El déficit de infraestructuras judiciales en Andalucía viene de muy atrás y las licitaciones y ejecución de proyectos terminan eternizándose. Eso lo saben desde hace mucho tiempo en la Consejería de Justicia. Su último responsable, José Antonio Nieto, le ha dado muchas vueltas a la búsqueda de vías alternativas de financiación para una cuestión que no es fácil ya que requiere, precisamente, de mucho tiempo para obtener resultados, y de mucho dinero también. Sabedor de que no resulta ni mucho menos barato levantar edificios nuevos ni tampoco adecentar los ya existentes, que no viene sino a 'parchear' las actuales sedes como viene ocurriendo en Sevilla desde hace muchos años, otras opciones parecen dibujarse en el Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía que su departamento está diseñando desde el pasado 31 de enero. En el documento se está plasmando la posibilidad de tirar de una colaboración entre administraciones públicas. ¿Cómo? Firmando, en determinados casos, acuerdos con los ayuntamientos para que sean los municipios los que asuman la construcción de un inmueble para que, una vez levantado, la Junta de Andalucía lo alquile para uso judicial.
El presupuesto de la Junta para 2023 para nuevas inversiones (reformas, proyectos, nuevas sedes) es de 8,5 millones de euros en infraestructuras judiciales. Eso le daba a la Consejería la posibilidad de atender tan solo determinadas instalaciones y seguir adelante con los lentísimos trámites administrativos de los proyectos, así como el referido 'parcheo' de mejoras. Según ha expuesto recientemente el consejero, desde que Andalucía tiene competencias en esta materia tan solo se han levantado 24 nueves sedes, comentan desde su equipo. Así las cosas, los cálculos de la Consejería exponían que la inversión para reformas, construcción de nuevas infraestructuras y demás arreglos que se pretendían se elevaría nada menos que hasta los mil millones de euros. Una cantidad inasumible ya que la Administración de Justicia siempre ha sido la 'hermana fea' de los servicios públicos, con la educación y la sanidad con más demanda presupuestaria. En las cuestiones judiciales, además, son varias instituciones y operadores los que conforman el sistema (Ministerio de Justicia, Consejo General de Poder Judicial, etc.).
Al margen de la finaciación autofinanciada, utilizada por ejemplo para las obras en la perseguida futura Ciudad de la Justicia de Sevilla, una de las soluciones a la imposibilidad presupuestaria es, como se ha dicho, establecer convenios o protocolos con ayuntamientos “solventes” económicamente, de partidos judiciales no excesivamente grandes, para que se encarguen de construir nuevos edificios a fin de que, a futuro, alberguen los órganos y servicios judiciales, de lo cual ya se encargaría la Consejería. Una nueva “colaboración público-pública”, apuntan fuentes de la Consejería, mediante la cual el ayuntamiento utilizaría alguno de los terrenos de su propiedad, elegidos por sus dirigentes, para construir un edificio a partir del cual luego recuperaría la inversión mediante el cobro de un alquiler durante 25 ó 30 años que abonaría la Consejería, incluso con alguna opción de compra o similar. Serían a priori los casos de Torrox, Fuengirola, Roquetas de Mar o La Línea de la Concepción, de acuerdo a las fuentes, que concretan que la Consejería se encargaría de dotar la sede del mobiliario como viene haciendo dentro de su plan de infraestructuras judiciales.
Una novedosa fórmula que tendrá que venir respaldada por los servicios jurídicos de la Consejería en cada uno de los casos (aún no se ha firmado ningún protocolo a tal efecto) y que en el caso de Torrox estarían “avanzadas” las negociaciones para tal fin. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por poner otro ejemplo de esta nueva fórmula, ya tiene liberada una primera partida de más de un millón de euros para iniciar la construcción del nuevo edificio y ultima un acuerdo con la Junta en ese sentido. Nieto, de hecho, conoció en septiembre de primera mano el solar de 4.700 m² cedido por el Ayuntamiento para construir una nueva sede judicial. El alcalde de La Línea, Juan Franco, de La Línea 100x100, ha propuesto a la Consejería la posibilidad de que el municipio asuma también el coste de una nueva infraestructura en el sentido que prevé la Junta en su Plan Estratégico, apuntan las fuentes de la Consejería.
No solo de esos posibles acuerdos vivirá la Consejería, según sus intenciones, para mejorar las infraestructuras judiciales de Andalucía ya que también se optará por la habitual colaboración público-privada pero adaptándola a esa nueva fórmula. De acuerdo a las mismas fuentes, se van a tratar de revisar los contratos que actualmente tiene la Junta para el alquiler de determinados edificios al objeto de establecer alquileres “a más largo plazo”, también a 25 ó 30 años, mientras la propiedad podría ir trabajando en reformar y mejorar los inmuebles para una correcta prestación del servicio público de la Justicia. Serían los casos de Almuñécar o Barbate, que “alargarían” a la Junta el alquiler de sus actuales sede judiciales.
Según las fuentes, los ayuntamientos con los que están planteando estas opciones están acogiendo de buen grado estas posibilidades alternativas de financiación, dadas las limitaciones de espacio en sus actuales sedes y teniendo en cuenta que podrían utilizar suelos de su propiedad para generar uso, darles “salida” para la mejora de un servicio público y “dinamizar” espacios concretos en sus municipios, argumentan las fuentes de la Consejería.
Otra vía que se plantea en el Plan Estratégico es la de que las sedes sean financiadas a través de fondos europeos, si bien esa posibilidad aún se encuentra a la espera de la Consejería de Hacienda otorgue su consentimiento. También existe la posibilidad paralela a las citadas de que la Junta pueda vender inmuebles de su propiedad para que el dinero pueda ser reinvertido en la mejora de las sedes de otros municipios.
El objetivo final, a través de estas diferentes fórmulas económicas, es poder impulsar o priorizar una veintena de sedes judiciales durante la actual legislatura, para lo cual el consejero está ya empezando a mantener encuentros con los representantes de los sindicatos y de los grupos parlamentarios para concretar cuáles son esas infraestructuras que han de priorizarse, que ya estén algo encauzadas, con base en las posibilidades que se incluyen el Plan Estratégico.
La idea es “ganar agilidad” en la tramitación de las mejoras mediante las citadas 'colaboraciones' y, asimismo, poder asumir presupuestariamente las iniciativas. Entre esa veintena de sedes se incluirán a buen seguro las cinco 'ciudades de la justicia' de las cinco capitales de provincia que no tienen (Huelva, Sevilla, Cádiz, Jaén y Granada), otras cinco sedes de pequeños y medianos municipios, y otras diez sedes de 'ciudades medias', por ejemplo Lucena, apuntan las fuentes, que insisten en que aún están por determinarse esas sedes prioritarias.
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