Con una mano pide lo que con la otra niega. La Junta de Andalucía exige ahora al Gobierno central un fondo extraordinario con el que compensar a las comunidades autónomas por el esfuerzo económico que están realizando en materia educativa, para garantizar así la seguridad en las aulas frente al coronavirus. Lo paradójico de la situación es que el Ejecutivo andaluz reclama estos fondos extra mientras, en el ámbito autonómico, le niega a los ayuntamientos ayuda económica para afrontar la desinfección de los colegios con el argumento de que se trata de una competencia municipal.
La petición la hacía este martes el vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), justo el día en el que el alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE, Juan Espadas, le remitía una carta al consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), pidiéndole que su departamento asuma el coste de esta limpieza extraordinaria de las aulas. En el caso de la capital hispalense, la factura asciende a 1,9 millones de euros en el primer trimestre del curso, que inicialmente pondrá el Ayuntamiento para luego plantear un contencioso para que la Junta abone esta cantidad. “Sólo nos dejan la vía de la reclamación, aunque luego dirán que estamos en la confrontación. Está clarísimo, pero los tribunales lo decidirán”, señalaba Espadas.
Esta negativa de la Junta, que es un calco de lo que ya ocurrió el curso pasado, contrasta con la reivindicación hecha este martes tras el Consejo de Gobierno por Juan Marín, que ha llegado a asegurar que no van a consentir que el Ejecutivo nacional “asfixie al sistema educativo andaluz”. Además de reclamar fondos extraordinarios, lamentaba que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) haya decidido “lavarse las manos una vez más” y vuelva a dejar “sola” a Andalucía en la gestión del curso.
“Es una falta de lealtad y una irresponsabilidad”, incidía al tiempo que cifraba en 250 millones de euros el gasto extra que asume la Junta al incorporar a 7.000 profesionales más al sistema educativo, entre plantillas de docentes y personal de limpieza. A ello ha unido el refuerzo en tareas de limpieza y desinfección de los institutos, que sí son de competencia autonómica.
De paso, le reprochaba a Juan Espadas que “aplauda” esta actitud del Gobierno central y encima se dedique a reclamar a la Junta financiación para la limpieza extraordinaria de los colegios. Estas tareas, señaló, se llevaron a cabo el curso pasado con fondos europeos y fondos extraordinarios de la administración autonómica, aunque lo cierto es que fueron los municipios los que tuvieron que hacer frente a estos gastos.
De hecho, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) viene reclamando a la Junta de Andalucía que asuma los 215 millones de euros de sobrecoste que le va a suponer a los ayuntamientos abrir los colegios para este próximo curso. Los municipios, para más inri, tienen que acometer estos trabajos en cumplimiento del protocolo sanitario que impone el propio Gobierno andaluz.
Así las cosas, Juan Espadas le ha remitido una carta a Javier Imbroda en la que le recuerda que la Ley de Autonomía Local de Andalucía estipula que la Administración andaluza debe transferir más recursos si los ayuntamientos tienen que asumir gastos extraordinarios, como es el caso de la desinfección de los colegios. Frente a ello, la Junta “sí ha recibido una financiación adicional y extraordinaria” para combatir la Covid, es decir, que cuenta con más fondos en base a su población escolar, “pero una de las obligaciones extraordinarias la traslada a los municipios sin ningún tipo de financiación”.
Esto lleva a Espadas a recordar en la misiva que la ley establece que las relaciones entre los entes territoriales deben basarse en la buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional. “No parece que se dé cumplimiento a estos principios cuando una Administración, que recibe financiación extraordinaria adicional y no reembolsable, imponga a otra una obligación extraordinaria derivada de la misma causa y con la finalidad de paliar los mismos efectos sin las medidas compensatorias que, por imperativo del ordenamiento jurídico, procede establecer”.
Por ello, “se requiere formalmente” a la Consejería de Educación para que se encargue de estas tareas de desinfección o, en todo caso, abone la correspondiente factura. En caso contrario, el Ayuntamiento hispalense asumirá el coste para luego reclamar vía judicial su abono “en defensa de la propia estabilidad presupuestaria municipal”, un paso que el propio Espadas, en su calidad de secretario general del PSOE andaluz, asegura que van a dar los municipios con alcaldes socialistas.
Al margen del contenido formal de la carta, el regidor hispalense lamentaba que la Junta “se quede tan pancha y lironda” anclada en una actitud “absolutamente inconcebible”: va a desinfectar los institutos con los recursos transferidos por el Gobierno de España pero después pretende que la misma tarea en los colegios la afronten los ayuntamientos con sus propios recursos. “Es una falta de respeto absoluta”, lamentaba, al tiempo que criticaba que al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) “le sobra prepotencia y le falta capacidad de escuchar a las administraciones, a los ayuntamientos, a los ciudadanos”. “Ese perfil moderado del presidente del Gobierno andaluz, de querer llegar a acuerdos con todo el mundo y estar, en este caso, en disposición de ser el más bueno de la reunión se rompe completamente”.
En la cuestión también terciaba este martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que le recordaba a la Junta que va a empezar a recibir 2.357 millones de euros de financiación extraordinaria que debe dedicar a servicios esenciales como la educación. Por ello, y ante la reclamación de Marín de recursos especiales para afrontar el curso, instaba al Ejecutivo andaluz a detallar en qué va a gastar la Administración andaluza estos fondos adicionales que le llegarán en breve.
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