A la Junta de Andalucía le “alivia” el anuncio este miércoles del Gobierno de España relativo a dar 15 días a las comunidades autónomas para que se presten a repartirse a los menores migrantes a cambio de fondos. De hecho, desde el Ejecutivo andaluz apuntan que la cifra de jóvenes extranjeros no acompañados (MENAS) que se pudiera distribuir en otras regiones rondará los mil menores, es decir, una cuarta parte de los que 4.098 que están tutelados a día de hoy por la comunidad andaluza. Nada menos que 130 menores llegaban solos este miércoles a la costa gaditana, medio centenar a una playa de Tarifa en un par de pateras.
Desde el punto de vista puramente económico, el Gobierno central llevará en un plazo no superior de seis semanas al Consejo de Ministras un Real Decreto por el que destinará 40 millones de euros para la “mejora de la atención” de estos menores en las autonomías de primera acogida y en aquellas que se ofrezcan a atenderlos. La medida tendrá carácter voluntario para las comunidades que menos menores reciben. Ahora deben retratarse en un plazo de 15 días, confirmando si se ofrecen a acogen a estos niños y adolescentes, aliviando así la presión migratoria de las comunidades costeras, principalmente Andalucía. Hace tres semanas, en la última Conferencia Migratoria, la Junta reclamó la misma “redistribución solidaria”, pero la mayoría de regiones se puso de perfil (sólo Extremadura y Comunidad Valenciana ofrecieron ayuda). La diferencia ahora es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intercedido para implicar directamente al resto de autonomías, ofreciéndoles a cambio ingresos extra.
El Gobierno de Susana Díaz calcula que casi tres cuartas partes de esos 40 millones que Moncloa va a repartir entre las regiones que ahogan a los menores extranjeros irá destinado a Andalucía. Fuentes de la Junta apuntan a eldiario.es/andalucía que sus estimaciones sitúan entre 27 y 28 millones el dinero que recibirán en virtud de ese Real Decreto. Es un cálculo que se basa en el porcentaje de menores inmigrantes que atiende Andalucía del cómputo total: de los más de 8.000 niños extranjeros tutelados en España, la Junta acoge alrededor del 36%. Esos 27 o 28 millones que la Junta espera recibir en seis semanas se sumarán a los 45,4 millones que ya se ha invertido el Ejecutivo autonómico en lo que va de año para protección de menores. Un 70% de ese dinero lo absorbe exclusivamente la atención a menores extranjeros no acompañados (2.400 plazas de las 3.443 que existen en los 208 centros de acogida de Andalucía están ocupadas por jóvenes inmigrantes). Desde la Junta confían en que el traslado de menores a otras comunidades se produzca antes de la inversión estatal anunciada para finales de octubre, dada la situación de colapso en los centros de protección andaluces denunciadas desde diversas instancias.
Comunidades “receptivas”
La consejera quiso en todo caso “agradecer al Ministerio” la celebración de la reunión, presidida por la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, y el hecho de que las comunidades se mostraran “receptivas”, según su apreciación. A la espera de lo que digan las comunidades formalmente, las cifras que maneja la Junta son esas: unos mil menores migrantes serán trasladados desde Andalucía y unos 27-28 millones de inversión llegarán a la conunidad para mejorar la atención.
Sánchez Rubio valoró el apoyo financiero anunciado por el Gobierno porque es algo “muy importante” debido a que “el presupuesto es escaso” y supone hacer un “esfuerzo” aportar 40 millones de euros. Sánchez Rubio manifestó a los periodistas en Madrid que espera que Andalucía reciba una parte de ese apoyo porque “tiene en acogida casi el 50% del total de MENAS que hay en España”.
“El hecho de tener un refuerzo presupuestario alivia la posibilidad de atener a estos menores en un sistema que no estuviera económicamente preparado para prestar esa atención”, añadió, al tiempo que destacaba que la ayuda económica del Gobierno “no significa que vaya a financiar todo el sistema de protección” sino que “va a ayudar en determinadas situaciones”.
