El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha elevado este jueves a 15,3 millones de euros la cantidad que pretende reclamar que UGT-A que devuelva a las arcas públicas por no haber justificado correctamente el uso de las subvenciones. Esta información la ha ofrecido durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha cifrado en 26 millones de euros el volumen total de subvenciones estudiadas y que corresponden a 21 expedientes de entre 2008 y 2011.
Se trata de un proceso en el que su departamento ha empleado un año tras la decisión de mirarlos uno a uno con lupa cuando saltó el escándalo de las supuestas facturas falsas del sindicato. Y la conclusión -la investigación se da por terminada- es que el sindicado se enfrenta a la reclamación de más de la mitad (58%) del dinero concedido en subvenciones esos años.
En la segunda comparecencia desde el inicio del curso político el pasado mes de septiembre para hablar de esta cuestión, la cifra de dinero que se le reclama se ha multiplicado casi por tres, tras sumarse a las cantidades anteriores 10,4 millones de euros correspondientes a 15 resoluciones de petición de reintegro. De todas maneras, el consejero ha reconocido que estas reclamaciones están siendo recurridas por el sindicato, por lo que todavía no hay nada firme. En concreto, según ha precisado, UGT-A ya ha recurrido por la vía contencioso-administrativa las primeras reclamaciones, que suman 4,9 millones de euros. “Están en su derecho”, ha dicho el consejero.
No ha ofrecido mucha más información, pese a que desde las filas del PP-A se ha insistido en llegar hasta el fondo en determinadas cuestiones. En este sentido, el diputado Rafael Carmona le ha preguntado por ejemplo si durante la investigación se han topado con facturas falsas; qué tipo de irregularidades se ha detectado en la revisión para concluir que hay que exigir que se devuelva el dinero; si han visto indicios de delito, lo que obligaría a presentar una denuncia; que por qué no se miran los expedientes de 2012 o 2013; o si se le han otorgado subvenciones a UGT-A este año.
De todas estas cuestiones, el consejero sólo ha respondido que no se miran otros años “porque no vamos a hacer causa general”, que son “irregularidades de justificación” y que no van a denunciar nada porque “ya existe un procedimiento abierto en los juzgados”, pero no ha contestado por ejemplo a si se han dado más subvenciones o a si han descubierto facturas falsas. “Hay muchas cosas más y ya se irán viendo (...). Éste es un procedimiento administrativo (...) para el que se han respetado los plazos de 12 meses”, ha concluido dejando ver que serán el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla -que está recibiendo todas estas resoluciones- el que pueda sacar a la luz más información sobre el asunto.