Es una operación legal, pero que plantea muchos interrogantes. La Junta de Andalucía va a comprar el complejo de Palmas Altas, sede central de Abengoa, para convertirla en la Ciudad de la Justicia de Sevilla, y lo pagará usando de manera indirecta fondos europeos que ha recibido para superar la crisis por la pandemia y que debe destinar a educación, sanidad y servicios sociales. En total son 78 millones de euros, que forman parte de una modificación presupuestaria mayor que ha sido posible gracias a esta inversión extra que llega desde la Unión Europea.
La operación, que ha sido dada a conocer por Público.es, se aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado 16 de marzo. Y para rizar el rizo, por esas fechas la Junta denegaba avalar con 20 millones de euros la operación para reflotar Abengoa, lo que precipitó el concurso de acreedores de una empresa tecnológica que cuenta con más de 14.000 trabajadores repartidos por todo el mundo. El Gobierno andaluz alegó que no había encontrado una fórmula jurídica que facilitase su aportación en el plan que se había diseñado para rescatar a la compañía.
¿Significa esto que Palmas Altas se paga directamente con estos fondos europeos? Pues no, pero sí se hace de manera indirecta. A Andalucía le corresponden 1.880 millones euros de los fondos REACT EU, que sólo se pueden destinar a cuestiones prioritarias. El Gobierno PP-Cs ha aprovechado para modificar partidas que, por valor de 128,6 millones de euros, ya estaban consignadas para sanidad y educación en el presupuesto andaluz de 2021, reponiéndolas a continuación con este dinero que aporta la UE. Así, estos 128,6 millones de euros se pueden destinar a otras cuestiones, entre ellas la compra de la sede de Abengoa.
Esta ingeniería presupuestaria es perfectamente legal, y a eso se agarra el Gobierno andaluz, que insiste en que Palmas Altas se adquiere con partidas de autofinanciada, es decir, de los ingresos que percibe la Junta por las aportaciones de los andaluces. Esto significa que los presupuestos de las consejerías de Salud y Educación permanecen tal cual, ya que la disminución que sufren se compensa con esta inversión europea extraordinaria.
El propio Ministerio de Hacienda señalaba a las comunidades autónomas que los fondos REACT UE “deben destinarse a financiar, fundamentalmente, operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia, así como para transformarlos estratégicamente de cara al futuro”. Andalucía, sobre el papel, cumple con ello: el dinero europeo se va a invertir, principalmente, en el pago de nóminas de personal docente y sanitario. Eso sí, estos gastos ya estaban previstos en el presupuesto, que se ha modificado convenientemente para cubrir luego estos huecos con lo que ha enviado Bruselas.
El expediente por el que se autoriza esta modificación presupuestaria subraya que, “conforme a las memorias aportadas por las consejerías competentes en materia de educación y salud respectivamente, resulta un volumen de crédito del que puede disponerse”. Esto es posible gracias a “la financiación con los fondos REACT EU de parte del coste de las nóminas del personal sanitario y educativo, así como determinados costes indirectos asociados a este último”.
¿Podría haberse dejado el presupuesto andaluz tal cual y reforzar estos servicios esenciales con los fondos europeos, incrementando así su dotación? Pues sí, pero el Gobierno andaluz ha establecido aquí sus prioridades, aunque ello signifique llevar al límite lo que se puede hacer. De hecho, el Ejecutivo central señala que el dinero de la UE tiene que destinarse “a reforzar con partidas adicionales las políticas públicas básicas en un contexto de crisis”.
La cuestión es que el Gobierno PP-Cs considera que el uso que se le va a dar a los 128,6 millones de euros es también para cuestiones prioritarias, porque la compra de Palmas Altas lo presenta como una inversión en materia de justicia. A ello hay que añadirle que se destinan casi 20 millones de euros a medidas de apoyo para empresas de transporte de pasajeros, uno más de los tantos sectores hundidos por la pandemia.
El propio expediente de la Consejería de Hacienda señala “las necesidades que pretenden satisfacerse” con esta modificación presupuestaria: “Disponer de una Ciudad de la Justicia de Sevilla representativa, moderna, única y eficiente”. Para que esto sea posible, es necesario un complejo como el de Palmas Altas, “con edificios de última generación, capaces de contribuir a una mejora sustancial en la prestación del servicio público, y en la imagen de la Administración de Justicia, con unas características constructivas adecuadas al servicio que se va a dar en ella, unas prestaciones técnicas de última generación en materia tecnológica y de conectividad, y que acredite unos parámetros avanzados en sostenibilidad y economía en su funcionamiento”.
Para ello, se adquiere el complejo de Palmas Altas para ser sede de órganos judiciales y demás servicios comunes y complementarios, además de dos parcelas, una de 9.900 metros cuadrados destinada a aparcamientos y otra de 22.200 metros cuadrados en la que se ubicarán los servicios judiciales y fiscales que, en una primera fase, no se localizarán en los inmuebles ya existentes, ya que su destino final será un edificio de nueva construcción.
La Ciudad de la Justicia llegará a superar los 215.000 metros cuadrados entre el espacio destinado a oficinas y aparcamientos tanto subterráneos como sobre rasante, una vez que esté finalizada al completo, tras una inversión en obras de 128 millones de euros entre la readaptación del actual complejo a sede judicial y de construcción de los nuevos edificios.
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