sus respectivas exenciones. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy no tuvo en cuenta ni ésta ni otras consideraciones sobre esta figura impositiva.
Por su parte, José Antonio Miranda le ha recordado que el PP-A no quiere la eliminación, “entre otras cosas porque es un impuesto estatal y por tanto no se puede”, sino que desaparezca la obligación de tributar para las herencias de padres a hijos. O sea, para ese 3% que percibió en 2014 cuantías superiores a los 175.000 euros. Ha insistido en la necesidad de caminar hacia una “progresividad” que efectivamente convierta en testimonial este impuesto porque lo que no le parece “justo” es que en Andalucía haya casos en los que se paga “hasta el 86%” de la herencia, en alusión a las grandes fortunas. “¿En qué país de la OCDE se paga eso?”, le ha espetado a la consejera.
Mientras, Carlos Hernández, de C's, ha abundado en que “el grupo de trabajo se ha creado para introducir cambios en 2016”, dejando claro que no van a ceder en esto. “El objetivo es que en 2016 las clases medias y bajas paguen menos y se eliminen situaciones injustas, mediante la reducción y homogeneización”, ha defendido. “Queremos que los andaluces dejen de ser los ciudadanos que más pagan por heredar en España”, ha añadido el diputado de C's haciendo suyo el discurso de los populares de que en esta comunidad autónoma se vive “un infierno fiscal”.
Desde Podemos, Carmen Lizárraga ha censurado que las comunidades autónomas se hayan visto inmersas “en una competición para ver quién ponía más bajo este impuesto o lo eliminaba”. Es más, ha recriminado la “irresponsabilidad” de las que habiéndolo hecho desaparecer han exigido luego a la Administración General del Estado que compense la bajada en sus ingresos. De hecho, comparte con el PSOE-A, la idea es que este impuesto tiene un papel importante en la “redistribución de la riqueza” y en el mantenimiento de los servicios públicos.