La Junta primará a la economía social en los contratos públicos
El Acuerdo por la Economía Social Andaluza es una realidad. El consejero de Economía, Antonio Ávila, y los agentes sociales han rubricado un pacto con 10 líneas de acción para “poner todos los activos que tengamos”“, ha dicho Ávila, ”al servicio de la salida de la crisis“. Se trata del sexto acuerdo sectorial que firma el Gobierno andaluz con los agentes económicos y sociales dentro del llamado Pacto por Andalucía.
El acuerdo, firmado la tarde de ayer lunes en Jaén, cuenta con diez lineas de actuación. Entre esos ejes de trabajo destaca el que incluye estudiar fórmulas que permitan a las administraciones públicas de Andalucía “contar en sus contrataciones con entidades y empresas especialmente comprometidas con la responsabilidad social corporativa, o que tengan unos objetivos marcadamente sociales, siempre respetando lo que establecen las normas sobre defensa de la competencia”.
En otras palabras, dice una fuente del sector, “se trata de conseguir primar a las empresas de economía social en los contratos públicos de la Junta de Andalucía”. Una tarea que no será fácil para los juristas del Gobierno, que deberán diseñar la normativa que lo permita sin vulnerar la duras reglas al respecto dicatadas por la Unión Europea.
La financiación como escollo
En la actualidad, la financiación es el principal escollo para estas empresas y la principal virtud de este pacto, según ha destacado Antonio Romero, presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A): “Los grifos están cerrados y el capital no quiere arriesgar”“.
Así, el acuerdo establece que se crearán líneas de incentivos y se propiciarán acuerdos con entidades financieras para crear productos especialmente dirigidos a este sector económico. Además, la mitad de los recursos disponibles (hasta 25 millones de euros) del nuevo Fondo Reembolsable de Economía Sostenible, se destinarán al cooperativismo. Se trata de préstamos reembolsables “porque muchas veces lo difícil no es el precio del dinero, sino que te den ese dinero”, ha explicado Avila.
Romero ha valorado que sea el primer acuerdo específico entre el Gobierno de la comunidad y una organización, CEPES-A, que representa a un colectivo que genera el 13% del Producto Interior Bruto en nuestra comunidad autónoma [el 5% según el consejero Ávila], da empleo a 80.000 personas y beneficios a unos 400.000 socios. Según el consejero de Economía el 20%, es decir, una de cada cinco empresas de economía social de España, es andaluza.
Resistencia a la crisis
Tanto el secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández, como el de CC OO, Francisco Carbonero, han destacado la resistencia de las empresas de economía social ante la crisis y la posibilidad de generar empleo dentro de este campo. Ese es precisamente otro de los objetivos, la creación de nuevos yacimientos laborales, especialmente para los jóvenes, las mujeres o los empleados de empresas mercantiles en situación crítica. Entre las prioridades está favorecer que ese empleo sea de calidad. Una circunstancia que Antonio Romero destacaba como algo propio del cooperativismo, porque “demostramos más solidaridad que el resto de la economía” en momentos críticos, manteniendo el empleo y la actividad. “En estos momentos lo que estamos repartiendo son las pérdidas, pero no se socializan”, ha indicado en alusión a las empresas de carácter mercantil, “sino que las trasladamos para cuando haya beneficio en las empresas”.
Otras líneas apuntan al desarrollo de empresas de economía social innovadoras, y también a plantes de I+D+i dentro de estas empresas; el impulso a un nuevo modelo de relaciones societarias; o dedicar especial atención al medio rural que tiene en la economía social buena parte del tejido de la industria agroalimentaria.
El pacto no descuida la educación al contemplar el cooperativismo como materia a estudiar en el sistema educativo andaluz. Por último, propone la creación de un Consejo Andaluz de Economía Social para posicionar al sector como un interlocutor visible, y cómo órgano de promoción y desarrollo de la economía social.