“Nos vamos satisfechos en el momento en el que hay un compromiso por parte del Gobierno y una disposición que hemos visto inicialmente en las comunidades”, apuntó, añadiendo que en Andalucía se ha superado el 70% del sistema de protección residencial, siendo ocupado todo este por MENAS pero, aun así, en la comunidad “se va a seguir atendiendo” a estos menores y “jamás” va a dejar de hacerlo. Sin embargo, volvió a apelar a la “solidaridad” entre los territorios para que acojan también a estos niños.
Reagrupación familiar
Desde Andalucía, también dijo la consejera, se ha planteado la importancia de la cooperación y de las políticas exteriores. En este punto detalló que en el norte de Marruecos hay 17 centros habilitados para proteger a los menores que funcionan con el apoyo de la Junta de Andalucía.
Acerca del proceso de reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados, la propuesta andaluza de trasladar al Gobierno central que cumpla y haga cumplir el acuerdo bilateral entre España y Marruecos de 2007 para “priorizar el retorno” de los menores de origen marroquí a su país de procedencia “no se ha realizado” durante el encuentro, según indicó paralelamente la ministra Montón.
“De lo que estamos hablando es de mejorar la asistencia, porque tenemos la obligación dentro de las comunidades de atender esta tutela y también de tener esta acogida solidaria”, reiteró la ministra. “La importancia es que son menores de edad y que tenemos una obligación”, sentenció.
Por su parte, la representante andaluza afirmó que este acuerdo “no significa que vienen y se devuelven, eso es un error absoluto”, ya que “existe una garantía para los menores, cuyo interés tiene que primar siempre”. Según la consejera, “estos niños tienen padres, madres y familias, y habrá que ver su situación pero siempre para la propia protección de los menores”, aclaró Sánchez Rubio, quien subrayó que “no se está planteando que los menores se devuelvan” sino que se valora y se estudia el caso desde el punto de vista de lograr la mayor protección del menor. La Junta parece así haber rectificado el planteamiento que en los días previos hizo la propia presidenta Susana Díaz, en una entrevista en la Cadena Ser, cuando reclamó al Gobierno central que “articulase una fórmula legal” para devolver a los menores extranjeros marroquíes con sus familias, es decir, en su país de origen.
Díaz aseguró que “muchos de estos menores vienen engañados por las mafias y, en realidad, quieren volver con sus familias”. Las principales ONG que trabajan en este campo, como Save the Children y Unicef, han desautorizado este planteamiento de la presidenta, que no viene avalado por ningún informe de la Consejería de Igualdad. Este periódico ha reclamado a la Junta alguna documentación que sostenga la tesis de Díaz, pero no ha obtenido respuesta. Tanto Save the Children como Unicef descartan que la solución sea la devolución de los menores marroquíes a su país, dado que Marruecos no puede proporcionar en la actualidad garantías de que recibirán una atención básica en sus hogares. Ambas ONG señalan, además, que la mayoría de menores marroquíes que llegan a las costas andaluzas vienen con “un proyecto migratorio”, “en busca de oportunidades laborales en Europa”, y cruzan con o sin consentimiento de sus familias.
En todo caso, Sánchez Rubio ha insistido este miércoles en que el reagrupamiento familiar es un proceso que se sigue siempre con cualquier tipo de menor, sin que sea necesariamente de fuera. La consejera insiste en que la propuesta de la Junta “no significa” que los menores sean devueltos a sus lugares de origen sin más, sino que es una acción para “conocer la realidad” de los casos y si existen “garantías” para que el menor esté protegido, permitir esa reagrupación.
Plan individualizado “imprescindible”
“Si bien el retorno voluntario, a través de la reagrupación familiar en origen, es una de las posibles medidas a adoptar, debe realizarse con todas las garantías y teniendo en cuenta la opinión del niño de manera individualizada”, ha indicado en nota de prensa el director general de Save the Children, Andrés Conde.
“Una medida como el retorno de un menor a su lugar de origen requiere de una colaboración plena de los servicios sociales del país en cuestión. Es imprescindible ofrecer un plan de atención individualizado para cada niño que respete sus derechos y esté basado en su interés superior, dejando de lado completamente las consideraciones económicas y la política migratoria”, ha dicho Conde, satisfecho de que “se han puesto sobre la mesa las principales carencias del sistema de acogida a los niños y niñas que llegan solos a nuestro país”.