El Gobierno de la Nación no recurrirá la Ley de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios de Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía hace casi un año, tras haber alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía para resolver discrepancias. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha expresado este martes que se la norma “experimentará modificaciones de tipo técnico, y que para nada afectan a su contenido ni rebajan su objetivo y su fin”, que es proteger a los hipotecados.
En esta línea, ha explicado que la Administración General del Estado (AGE) “había planteado problemas en una decena de artículos”, pero ha insistido en que son bastante formales, como por ejemplo ajustar la definición de consumidor a un concepto más amplio del que se había previsto en Andalucía. Por ello, ha insistido en que “los cambios no afectarán para nada a la norma”.
Tras celebrar el “diálogo” que ha hecho posible este acuerdo, ha deseado que la nueva norma en la materia que ha aprobado la Junta de Andalucía, en concreto, el proyecto de Ley de Derecho de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas, no encuentre reparos por parte del Gobierno de España. “De momento, no los hay”, ha apuntado el portavoz, quien ha destacado que con esta norma “se cierra un paquete legal” para luchar contra los desahucios “único en España”, lo que ha atribuido a “la izquierda útil” que entiende que gobierna la comunidad autónoma. “Nuestro objetivo es hacer leyes que se puedan aplicar y cuanto antes”, ha zanjado.