Los hogares del pensionista, rebautizados desde hace tiempo en Andalucía como centros de participación activa (CPA), van a reordenar su gestión mediante un Proyecto de Orden que ha levantado suspicacias entre las organizaciones sindicales. Según denuncian, la Junta quiere “fomentar la participación de las personas socias” en la gestión de los distintos espacios de los 166 centros de titularidad pública y de los servicios que se presten en los mismos pero a costa de una de autogestión por parte de los usuarios fuera de los horarios oficiales. Por un lado, CSIF, UGT y CCOO rechazan la nueva figura que contempla la Junta (denominado “agente de la administración titular”) porque suplanta las labores del personal que allí trabaja. Por otro lado, no entienden que cierren por las tardes en verano porque supone un contratiempo para las personas mayores que suelen hacer uso de estos centros. Esa cuestión horaria ya es efectiva, no se contempla en la normativa que prevé la Junta pero, de alguna manera, tiene que ver con el replanteamiento de las aperturas y cierres de estos centros para los mayores.
La Junta reconoce en su propio Proyecto de Orden que actualmente es “inviable” que se amplíen las plantillas en los CPA, con un número de efectivos que es “muy variable” según el tamaño del mismo y su ubicación (en una capital, en una localidad pequeña, etc.), explican fuentes del CSIF. De acuerdo a las mismas, el personal laboral de los CPA no tiene jornada partida reconocida sino que trabajan de 8.00 a 15.00, por lo que durante las tardes de todo el año (excepto en verano, con el cierre 'oficial') funcionan gracias a la buena voluntad de esos empleados. Lo normal es que tengan, por lo general, un director o directora, un trabajador social y un ordenanza.
El texto, según ha comprobado elDiarioes. Andalucía, destaca que “los centros de participación activa deben adecuarse al concepto de envejecimiento activo, orientado hacia una promoción y protección integral de las personas mayores, que posibilite a las personas que participan en estos centros el acceso a oportunidades de salud, participación, formación y seguridad, mejorando con ello su calidad de vida global”.
En ese sentido, y a fin de que los centros “se adecuen a las nuevas necesidades” de los usuarios en cuanto a las actividades, es “primordial ampliar los horarios de apertura de los centros, tanto entre semana como los fines de semana” pero “la actual estructura de recursos humanos con que cuentan los centros de participación activa hacen inviable, a corto plazo, que puedan ampliarse las plantillas de efectivos para dar respuesta a esta necesidad”.
Para ello “se plantea” en el Proyecto de Orden “la posibilidad” de que determinados servicios “puedan ser prestados directamente a través de personas socias actuando como agentes de la Administración titular”. A partir de ahí, el reglamento de régimen interior de cada centro, aprobado por la Delegación de la Junta correspondiente, regulará las condiciones en las que esas personas socias 'agentes de la administración' puedan proceder a “la apertura y cierre de las instalaciones en horario no oficial”, o para “la gestión directa de servicios que se presten” en dichos centros.
Además, las juntas de gobierno de cada centro, y la dirección de los mismos a las delegaciones territoriales, podrán “elevar propuestas a la dirección del centro en relación con la apertura y cierre” del mismo en horario distinto del oficial, así como la gestión directa del centro, “a través de personas socias determinadas que actúen como agentes de la administración titular”.
El articulado del Proyecto de Orden también prevé lo siguiente: “Se reconoce como derecho de las personas socias de los centros de participación activa constituir asociaciones que tengan como finalidad la gestión de espacios en que se desarrollen servicios y actividades que preste el centro”.
La Consejería de Inclusión Social, cuya Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada impulsa la nueva normativa, defiende que el Proyecto de Orden se ha sometido en los últimos días a información pública “para recabar las opiniones” de organismos, entidades, colectivos y personas interesadas y formulen las alegaciones que estimen pertinentes. “No es un tema cerrado, ni mucho menos”, advierten fuentes del departamento que dirige Loles López.
Desde el CSIF, esperan “que la Administración recule” porque “no puede ser que personas usuarias asuman potestades que no le corresponden, y todo porque lo que quiere la Administración es dar el servicio que estos centros requieren a coste cero”, añaden las fuentes de la organización sindical.
Los CPA andaluces, que tras la pandemia recuperaron sus objetivos básicos de “fomentar la convivencia, la integración y la participación” de las más de 460.000 personas mayores que son socias en toda la comunidad autónoma, son para la Junta “una herramienta esencial para el bienestar físico, psíquico, emocional y social ” del colectivo de mayores, más aún tras las restricciones y aislamientos causados por la Covid-19, llevan cerrados por las tardes desde el pasado 16 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre (excepto los viernes, según el centro, cuando abren “para el baile”, de 17.00 a 20.30).
Estos cierres por las tardes, a juicio de CCOO y UGT, “restan oportunidades de disfrutar de su tiempo libre a las personas mayores en una fecha tan delicada como es el verano”. Los sindicatos señalan que esta decisión es síntoma del “desmantelamiento” de estos centros para mayores mediante “el incumplimiento de los horarios establecidos, la falta de servicios como cafetería, restauración, peluquería o podología, la falta de mantenimiento de las instalaciones, los aires acondicionados averiados o la reducción de actividades sociales”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía acusa a la Junta de querer suplantar tareas del personal laboral de estos centros valiéndose de personas usuarias que actuarían gratuita y voluntariamente. De hecho, el presidente del Sector de la Administración General de la Junta en CSIF, José Manuel Dorado, ha registrado ante la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada un escrito de alegaciones en la que expresa su rechazo absoluto a sus planteamientos y pide la retirada del citado Proyecto de Orden.
Bajo el paraguas de la mencionada figura de 'agente de la administración titular', las personas mayores “harían un trabajo voluntario y no remunerado, asumiendo unas responsabilidades y potestades que solo pueden corresponder al personal público”, según Dorado, quien insiste en que “la Junta disfraza de participación lo que realmente es un intento de externalización y privatización de estos servicios”. CSIF defiende que la Consejería debería “revisar, actualizar y cubrir las relaciones de puestos de trabajo” de estos centros para dar respuesta a “necesidades como por ejemplo, la ampliación del horario por las tardes y los fines de semana”.
Además, CCOO y UGT han trasladado a la Junta de Andalucía su parecer poniendo en duda la “figura inexistente en la ordenación jurídica de las administraciones públicas” de ese ‘agente de la administración titular’ y la posibilidad de crear asociaciones dentro del propio ámbito de estos centros. Ambos sindicatos, que tachan de “ilegal” esa figura, rechazan esa opción porque “pretende sustituir puestos de trabajo de empleo público por personas voluntarias, ya que las funciones que se le otorgan inicialmente están definidas en las funciones establecidas para categorías laborales existentes, disfrazando la participación voluntaria en tareas de profesionales reguladas y existentes”.
De hecho, este mismo martes, el secretario general de UGT-A, Óskar Martín, ha vuelto a mostrar su desacuerdo desde Jaén. En declaraciones a los periodistas, Martín ha señalado que lo que se quiere hacer desde el Gobierno andaluz es “ceder el uso sin ningún tipo de responsable de personal, para que los propios usuarios abran esos centros”. Ha añadido que ya hay directores de centros de participación activa que han firmado una petición “para que no se abran esos centros por las tardes si no hay personal cualificado y autorizado” porque “primero, hay una merma de la contratación, segundo porque hay una merma de la calidad en el servicio y tercero porque la seguridad de los usuarios de luego se ve totalmente mermada al no haber profesionales que atiendan en condiciones esos centros”.
“Exigimos la retirada del proyecto de orden porque tiene la apariencia de ser una forma de delegación de funciones por parte de la administración, haciendo recaer sobre las personas socias de los CPA obligaciones y competencias bajo la apariencia de falsa participación. No promueve el voluntariado de las personas mayores, sino que las quiere como parte de la estructura de personal para garantizar horario y servicios”, concluyen los sindicatos, que cifran en 90 las vacantes sin cubrir en este tipo de centros a nivel andaluz.
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